El titular del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJH), Juan Manuel Menes Llaguno, y el de la Secretaría de Gobierno, Salvador Elguero Molina, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención de las Personas con Discapacidad del Congreso de Hidalgo para informar las razones de la negativa de los poderes Judicial y Ejecutivo estatal a aceptar la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por un desalojo.
Explicaron a los legisladores los motivos legales que los poderes tuvieron para no acatar la recomendación por la diligencia judicial que se llevó a cabo el 28 de enero de 2012, en un terreno propiedad de Francisco Monroy Morales, el cual fue vendido ilegalmente por Edith La Güera Ibarra Jiménez a particulares.
Según la Secretaría de Gobierno, no aceptó la recomendación porque en su actuación “no se transgredieron los derechos humanos de ninguno de los particulares que dicen haber comprado sus predios” a Ibarra Jiménez.
Para el Ejecutivo, su actuación en el desalojo fue “estrictamente” en auxilio del poder Judicial, con base al mandato de un juez penal.
