Durante el debate entre candidatos al Senado de la República por Aguascalientes organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Martínez Rodríguez, aseguró que una de las acciones que promoverá en materia de seguridad en caso de llegar a la Cámara Alta será la de incluir al robo común dentro del catálogo de delitos graves, ya que en la actualidad no se puede otorgar prisión preventiva por este motivo, lo que resulta una propuesta viable según la opinión de especialistas.

De enero a abril del año en curso se han presentado 5 mil 462 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por cualquier tipo de robo. Durante abril, el robo de vehículos encabezó la lista negra con 332 denuncias, seguido del robo a casa habitación con 288 y el robo a transeúnte con 273 querellas.

Aunado a estos datos, la percepción de inseguridad ha ido en aumento en los últimos años en la entidad, ya que en el primer trimestre del 2018 un 59.5% de los ciudadanos se sentían inseguros, cuando en el último trimestre de 2017 el indicador era de 58.6% según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por este motivo, algunos candidatos a cargos de representación popular han retomado entre sus propuestas de campaña el reclasificar el robo común como un delito grave y que se otorgue prisión preventiva a los presuntos culpables si se confirman elementos de su participación en la actividad ilícita.

Sin embargo, ¿es una propuesta viable?

En el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En este sentido, sólo se podrá ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De acuerdo al jefe de departamento de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Eloy Morales Brand, el Congreso de la Unión es el único facultado para modificar la ley e incluir al robo en la lista de delitos graves, por lo que se trata de una propuesta viable en el caso de los candidatos al Senado o a diputaciones federales.

“Tendría que venir una modificación al artículo 19 de la Constitución que es el que establece todos los delitos graves (…) y para que se pueda incluir el robo dentro del catálogo de delitos graves se requiere una reforma constitucional pero en lo local no es posible”.

Incluso, una vez reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no habría necesidad de modificar los códigos penales de los estados para que se aplique la reclasificación del robo común.

“Con el sólo hecho de que la Constitución se modifique con eso el procesal quedaría adaptado y sería adaptado, pero en lo local no sería necesario que se modifique porque lo primero es que se aplique la reforma constitucional”.

Iniciativa a nivel local, engañosa

Mientras tanto, a nivel local la diputada local del PRI y candidata a reelegirse en el cargo, Elsa Amabel Landín, presentó en la sesión del pleno del Congreso del Estado del pasado viernes 18 de mayo una iniciativa que busca que se otorgue prisión preventiva a las personas señaladas por cometer robo común, mientras se desahoga la investigación en su contra, lo que reclasificaría el delito como “grave”.

La propuesta busca modificar el artículo 75-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes contemplaría al “robo calificado” como un delito grave, basándose en una tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito en la que se indica que “no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente”.

No obstante, para Eloy Morales Brand el que algunos representantes populares o funcionarios públicos prometan llevar a cabo acciones que no competan a sus responsabilidades conllevaría la comisión del delito de “Ejercicio indebido del servicio público”.

“Alguien que propone y genera una iniciativa que es inconstitucional, por sí mismo ya está cometiendo un delito de ejercicio indebido del servicio público, porque sabe que esa propuesta no dará frutos y, si da frutos, será una clara inconstitucionalidad”.

Esta información fue verificada bajo la metodología utilizada en Verificado 2018. Integrantes del equipo de redacción de Newsweek Aguascalientes, fueron capacitados para la publicación de contenidos de verificación a las propuestas de los candidatos electorales.