Un tribunal de San Diego, suroeste de Estados Unidos, ordenó la noche del martes la reunificación de las familias de inmigrantes separados por la policía migratoria, denunciando la política de “tolerancia cero” impuesta por el gobierno de Donald Trump.
A no ser que representen un peligro para sus niños, los padres deben de ser reunidos con ellos en un plazo de dos semanas para los menores de cinco años y en menos de 30 días para los otros niños, según dictamina la sentencia judicial consultada por la AFP.
El fallo demanda además al gobierno federal que “haga frente a las caóticas circunstancias que ha creado”.
La demanda había sido presentada por la asociación de derechos cívicos ACLU en nombre de migrantes anónimos contra la policía de inmigración (ICE), a la cual el juez Dana Sabraw le exige asimismo “hacer todo para facilitar la comunicación” entre las familias separadas.
La ACLU celebró en un comunicado y en Twitter la decisión judicial a la que calificó como una “enorme victoria para los padres y los niños que pensaban que nunca iban a volver a verse”, añadiendo que “va a haber lágrimas (de alegría) en los centros de detención en varias partes del país”.
Desde mayo pasado, los procesamientos sistemáticos iniciados contra los padres que cruzan la frontera con sus hijos condujeron a la separación de más de 2.300 menores, generando críticas en Estados Unidos y en el exterior.
Condiciones “inhumanas”
Otras demandas presentadas a nombre de inmigrantes cuestionan el “traumatismo” que provoca a los niños ser separados de sus padres y denuncian las condiciones “inhumanas” de detención en los centros del ICE.
El martes, cerca de 20 Estados progresistas estadounidenses presentaron demandas contra la política de “tolerancia cero” llevada a cabo por el presidente Donald Trump ante la inmigración clandestina, añadiendo un nuevo embrollo judicial para la administración del magnate republicano.
En la víspera, el gobierno de Trump había obtenido una gran victoria tras meses de litigio judicial cuando la Corte Suprema concedió validez a su decreto migratorio que imponía obstáculos para el ingreso al país a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
Sin embargo su política de “tolerancia cero” se encuentra bajo fuerte presión desde hace varios días.
La semana pasada, frente al clamor en filas de su propio partido y de la ONU, Trump firmó un decreto suspendiendo la separación de padres e hijos que ingresaron juntos ilegalmente a Estados Unidos, gran parte de ellos en demanda de asilo huyendo de la violencia y la pobreza en países de América Central.
Este martes, la administración Trump suspendió de facto las demandas contra las familias arrestadas en la frontera mexicana por falta de espacio en los centros de detención.
Este nuevo revés a la política contra la inmigración del gobierno federal provino una vez más del estado de California, un bastión demócrata.
El secretario de Justicia Jeff Sessions llegó el martes a Los Ángeles para pronunciar un discurso ante la Fundación por la justicia penal, y reiteró la posición del gobierno afirmando que las fuerzas del orden “se ven obligadas muy a menudo a liberar a criminales extranjeros en nuestra comunidad”, ya sean “pedófilos, violadores, asesinos, traficantes de drogas, pirómanos”.
Recordó que el presidente había propuesto en vano a los demócratas en el Congreso de otorgar un estatuto a los jóvenes indocumentados que llegaron a territorio estadounidense con sus padres cuando eran niños, a cambio de que se concedieran los medios necesarios para construir un muro en la frontera sur, una de sus promesas de campaña.
Unos 200 manifestantes, entre ellos miembros del clero católico y militantes por los derechos de los inmigrantes, protestaron por la presencia de Session en Los Ángeles. Una veintena de ellos fueron arrestados por no acatar las órdenes de dispersarse dadas por la policía.
