El sábado por la mañana, cuando el presidente Donald Trump tuiteó un alegato no sustentado afirmando que el ex presidente Barack Obama “tenía ‘intervenidas mis comunicaciones’ en la Torre Trump” justo antes de las elecciones, desató un furor mediático como solo Trump es capaz de hacerlo.

La acusación de un subterfugio tan grave por parte un mandatario contra un predecesor no tiene precedentes. Dicha afirmación ha sido desmentida por el actual director del FBI, James Comey, por un portavoz de Obama, y también por el ex jefe de inteligencia de Obama, James Clapper

Para colmo, Trump no citó prueba alguna para sustentar la acusación. Sin embargo, durante el escándalo desatado en múltiples canales, hemos encontrado –si acaso- una insignificancia en la cual Trump está fundamentando su opinión. Esto es lo que necesitas saber:

¿De dónde proviene este alegato específico?

New York Times rastreó el origen de la acusación de que Obama estaba espiando a Trump hasta Mark Levin, anfitrión de un programa de entrevistas radiofónicas quien, en un segmento del jueves, aseguró que la presidencia Obama utilizó los “organismos del gobierno federal” para vigilar a la campaña de Trump, cuestionando si Obama se había visto implicado personalmente, y si los teléfonos de Trump estuvieron intervenidos. Este “es el gran escándalo”, dijo Levin a sus escuchas.

Un artículo de Breitbart retomó el segmento y repitió muchas de las afirmaciones. “En resumen: la presidencia Obama pidió y obtuvo, finalmente, autorización para intervenir las comunicaciones de la campaña Trump; siguió monitoreando al equipo de Trump aun cuando no se encontró evidencia de delito; y luego, relajó las leyes de NSA [Agencia de Seguridad Nacional] para permitir que la evidencia fuera compartida ampliamente dentro del gobierno, y garantizar, virtualmente, que la información –incluidas las conversaciones de ciudadanos privados- se filtrara a los medios”, aseveró el artículo.

Fuentes de la Casa Blanca que defienden la afirmación de Trump han citado informes noticiosos, en vez de alguna inteligencia privada a la que pudiera tener acceso la presidencia. Por ejemplo, Sarah Huckabee Sanders, una portavoz de la Casa Blanca, declaró en “This Week”, programa deABC News: “Hay múltiples agencias de noticias que han informado de esto”.

¿Cuál fue el origen?

La raíz de la acusación que resurgió la semana pasada es un artículo de Heat Street, sitio Web conservador que administra Louise Mensch, ex parlamentaria británica actualmente radicada en Estados Unidos y famosa por su energúmena actividad en Twitter.

El artículo Web decía: “Dos fuentes independientes y vinculadas con la comunidad de contrainteligencia han confirmado a Heat Street que, en octubre, FBI pidió y recibió de la corte una orden FISA [Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera], otorgándole autorización de contrainteligencia para examinar las actividades de ‘personas estadounidenses’ en la campaña de Donald Trump que tuvieran nexos con Rusia”.

Mensch agregó que la orden judicial “cubre a Donald Trump y al menos, a otros tres hombres que, bien formaron parte de su campaña o actuaron como sus representantes ante los medios”.

“[Fuentes de inteligencia] me revelaron uno de los secretos más celosamente guardados de la inteligencia”, diría después Mensch, en entrevista conGuardian. “Hay gente especulando por qué me confiarían algo así. Nadie se encontró conmigo en un callejón a oscuras usando un sombrero. Sin embargo, me percibieron como una persona con experiencia política y como amiga. Soy partidaria de la seguridad nacional. Mis lealtades no están divididas”.

Un informe de enero de BBC confirmó ciertos aspectos del artículo de Heat Street, pero no otros. En particular, determinó que las autoridades estadounidenses ciertamente habían recibido una orden judicial como parte de una investigación sobre los nexos de la campaña Trump con Rusia, pero señaló que dicha orden cubría “dos bancos rusos”, más que individuos o objetos en la Torre Trump.

Muchas agencias noticiosas de tendencia principal han informado sobre las investigaciones iniciadas en torno de los posibles vínculos entre la campaña Trump y Rusia. Y la semana pasada,New York Times anunció que funcionarios de la presidencia Obama habían tratado de preservar evidencias de dichos alegatos para que los investigadores las encontraran. Ese informe precisó que el propio Obama no estuvo implicado.

No existe prueba de que Obama estuviera involucrado en algún esfuerzo de vigilancia que pueda haber existido. Además, la evidencia de que los teléfonos y los servidores de la Torre Trump estuvieran intervenidos, y de que hubiera una autorización legal para hacerlo, es disputable en el mejor de los casos. Y tampoco sabemos si las comunicaciones del propio Trump fueron monitoreadas.

¿Qué sucede ahora?

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes indagará si el gobierno “realizó actividades de vigilancia sobre los funcionarios de campaña o representantes de cualquier partido político”, según la declaración escrita emitida el domingo por el presidente del Comité, Devin Nunes.

Es del todo posible que no emerjan evidencias de semejante vigilancia.

No obstante, como dijo el sábado el senador Lindsey Graham, toda investigación tiene dos resultados posibles.

Señaló que, si las acusaciones son ciertas y no autorizaron la intervención de las comunicaciones, habría un escándalo mayúsculo para Obama y su presidencia. Por otra parte, si son ciertas, pero se obtuvo una orden judicial legalmente, eso apuntaría a que las sospechas contra Trump y su campaña eran mucho más graves de lo que se pensaba hasta ahora.