La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitió una alerta temprana ante el riesgo en que se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, así como la ciudadanía en general, en el marco de la jornada del próximo 1 de julio.
El organismo dirigió la solicitud en primer lugar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho al sufragio en condiciones de seguridad para todas las personas que habitan en el estado de Oaxaca.
Y requirió al gobernador de la entidad, Alejandro Murat, que implemente mecanismos eficaces para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la integridad física y emocional de la ciudadanía.
En tanto que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brinde las condiciones adecuadas de paz pública para la integridad física los contendientes a puestos de elección popular, así como a periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, además de la ciudadanía en general.
La Defensoría pidió que se coordinen las acciones necesarias tendientes a que los elementos de los cuerpos de seguridad con que cuenta la SSP sujeten su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En cuanto a los recientes homicidios de candidatos y atentados contra aspirantes, la DDHPO demandó a la Fiscalía General que inicie las carpetas de investigación por los delitos que resulten de estos actos de violencia, y por medio de los representantes sociales y la Agencia Estatal de Investigaciones se practiquen las diligencias necesarias para integrar los legajos de investigación a la mayor brevedad posible y, en su caso, se judicialicen.
El organismo manifestó su preocupación por la ola de violencia e inseguridad en el estado, y específicamente, los homicidios, amenazas y demás actos de intimidación que puedan ejercerse contra candidatos a puestos de elección popular, ya que inhiben la participación de la ciudadanía en el proceso de votaciones.
Por ello, hizo un llamado al Estado debido a que se hace indispensable que, por medio de sus instancias, asuma la responsabilidad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, así como a sus familias, contra la intimidación y los ataques desde cualquier ámbito, pues un homicidio, agresión o amenaza cometido contra cualquier candidato es un ataque directo contra la democracia y el Estado de Derecho.
La DDHPO alertó que no pueden descartarse las prácticas nocivas y los vicios que se han acrecentado también en este tipo de comicios, como la compra y coacción del voto, la persistencia de cacicazgo en algunos lugares, o la búsqueda del poder y el dinero.
