La diputada Sandra Amaya Rosales presentó una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y al Código Penal, con el fin de adecuar la legislación estatal a lo establecido en la Ley General en materia de extorsión.
Señaló que la actualización normativa es necesaria para atender un delito que impacta a comercios, familias y comunidades. Además, destacó que la reciente aprobación de la legislación federal establece bases uniformes en el país para investigar y sancionar el cobro de piso, amenazas e intimidación.
Como parte de la propuesta, la Fiscalía General del Estado integraría una Unidad Especializada para la investigación de delitos relacionados con secuestro y extorsión. Este organismo contaría con autonomía técnica y atribuciones para atender, investigar, litigar y perseguir los casos contemplados en la normativa federal.
Respecto al Código Penal, la iniciativa plantea sanciones de 15 a 25 años de prisión, además de multas de 300 a 500 UMA,para quien obligue a otra persona a realizar, omitir o tolerar actos sin derecho, generando un perjuicio o buscando obtener un beneficio. El delito se perseguiría de oficio y se contemplan agravantes que podrían elevar la pena hasta 42 años de prisión.
La diputada destacó que el combate a la extorsión requiere coordinación institucional y un marco legal claro que limite la impunidad. Consideró que Durango debe mantenerse alineado al esfuerzo nacional en la materia.
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