La
mayoría del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (INAI) determinó ordenar la reserva de información
relacionada con siete militares involucrados en el Caso Tlatlaya por seis
meses.

Al
resolver dos nuevos recursos contra la negativa de entrega de información de la
averiguación previa de la Procuraduría de Justicia Militar, el pleno del INAI
se dividió en torno al sentido del voto. Al respecto, la comisionada Areli Cano
cuestionó la actitud de la dependencia por no ejercer las facultades a plenitud
del organismo para solicitar la información a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y verifique que la causal de reserva tiene sustento y se
resuelva conforme al caso.

Ante
la existencia de un amparo de los militares involucrados en el Caso Tlatlaya y
la negativa de Sedena de brindar información que verifique que los delitos que
se imputan no tienen que ver con delitos graves en materia de derechos humanos
sino que se trata de un problema de indisciplina militar, la mayoría de los
comisionados votó por reservar la información seis meses.

En
la sesión hubo dos posturas en torno a los alcances del INAI, ya que se le dictaminó
al organismo esperar a que se resuelva el fondo del amparo antes de resolver,
por lo que la comisionada Areli Cano presentó un proyecto en el cual se buscaba
apelar a la causal de “fuerza mayor” para suspender el plazo de resolución del
recurso del solicitante hasta que se resuelva el amparo y entonces poder
resolver.

Por
su parte, la comisionada presidenta Ximena Puente, propuso la reserva de la
información por un año, ya que los delitos no involucraban violaciones graves a
delitos humanos, propuesta que se redujo a seis meses o hasta que hayan
desaparecido las condicionantes jurisdiccionales.

Con
una votación de 4-3 se aprobó la propuesta de Puente, con lo que una vez más el
acceso a la información a la averiguación previa militar a los efectivos
involucrados en el caso Tlatlaya, volvió a cerrarse.

(Con Información de La Jornada)