El presidente Donald Trump ha tildado de asesinos y criminales a los inmigrantes. Lo ha hecho desde el inicio de su carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, no existe una cifra o un reporte que muestre a una mayoría de 11 millones de inmigrantes en la comisión de delitos que pongan en peligro la integridad de la Unión Americana. Por el contrario, la deportación de personas que no cuentan con un documento que los acredite como estadounidense, aún cuando la mayoría tenga un década residiendo en ese país, está en la ruta de separar a millones de familias.
El think tank Migration Policy Institute hizo una proyección a partir de cifras oficiales para referir que 820,000 de las aproximadamente 11 millones de personas que viven en el país ilegalmente tenían antecedentes criminales, de ellos 300,000 tenían una condena por delito grave y 390,000 por delitos menores.
Los 820,000 inmigrantes no autorizados con antecedentes criminales son un subconjunto de los 1.9 millones de inmigrantes identificados por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) como extranjeros criminales extraíbles, es decir inmigrantes identificados para deportación de los Estados Unidos basado en una condena penal.
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“Si bien este hecho parece poco conocido, una porción muy importante de estos 1.9 millones de no ciudadanos son personas legalmente presentes en los Estados Unidos -tanto residentes legales permanentes como no ciudadanos con visas temporales- que se han convertido en deportables resultado de un crimen inhabilitante”, explica la organización.
Contrario al estimado que hace el Migration Policy Institute, el cual proyecta sus datos a partir de cifras del DHS, Trump ha anunciado la deportación o en su caso encarcelación de los inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes criminales, los cuales calcula, con base en sus cifras, entre dos a tres millones de personas.
Bajo este argumento de criminalizar a la población inmigrante, la administración de Donald Trump ha extendido su definición hacia aquellos que arribaron a los Estados Unidos bajo un estatus ilegal. En ese sentido, se ha lanzado un operativo a gran escala contra la población migrante, en algunos casos deteniendo a personas protegidas mediante acciones aprobadas en la administración de Barack Obama.
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Los resultados han sido mostrados mediante operativos realizados en todo tipo de lugares como son a la puerta del refugio de una iglesia, dentro de una corte o tras un acto contra la deportación. Asimismo han sido sujetos a estos procedimientos jóvenes que llegaron desde chicos a Estados Unidos y que en la actualidad son protegidos mediante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, la cual fue aprobada en la administración pasada y que permite a estos inmigrantes poder trabajar legalmente en la Unión Americana.
