ES CIERTO que la reforma político-electoral que se debate en estos momentos entre los diferentes actores que integran el Pacto por México en relación a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) de una u otra forma busca ventajas entre ellos.

El PAN —a quien se le adjudica la autoría intelectual de esta nueva figura para organizar comicios en todo el país— intenta lograr beneficios políticos en virtud de que prácticamente ha condicionado su participación en esta segunda etapa del Pacto por México —por así decirlo -en dos vertientes:

Primera, someter al resto de los participantes en el Pacto —PRI, PRD y gobierno— a una serie de tiempos y movimientos políticos.

Segunda, con ello autodeclararse vencedor con su principal propuesta de reforma político-electoral que es la creación del INE.

Y es que los actores panistas, para concretar su objetivo político-electoral, buscarán la alianza con el PRI y el gobierno, dejando a consideración de ambos una oferta a la que no se podrían resistir, la cual se podría resumir en lo siguiente:

1. Si el PRI y el gobierno, al interior del Pacto por México, aprueban llevar al congreso la reforma político-electoral con la inclusión del Instituto Nacional Electoral entonces el PAN a cambio aprobaría la reforma energética, tema que interesa en extremo al gobierno y a su partido, y

2. Así PAN, PRI y gobierno federal conformarían el primer gran bloque aliado al interior del Pacto por México, lo que les permitiría mantener esa relación también en las cámaras que integran el Congreso de la Unión .

Obviamente —el gobierno principalmente— debe reflexionar en función de sí le es rentable pagar el costo que derive de tan suculenta oferta panista en virtud de que hay materia para no aceptar la creación del Instituto Nacional Electoral.

De aprobarse atentaría contra el federalismo, entendido este como la unión del país y no como la separación de sus entidades federativas, para dar paso al centralismo que precisamente se procuró evitar al conformarse México como una República con estados libres y soberanos.

También la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 115, 116, 122 y 41 fundamentan la posible no viabilidad de la creación de un Instituto Nacional de Electores.

El artículo 115 constitucional establece la forma de gobierno de las entidades federativas el cual es republicano, representativo y popular y teniendo como célula indispensable el municipio libre.

Los preceptos 116 y 122 son contundentes en cuanto a interpretar las atribuciones electorales para los estados de la república, mientras el artículo 41 de la Constitución establece que la organización político-electoral del país es una función estatal prioritaria.

Con base en estos fundamentos bien podría afirmarse que el gobierno y el PRI están obligados a sopesar la oferta panista pues sí bien requieren de los votos blanquiazules en las cámaras de diputados y senadores para lograr la reforma energética y la fiscal, no necesariamente deben pagar un costo tan alto, pues a final de cuentas la creación del INE y la desaparición del IFE y a la vez el desmantelamiento de los Institutos Electorales Locales, pareciera que es interés partidista y no de toda la sociedad.

Lo ideal sería —como ya se ha propuesto en varios foros— idear tácticas y estrategias para fortalecer a los órganos electorales locales y no desaparecerlos, pues si bien se les acusa de gastar mucho y ser sometidos por los gobernadores, habría que implementar sanciones más severas en contra de esas malsanas prácticas que se envuelven en la lucha por el poder local, y así apuntalar su real autonomía, incluso incluyendo al IFE en este esquema, para no forzar la creación de un Instituto Nacional Electoral que al parecer no es viable en el, aún incipiente, sistema democrático mexicano.