La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) expresaron su rechazo a las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Laurena, conocido como el Padre Pistolas, dirigidas contra la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, al considerar que constituyen una forma de violencia verbal hacia las mujeres.
En un comunicado, la CEM manifestó su “profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres”.
El organismo eclesiástico, encabezado por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, y el obispo auxiliar de México, Héctor M. Pérez Villarreal, subrayó que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias” en el ámbito pastoral.
El Episcopado también recordó que los ministros de la Iglesia están llamados a actuar con empatía y respeto.
“Quienes servimos en la Iglesia estamos llamados a reflejar con nuestras palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”, señaló.
Asimismo, los obispos reafirmaron su compromiso con la promoción de la dignidad humana.
“Los obispos en México reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por una Iglesia que escuche, acoja y defienda la dignidad de cada persona, construyendo junto con toda la sociedad espacios de diálogo, reconciliación y paz”, concluye el comunicado.
Por su parte, la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Karla Gabriela Alcaraz Olvera, lamentó las declaraciones del sacerdote y manifestó su respaldo a la mandataria estatal.
“Realice este tipo de comentarios, es algo que lamentamos y que condenamos, por supuesto no estamos de acuerdo”, declaró en entrevista con medios de comunicación.
La procuradora consideró que ese tipo de expresiones “violentan a las mujeres”, y reiteró la importancia de erradicar la violencia verbal y simbólica en todos los espacios.
“Es muy lamentable lo que hizo, estas declaraciones que realizó esta persona. Desde luego las condenamos y por supuesto nos solidarizamos en todo momento con la gobernadora y con todas las personas que han sufrido violencia de cualquier tipo”, añadió.
Respecto a una posible actuación institucional, Alcaraz Olvera aclaró que la Prodheg no tiene competencia legal para abrir una investigación, dado que el sacerdote no es funcionario público.
“No puede haber una investigación al no ser él un servidor público… él es un particular. No está dentro del ámbito de nuestra competencia”, explicó.
Finalmente, indicó que cualquier acción legal correspondería a la propia gobernadora.
“Sería la gobernadora quien tendría que tomar acciones de manera particular; creo que ella ya hizo una manifestación en ese sentido”, puntualizó.
