El secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, afirmó que el municipio de San José Iturbide tenía la facultad legal para clausurar el anexo “Volver a Vivir” antes del incendio que dejó un saldo de 12 personas fallecidas y varios más heridos.
Explicó que el centro de rehabilitación, ubicado en la colonia Loma de Buenavista, no estaba registrado ni contaba con las condiciones mínimas de seguridad, situación que ya había sido detectada por autoridades municipales.
“Era un anexo que no teníamos registrado para empezar. El alcalde lo manifestó: habían entrado a través de Protección Civil y no cumplía con normas mínimas. En ese momento se debió clausurar”, subrayó Cortés Alcalá.
El secretario aclaró que la regulación de anexos es una responsabilidad compartida entre el estado y los municipios.
Mientras que la Secretaría de Salud interviene solo una vez que se han cumplido requisitos como el uso de suelo y la validación de Protección Civil, es el municipio el responsable de supervisar y frenar operaciones irregulares.
“Nosotros tenemos una responsabilidad compartida con los municipios. Ellos otorgan o retiran los permisos de uso de suelo. Ahí empieza todo. La invitación es a que se sumen a esta lucha por la regularización de estos centros”, expresó.
En Guanajuato, la Secretaría de Salud tiene conocimiento de 320 centros de rehabilitación en operación, de los cuales solo 255 cuentan con aviso de funcionamiento, lo que implica que decenas operan sin regulación sanitaria ni supervisión mínima.
El funcionario estatal detalló que el acompañamiento de la Secretaría garantiza que los espacios tengan condiciones básicas como agua potable, alimentación saludable, espacios no hacinados y ausencia de intoxicaciones agudas.
Ante este panorama, reiteró el llamado a los municipios a reforzar la supervisión y clausura de anexos irregulares, y enfatizó que no deben esperar a una tragedia para actuar.
