Once muertos, muchos lesionados, varios estudiantes normalistas desaparecidos, un líder político asesinado…

Peor caldo de cultivo para la violencia no podría haber. Las policías están infiltradas por el crimen organizado; ideologías radicales han propiciado el surgimiento de guerrillas; carteles del narcotráfico se disputan su territorio; la disidencia magisterial impone su ley ante la complacencia-omisión de las autoridades locales, y para completar el cuadro de descomposición hay que sumar una pobreza ancestral. Eso es Guerrero.

Lo ocurrido entre el viernes 26 de septiembre y el lunes 29 retrata el estado de putrefacción que reina en la entidad: 11 muertos, 25 lesionados, 57 estudiantes normalistas desaparecidos, 22 policías municipales consignados por los hechos y un líder político asesinado.

A cuentagotas ha caído la información sobre este nuevo episodio de violencia. Más por la presión de las organizaciones civiles, de los medios y del propio Gobierno Federal que por convicción propia, el procurador del estado, Iñaky Blanco Cabrera, ha tratado de explicar lo ocurrido, sin convencer.

Con base en el testimonio de las propias víctimas, esta es la reconstrucción de ese rompecabezas trágico. La mañana de aquel viernes, alrededor de 150 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa llegaron a Iguala para realizar una actividad de boteo con el fin de reunir el dinero que les permitiera financiar su traslado a la ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre.

Mientras esto ocurría, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca, rendía su segundo informe de labores como presidenta del DIF. Al terminar el evento, aproximadamente a las 21:00 horas y casi de manera simultánea, los normalistas se trasladaban en tres autobuses sobre la avenida Juan N. Álvarez, rumbo a la carretera federal que comunica con Chilpancingo.

Varias patrullas de la Policía Preventiva Municipal interceptaron la caravana y le marcaron el alto, pero no se detuvieron. Los municipales abrieron fuego contra las unidades y ahí murió un estudiante.

El segundo ataque fue alrededor de la medianoche mientras los alumnos daban su versión de los hechos a varios reporteros. Personas civiles les dispararon y provocaron la muerte de dos normalistas y de una mujer que circulaba por la zona en un taxi.

Minutos después, los preventivos, respaldados nuevamente por civiles armados, interceptaron un autobús de la empresa Castro Tours sobre la carretera federal que comunica con Chilpancingo.

En él viajaban jóvenes, por lo que creyeron que también eran normalistas. En realidad se trataba del equipo de futbol de tercera división Los Avispones de Chilpancingo. En el ataque murió el jugador David García Evangelista, de solo 15 años, así como el chofer de la unidad.

Uno de los estudiantes asesinados, Julio César Mondragón Fuentes, apodado el Chilango por ser originario del DF, fue encontrado desollado y con los ojos extraídos, lo que nos habla de la crueldad con la que actuaron los agresores. En los hechos resultaron heridas 25 personas. Luego de tomar la declaración a 280 policías municipales, 22 fueron detenidos y consignados.

La saga de violencia continuó el domingo. Aproximadamente a las 09:00 horas, el secretario General del PAN en el estado, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, fue victimado a tiros en el restaurante La Perla del hotel El Mirador, en la zona turística de La Quebrada.

Al día siguiente, en la colonia Jardín Mangos, en la zona poniente del puerto, un comando mató a balazos a otros cinco sujetos.

¿A qué atribuir estos hechos? A la complicidad.

Las relaciones peligrosas

José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, rechazó haber dado la orden para que policías arremetieran contra los normalistas. Él estaba convenientemente ocupado en cosas más importantes: bailaba al ritmo del grupo La Luz Roja de San Marcos, luego de que su esposa rindiera el informe como titular del DIF.

El martes 30 de septiembre, a solicitud de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, Abarca Velázquez solicitó al cabildo licencia al cargo por 30 días. Luego de que se le concediera, desapareció. Elementos del Ejército, policías estatales y federales catearon su oficina y domicilio, pero de él ya nada se supo.

El operativo tenía como fin reunir elementos que permitieran comprobar los posibles vínculos del exalcalde con el grupo Guerreros Unidos. Las sospechas vienen luego de que rápidamente pasó de un modesto vendedor de sombreros en el mercado popular de Iguala, a joyero y a propietario de comercios en la plaza Galerías Tamarindos.

Un elemento más: la esposa del exedil, María de los Ángeles, es hermana de Alberto Pineda Villa, alias el Borrado, quien fue operador del extinto Arturo Beltrán Leyva. De acuerdo con una averiguación previa iniciada en 2008, el Borrado pagaba 450 000 dólares al mes a altos funcionarios de la SIEDO (ahora SEIDO), a cambio de información sobre las investigaciones contra ese grupo criminal.

Sin embargo, cuando dejó de serles útil, Arturo Beltrán ordenó la ejecución de Alberto y de su hermano Mario. Pero eso no es todo: el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, reveló que Salomón Pineda Villa, el Molón, el hermano menor de la familia, estuvo preso en el penal federal de Tamaulipas y salió libre apenas el año pasado.

Ya en libertad se asumió como el líder de una célula del grupo Guerreros Unidos, organización que surgió en 2011 a raíz de la fragmentación del cartel de los Beltrán Leyva, tras el abatimiento de Arturo, el Jefe de Jefes, por elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009.

A estos lazos entre alcaldes, policías municipales y grupos del crimen organizado se refería el presidente Enrique Peña Nieto cuando hablaba del “debilitamiento institucional” de la entidad.

Debilitamiento que implícitamente atribuyó al gobernador Ángel Aguirre Rivero cuando señaló que el Gobierno Federal está dispuesto a sumar esfuerzos, pero “no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”.

Es claro que la autoridad local está superada. Ojalá que esta ola de violencia permita sumar esfuerzos en los tres niveles de gobierno para que Guerrero deje la descomposición y rompa el círculo vicioso de violencia y marginación.

Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de la televisión mexicana Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell