Giovanny Flores I Pachuca
Para resolver el juicio en el que la defensa jurídica de la constructora Sylma SA de CV solicita el pago de una indemnización de 65 millones 504 mil 852.02 pesos y una sentencia de dos años de prisión en contra de Leonardo García Vázquez, la jueza penal Sissi Anette Rodríguez Fernández aprobó que la parte acusadora presente como pruebas –una de seis– los testimonios de tres allegados a la empresa de Silvia Rico Moreno.
Jesús Alberto Guerrero Rojas, defensor jurídico del imputado por difamación, señaló que Susana González López, representante legal de la constructora; Leticia Salas Dorantes, y Edgar Fidel Ramos Nieves mantienen una relación laboral con la empresa, por lo cual sus declaraciones no serán “imparciales”, consideró.
Ese señalamiento no fue controvertido por la defensa de Sylma durante la audiencia intermedia de la causa penal 138/2017, que se llevó a cabo ayer en la sala 5 de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.
Durante el proceso, el cual duró cinco horas, Óscar Mora Herrera, defensor jurídico de la empresa, en compañía de un agente del Ministerio Público, presentó las pruebas que reunió durante un lapso de dos meses que le otorgó la jueza en la audiencia del 15 de enero. Por su parte, Guerrero Rojas se abstuvo de exponer alguna para Leonardo.
De las pruebas presentadas por Sylma, la jueza excluyó cuatro y aprobó seis; el resto fueron desistidas por la defensa de la constructora.
La juzgadora también dictó el auto de apertura a juicio oral en el proceso del García Vázquez, acusado de difamación, en el cual se determinará su culpabilidad o inocencia. La fecha, hora y lugar del proceso se decretará una vez que el Juzgado Tercero de Distrito en Pachuca resuelva el amparo 363/2018 que presentó el imputado.
Por otra parte, Guerrero Rojas solicitó a la jueza de control, durante la audiencia, investigar probables “actos ilícitos” por la compra venta de los terrenos del fraccionamiento Esmeralda entre la propietaria de Sylma y su hermano, el exsubsecretario de Obras Públicas del estado Marco Antonio Rico Moreno, cuando este aún estaba a cargo de la dependencia.
A ello, Rodríguez Fernández respondió que sólo puede ordenar que se investiguen hechos ilícitos que pudiesen haberse desarrollado durante la audiencia intermedia.
