Sergio Sánchez López, presidente de la CANACO Durango, calificó como un avance relevante la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al considerar que puede frenar pérdidas económicas, cierres de negocios familiares y el desplazamiento del comercio formal.
Señaló que el reto ahora es que la llamada Ley Antiextorsión se traduzca en protección efectiva para quienes sostienen diariamente el empleo y el consumo local. Hizo énfasis en que perseguir de oficio este delito significa defender la economía y la vida productiva del país. También llamó al Congreso del Estado de Durango a realizar la homologación correspondiente.
Durante años,dijo, el cobro de piso y otras formas de extorsión han impactado a empresas y micronegocios, imponiendo sobrecostos y reglas criminales. Incluso recordó que este delito creció ante la ausencia de una respuesta institucional y la expansión del crimen organizado, afectando a comunidades completas.
La reforma aprobada establece un tipo penal unificado y la persecución de oficio del delito, lo que envía, afirmó,un mensaje de responsabilidad por parte del Estado mexicano. Esta medida forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y surge del trabajo conjunto entre CONCANACO, el Gobierno de México y el Poder Legislativo, apoyado en insumos técnicos y años de acompañamiento a víctimas.
La extorsión, advirtió, afecta directamente la operación comercial: encarece productos, genera incertidumbre y limita el crecimiento. Según la ENVE 2024, en 2023 se registraron en México 739 mil casos de extorsión en unidades económicas, que impactaron al 88% de los micronegocios y generaron pérdidas estimadas en 31 mil millones de pesos anuales. La mayoría ocurrió vía telefónica, por lo que el sector enfatizó la importancia de fortalecer el 089, bloquear líneas vinculadas al delito, activar a la Unidad de Inteligencia Financiera y realizar operativos en centros penitenciarios.
El empresario señaló que, detrás de estas cifras, existen miles de negocios afectados y familias que operan bajo amenaza, por lo que la reforma representa un acto de justicia largamente solicitado.
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