El Gobierno de Nuevo León impondrá una multa de 80 millones de pesos a la empresa siderúrgica Ternium por su responsabilidad en la contaminación del arroyo La Talaverna, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza. Así lo anunció el secretario estatal de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, durante la octava sesión de la Comisión Ambiental Metropolitana.
La sanción responde al derrame de 250 mil litros de cloruro ferroso, 232 mil litros de agua ácida y 23 mil litros de ácido clorhídrico al 18%, detectados desde el 16 de abril en el cauce del arroyo. De acuerdo con Martínez, la contaminación ha provocado afectaciones severas en la flora, fauna silvestre, el suelo y el agua en al menos cuatro municipios: San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Pesquería.
Aunque no se detalló la fecha límite para el pago ni si la empresa ya fue notificada formalmente, el funcionario aseguró que desde el descubrimiento del incidente se han intensificado las labores de inspección y vigilancia.
El problema se hizo público el 18 de abril, gracias a denuncias ciudadanas en redes sociales, lo que llevó a que Ternium iniciara labores de limpieza del cuerpo de agua afectado. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también sancionó a la empresa con 5 millones de pesos, aunque en ese momento no reveló su nombre.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal solicitó a Ternium un informe técnico del incidente el 25 de abril, otorgándole cinco días hábiles para su entrega.
El 1 de mayo, Glen Villarreal, director de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, reportó la muerte de una tortuga concha blanca debido a la exposición a sustancias químicas. Posteriormente se documentaron otros casos de mortandad de animales, como gallinas y cabras.
Finalmente, el 6 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el área de tanques de Ternium donde ocurrió la fuga química que contaminó al menos 11 kilómetros del arroyo.
El Gobierno estatal reiteró su compromiso con la protección ambiental y advirtió que seguirá supervisando de cerca el cumplimiento de las acciones correctivas por parte de la empresa. Además, subrayó que la sanción impuesta por Nuevo León es independiente de las posibles multas adicionales que puedan dictar las autoridades federales o municipales.
Este caso se suma a una creciente preocupación por la gestión ambiental de grandes industrias en el estado, en un contexto donde la presión ciudadana y la vigilancia institucional se vuelven cada vez más relevantes para la protección de los recursos naturales. N
