El gobierno de México se ha lanzado a la búsqueda de otro exgobernador prófugo proveniente de las filas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). En este caso se trata del exmandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado de delitos contra la salud.
Yarrington fue alcalde de Matamoros entre 1992 y 1995, y en 2005 llegó a ser precandidato presidencial por el partido tricolor. En 2011, se le vinculó con cárteles de la droga acusado de aceptar “enormes sobornos” de parte de los narcos para permitir que operen libremente en la región fronteriza con Estados Unidos, donde existe un proceso penal en su contra. En mayo del año pasado el PRI lo excluyó de sus cuadros militantes.
Ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hasta 15 millones de pesos por “información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para su localización, detención o aprehensión”.
El Acuerdo firmado por el Procurador Raúl Cervantes Andrade explica que el monto de la recompensa se entregará de manera proporcional en relación “con la veracidad, utilidad y oportunidad de la información relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo”, la cual será “estrictamente reservada”.
“En ese sentido, la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia es de primordial importancia y debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley, para lograr la localización, detención y aprehensión de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia atentan contra la tranquilidad y paz pública”, refirió la Procuraduría mexicana.
Una recompensa similar fue ofrecida por el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto por el exgobernador de Veracurz, Javier Duarte de Ochoa, acusado por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“A pesar del amplio despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal para cumplimentar la orden de aprehensión, aún no se ha logrado conocer el paradero del probable responsable, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización”, indicó la PGR el pasado 11 de noviembre.
A esto se suma el proceso penal que se sigue contra el exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, quien es junto a su hijo Guillermo Padrés Dagnino de lavar unos 8.8 millones de dólares.
Al exgobernador se le señala “como probable responsable de la comisión de tres delitos catalogados como graves; razón por la cual no tiene el beneficio de la libertad provisional”. Su hijo también es sospechoso de los mismos delitos.
A la par de estos exgobernadores, otros dos exmandatarios, los priistas César Duarte Jaquez de Chihuahua y Roberto Borge Angulo de Quintana Roo son investigados por presuntos actos de corrupción.
