El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda,
reconoció que algunos estados y municipios del país “presentan un alto nivel de
endeudamiento” que pone en riesgo sus finanzas, por lo que es necesario crear
una regulación que ponga orden a la forma de adquirirla y pagarla.

De acuerdo con el portal de internet de la Secretaría de
Hacienda, los 10 principales estados endeudados son: Distrito Federal, Nuevo
León, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Jalisco, Quintana Roo,
Sonora y Chiapas.

Al cierre del primer trimestre de 2015, la deuda total de
los estados alcanzó la cifra 510 030 millones de pesos, aumentando 340 millones
de pesos respecto a 2014.

La Secretaría de Hacienda también reporta que toda la deuda
de las entidades federativas y el Distrito Federal representa el 3.1 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB).

El Distrito Federal y Nuevo León son las dos entidades con
más ingresos per capita del país, lo que justifica este nivel de endeudamiento.
En el primer lugar están establecidos los Poderes de la Unión y el segundo
representa el estado más industrializado.

Sin embargo, llama la atención el nivel de endeudamiento en
estados como Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Coahuila y Jalisco, donde
los ritmos para adquirir deuda se han acrecentado a las últimas dos décadas.

En 1993, Veracruz tenía una deuda de poco más de 348
millones de pesos; una década después pasó a casi tres mil millones de pesos y
actualmente la cifra llega a 41 mil millones de pesos, casi la mitad de su
presupuesto anual.

Otra entidad que llama la atención por su acelerado ritmo de
endeudamiento es Coahuila. En 2010 tenía una deuda de ocho mil 267 millones de
pesos, pero al año siguiente, al final del gobierno del priista Humberto
Moreira, casi se triplicó, pues llegó a la cantidad 36 mil 509 millones de
pesos.

Actualmente, Coahuila, gobernado por Rubén Moreira, hermano
de Humberto, tiene una deuda de 37 214 millones de pesos, lo que representa
casi todo su presupuesto anual de 2015, el cual es de casi 42 000 millones de
pesos.

Chihuahua está en las mismas circunstancias que Veracruz y
Coahuila, pues en sus últimos dos gobiernos su deuda creció significativamente,
por lo que también es de las entidades a las que la Secretaría de Hacienda le
está poniendo lupa en sus recursos públicos.

Quieren crear Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Estos niveles de endeudamiento, prendió las alertas en Los
Pinos y generó la presentación por parte del presidente Enrique Peña Nieto de
una iniciativa para crear la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados.

“Cabe destacar que, a pesar de no representar un riesgo
sistemático y de haberse contenido el ritmo de crecimiento de la deuda en los
últimos años, se ha observado que algunas entidades federativas y municipios
presentan un alto nivel de endeudamiento”, dice la iniciativa.

La iniciativa presidencial se sustenta en cinco ejes
fundamentales: mecanismos de control que
garanticen el balance fiscal en las entidades; que los ingresos-egresos tengan
un equilibrio y limitar el crecimiento del gasto público en servicios
personales.

También contempla reglas para la contratación de deuda, pues
si bien no prohíbe que los estados y municipios puedan contratar endeudamiento,
sí incorpora principios y lineamientos para que se realice en condiciones
estables, la cual sólo podrá ser utilizada para inversión pública o para
mejorar las condiciones de su endeudamiento.

De aprobarse en el Congreso de la Unión, los gobiernos sólo
podrán adquirirla en las instituciones financiera que ofrezcan las mejores
condiciones de mercado, al tiempo que deberán contar con el aval de la mayoría
calificada del congreso local.

16 657 millones de
pesos son los que no están aclarados

Las nueve administraciones estatales salientes son
investigadas por la Auditoría Superior de la Federación por un manejo
inadecuado de recursos federales equivalentes a 16 657 millones de pesos.

Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur,
Guerrero, San Luis Potosí, Campeche y
Michoacán por realizar transacciones a cuentas no autorizadas, compras
sobreevaluadas y subtutilizadas, uso de recursos para objetivos diferentes a
los estipulados, pago a personal docente y de salud no validado.

Parte de estos fondos estaban destinados a los estados para
mejora de infraestructura de la educación básica, salud, social, así como para
aportaciones en educación tecnológica y de adultos, y de seguridad pública.

De acuerdo a los informes de la ASF, hasta junio de este
año, Michoacán es el estado que más irregularidades acumula, sobre todo durante
los años de 2012 y 2013, lapso en el que gobernaba Fausto Vallejo antes de
claudicar por cuestiones de salud.

Según la información difundida este lunes por Milenio
Diario, de los 7764 millones de pesos investigados destacan la adquisición de
un auto valuado en 228 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de
Coordinación Fiscal y que actualmente está siniestrado.

Aunado a ello, se registra compra de medicamentos fuera del
catálogo universal, gasto que asciende a cuatro millones 472 357 pesos.

La ASF detectó transferencias de recursos por 223 millones
de pesos a la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) por concepto de convenios laborales como “bono de apoyo a la economía”,
“estímulo a la superación educativa” y “Día del empleado”. Además, una
transferencia al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
por 2139 millones de pesos a cuentas no vinculadas con dicho fondo.

Al respecto, Miguel López Miranda, secretario de Finanzas y
Administración del estado, reconoció el adeudo investigado por la ASF y aseguró
que están colaborando con la dependencia para solventarlo. Sin embargo,
adelantó que de no llegar a un finiquito la deuda será responsabilidad del
gobierno entrante.

López Miranda justificó las irregularidades diciendo que “en
principio, las obligaciones financieras que pudo tener es ese momento (el
estado) es probable que hayan orillado a determinados servidores públicos a
fondear con recursos etiquetados otras obligaciones que no tenían recursos”.

(Con información de La Silla Rota, Etcétera y Milenio)