A casi dos años de que se consolidara la carpeta de investigación sobre la deforestación ilegal de cerca de 12 hectáreas de zona protegida Peña Colorada, un juez federal ordenó repara el daño
La denuncia de activistas y organizaciones de la sociedad civil, consignaron que esta acción estaba fuera de la legislación en materia forestal y, presuntamente, el objetivo era construir un complejo habitacional.
El martes pasado, un juez federal ordenó la reparación total del daño en un perímetro que comprende 6.5 hectáreas a un particular, en el Ejido de Jurica.
De acuerdo con el Plan Reparatorio que elaboró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la resolución del juez, el responsable cuenta con un plazo de dos años y medio para dar cumplimiento a las disposiciones.
El fallo comprende una la evaluación y verificación del cumplimiento de la medidas impuestas que estará a cargo de la PROFEPA.
Al respecto, el Procurador Federal de Protección Ambiental, Guillermo Haro Bélchez, expresó la necesidad de reformar la legislación federal en materia equilibrio ecológico, misma que se aprobó hace más de 30 años ya requiere la modificación de sus protocolos.
