La situación que atravesarán Pemex y LA CFE por la modificación de las reglas en materia energética debería suponer cuestionamientos de cara a un golpe de timón en su naturaleza y fin como empresas.

 

Sin ética, transparencia y responsabilidad social, una empresa moderna no puede alcanzar sus fines, es decir, no puede servir de forma eficaz a sus accionistas, empleados, clientes y proveedores y no puede, por tanto, subsistir, ser competitiva y valiosa en el largo plazo.

 

No es una exageración, podríamos decir que el panorama actual de la economía en el mundo no podría ser más propicio para una reflexión sobre la ética en la empresa de cara a las llamadas reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.

 

Lo que ha sucedido respecto del abuso y la codicia en diversos ámbitos de la vida económica y que ha perjudicado la confianza, también trae consigo el peligro de una lectura equivocada, que bien pudiera conducir al mundo al proteccionismo y al inadecuado control estatal de la actividad empresarial.

 

No nos equivoquemos. El camino de salida está en el crecimiento de la sociedad, en su acta de ciudadanía, en el reconocimiento de la responsabilidad y en la rendición de cuentas transparente y eficaz que solo puede hacerse desde y de cara a la sociedad.

 

El camino de salida está en la ética, que se expresa en el ámbito público a través del valor de la transparencia y que se encarna en la empresa en la práctica de una genuina responsabilidad social.

 

Cabe subrayar que estos principios no son aplicables y exigibles solo a la empresa, entendida como la corporación con fines de lucro. Son tanto y más exigibles para cualquier otro actor, ya sean organizaciones de la sociedad civil o autoridades gubernamentales.

 

La situación por la cual atravesarán las empresas públicas como Pemex o CFE por la modificación de las reglas en materia energética, debería suponer cuestionamientos de cara a un golpe de timón en su naturaleza y fin como empresas. Una organización, pública o privada, que no cumple con su naturaleza y fin, traiciona a todos sus miembros, comenzando con sus accionistas y terminando con sus clientes y entorno social. Una empresa es una comunidad de personas que genera riqueza y busca perpetuarse, es decir, crea beneficios de manera sostenida.

 

Cada uno de estos conceptos podría merecer también reflexiones mayores, baste apuntar que la creación de riqueza no tendría por qué circunscribirse al concepto de organización con carácter lucrativo.

 

Se puede decir que las “empresas sociales” también la generan, solo que no distribuyen los excedentes entre sus accionistas, sino que los reinvierten para el crecimiento de su objeto social. Así, una fundación, en tanto que es una empresa social, debe crear beneficios, no lucro, pero sí riqueza.

 

Cualquier empresa que no la genere dejará de existir tarde o temprano o no podría llamarse como tal. Será algún otro tipo de organización: pero no una empresa. De aquí podemos derivar el concepto de ética relacionada con las compañías.

 

Por ello, todo lo que no cumple con la misión de la empresa no es ético. Si se atenta contra su carácter de comunidad de personas o si destruye su capacidad de generar riqueza o si atenta contra su posibilidad de perpetuarse, se está atentando contra el fin mismo de la organización y se está actuando en contra de la ética de esta.

 

Cumplir con la ley es una característica primera y fundamental. Pero la ética implica además cumplirla, no por evadir la sanción, sino porque es correcta. Significa buscar la justicia, incluso cuando no hay restricciones legales: autorrestringirse, pues garantiza a la empresa cumplir con sus fines de manera continuada y sustentable.

 

Si trasladamos estos principios a la realidad social de la empresa podremos ver cómo la ética se traduce en una práctica de transparencia.

 

La transparencia no significa revelar secretos industriales, sino la disposición efectiva a mostrar los principios de la acción y las decisiones de la organización para su adecuado control social o del accionariado. Implica forjar confianza entre todos los stakeholders, fomentar colaboración activa y proactiva con la autoridad y educar a quienes colaboran en ella sobre la práctica de la ética, así como colaborar con otras para que la ética y las buenas prácticas se adopten por todos y se cumplan.

 

Hoy la gran oportunidad que tienen las empresas públicas es justo la de presentarse en el entorno como esas organizaciones ejemplo que podrían arrastrar oleadas de transparencia y ética a nuestra sociedad. No cumplir con esa posibilidad podría representar un gran costo social.

 

¿Por qué las empresas, en este nuevo entorno institucional, deberían ser socialmente responsables?

 

De hecho no solo compete a esas empresas. La responsabilidad social de la empresa es una obligación en la medida en la que esta puede e, incluso, debe responder a sus accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad en la que se desarrolla. La empresa es responsable del medioambiente que se ve afectado por su propia actividad productiva. Por esto, la organización tiene el deber ético de generar riqueza sin destruir valor.

 

Más aún, la empresa debe crear valor económico y social al mismo tiempo, lo que permite asegurar la sustentabilidad de la generación de la riqueza. Recordemos que la empresa es una comunidad de personas que forja riqueza de manera sostenida.

 

Es problemático, si vemos la realidad así, suponer que una empresa puede depredar los recursos naturales que tenga a su alcance, y solo “pagar” por la depredación de esos recursos, no es sustentable. Por supuesto, sería peor que, depredando recursos, ni siquiera se pague por el daño medioambiental causado.

 

 

¿La empresa privada o pública debe generar valor social?

 

La empresa genera valor social si hace las cosas bien. Para comenzar, lo crea porque construye comunidad hacia dentro, entre los que la componen. Educa, capacita y mantiene una cohesión social y una identidad propias.

 

Por supuesto, la empresa que genera valor económico a costa del valor social terminará destruyéndose a sí misma.

 

La empresa también genera valor social a través del cumplimiento de su propia función económica, al entregar productos y servicios de calidad al mejor precio posible, al impulsar y colaborar con sus proveedores o clientes, que son necesarios para llevar a cabo su actividad. Allí también, la organización que crea valor económico a costa del valor social que le reclaman sus clientes y proveedores, tiene sus días contados.

 

Y, por último, la empresa elabora valor social en el propio entorno, sociedad y Estado en el que existe, produce y comercia.

 

Paga impuestos, claro, pero también fomenta ciudadanía: influye en los valores sociales, crea y difunde innovaciones que permiten resolver problemas viejos de maneras nuevas y colabora con la autoridad de múltiples formas, contribuyendo a darle vitalidad a la sociedad.

 

Con las nuevas reformas y el nuevo entorno institucional se generan grandes oportunidades para volver a emprender el camino para establecer nuevos liderazgos económicos que motiven mejores comportamientos sociales.

 

 

La empresa genera instituciones

 

Las instituciones no son otra cosa que las reglas del juego de la convivencia social, la cual reclama siempre un conjunto de referencias claras que funcionen como bases para la relación entre las personas y entre las organizaciones.

 

Las reglas del juego se encuentran en varios niveles. Desde las leyes de aplicación general, pasando por la regulación de alguna actividad económica concreta, hasta las prácticas y normas de conducta que se desarrollan en un sector específico.

 

La empresa es, entonces, generadora de instituciones, tanto porque las cumple y hace vigentes, como porque participa como actor social relevante en la creación de nuevas y en la transformación de las existentes.

 

La observancia de las reglas formales del juego se apuntala a través de la acción de organizaciones de distintos tipos que tutelan la vigencia de las instituciones.

 

Estas son mecanismos y estructuras sociales que se caracterizan porque trascienden a sus integrantes y sus intenciones. Si las que tutelan el cumplimiento de las reglas del juego que nos hemos dado no lo cumplen, será difícil establecer la fortaleza de las instituciones.

 

A esta labor está llamada también la empresa, tanto en lo particular como en lo gremial, puesto que las instituciones y su vigencia constituyen la carta de ciudadanía de las organizaciones, y establecen la posibilidad de competir en el mercado, generando, al mismo tiempo, valores económicos y sociales.

 

Con instituciones fuertes la sociedad está preparada para una convivencia sana entre individuos, organizaciones, pueblos y medioambiente.

 

 

Valores que apuntalan la generación de valor social en el nuevo entorno institucional

 

Podemos hablar de cuatro valores que apuntalan la generación de valor social y, por ende, la sustentabilidad de la empresa: el autocontrol, la institucionalidad, la transparencia y la corresponsabilidad.

 

Autocontrol. Vale la pena subrayar que la vigencia de las instituciones es imposible si los actores sociales no se comprometen en la colaboración básica de la aceptación de las leyes, las normas y las prácticas aceptables dentro de su ámbito particular.

 

La primera responsabilidad que tenemos, como individuos y como empresas, radica entonces en el autocontrol como norma de actuación, que nos permite refrendar en los actos, día a día, nuestra conformidad con las leyes y las reglas de convivencia sin las que no podríamos vivir en sociedad ni producir riqueza de manera sustentable.

 

Institucionalidad. El autocontrol vinculado a la ética implica que el principio de la actividad está en uno mismo. No es la sanción la que nos mueve, sino la convicción.

 

Así se genera institucionalidad, tanto cuando se cumplen las normas establecidas como cuando se trabaja para modernizar o cambiar las reglas existentes.

 

Transparencia. Esta convicción, este actuar ético, encuentra su propia dimensión social en la transparencia.

 

La transparencia es el instrumento más efectivo para generar confianza en todos los interesados o stakeholders de la empresa.

 

Por esto, que los interesados conozcan los principios de decisión-acción de la empresa y que esta sea consistente en la aplicación de los mismos, son dos condiciones esenciales para la inversión, el crecimiento y generación de valor económico y social de cualquier organización.

 

Corresponsabilidad. La responsabilidad social no debe ser confundida con paternalismo. No son conceptos que estén relacionados. Una empresa responsable es aquella que logra identificar de manera efectiva qué es lo que puede y debe hacer, tomando como punto de partida su campo de acción.

 

Cuando hay más actores involucrados, entonces la empresa es corresponsable y debe respetar la responsabilidad y la libertad de los demás actores.

 

Estos valores, autocontrol, institucionalidad y transparencia, conducen a la colaboración activa y proactiva con la autoridad, a la educación continua de quienes colaboran sobre ética, transparencia y buenas prácticas, así como a la colaboración con otras empresas para que las reglas del juego se adopten por todos y se cumplan de manera efectiva.

 

A este principio llamamos corresponsabilidad. Es la manifestación de la responsabilidad social de la empresa por la que compartimos con otros actores sociales y, en especial, con las autoridades y con los miembros de nuestro gremio, el deber de cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar, y hasta trascender y evolucionar, las normas y reglas del juego que nos permiten generar valor social para todos.

 

La idea de responsabilidad está muchas veces asociada con la idea de costo, en el sentido de que ser responsable implica una cierta renuncia.

 

Pero si profundizamos en el concepto, veremos cómo la responsabilidad, la ética y la transparencia son la mejor inversión que podemos hacer en todos los ámbitos porque generan valor social y son la materia prima para poder generar riqueza de manera sustentable y sostenida.

Nuevas reglas, nuevas opciones 

 

Las llamadas reformas estructurales hoy presentan, como un nuevo conjunto institucional, una gran oportunidad para que no solo las empresas públicas se refundan y propongan un nuevo liderazgo, sino para todas las empresas para que, en conjunto, asuman y propongan esa ejemplaridad en términos de transparencia y rendición de cuentas que la sociedad demanda. 

 

Agustín Llamas Mendoza es analista político y social, profesor del área de Entorno Político y Social del IPADE y asesor en estrategia y gobernabilidad.