Las autoridades migratorias mexicanas obligan a regresar a miles de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala violando el derecho internacional e interno y sin tener en cuenta los riesgos que enfrentan esas personas al volver a sus países de origen  envueltos en las tasas delictivas más altas del mundo.

Amnistía Internacional presentó este martes una encuesta que refleja 500 experiencias de personas centroamericanas que viajaron a través de México. Los testimonios revelan cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) “incumple sistemáticamente el principio de no devolución, pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos”.

“Estas son historias trágicas de familias, niños, hombres y mujeres huyendo de la violencia extrema para salvar su vida. En lugar de brindarles la protección a la que tienen derecho, México está dándoles la espalda a esta gente en necesidad de manera ilegal,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe menciona que los países del “Triángulo Norte”, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras– continúan sufriendo una situación de violencia generalizada, donde la tasa de homicidios es entre 4 y 8 veces más alta de lo que la Organización Mundial de la Salud considera niveles “epidémicos” de homicidio.

Desde hace años, dice Amnistía, las personas que salen de estos países lo hacen no sólo impulsadas por la esperanza de encontrar mejores oportunidades de empleo, sino también porque huyen de situaciones donde su vida corre peligro, que se dan en algunas de las naciones más violentas del planeta.

“Yo les pedí [a los funcionarios del INM] pedir refugio y me dijeron no había, que en México no les gustan los hondureños porque hacemos mucha maldad”, dijo una persona que solicitó asilo. “Me dijeron que ‘una vez detenido, ya valió madre y vas de vuelta a tu país”, comentó otro migrante.

Otras personas dijeron a Amnistía Internacional que las habían coaccionado o presionado para que accedieran a su deportación en contra de su voluntad.

México está obligado a brindar a muchas de estas personas protección contra los riesgos que correrían en sus países de origen, de acuerdo con el derecho internacional.

Sin embargo, el reporte menciona todo lo contrario. Los testimonios de personas que habían solicitado asilo de manera explícita o expresado temor por su vida en su país de origen denuncian que a pesar de ello han sido ignoradas por el INM y deportadas a su país.

Amnistía averiguó que el 75 por ciento de las personas detenidas por el INM no habían sido informadas de su derecho a solicitar asilo en México, a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga y de que las autoridades públicas aseguraron a Amnistía Internacional que se observaba esta disposición.

“Los funcionarios saben que uno no sabe de sus derechos; dicen lo que quieren”, dijo un migrante a la organización; “El oficial de la Estación Migratoria me dijo ‘si no firmas aquí (que era el papel de retorno), no te daremos comida, no te vas a poder bañar’, y que me iban a tratar como [si] no existía”, comentó un joven hondureño de 23 años. En ese sentido una mujer guatematelca comentó: “La señorita de INM me dijo ‘contigo ni hablar’. Se enojó conmigo porque no firmaba mi deportación.”

Pese a ello, las autoridades mexicanas afirman que raras veces llevan devoluciones. Amnistía por su parte ha exhortado al gobierno a detener las prácticas ilegales de devolución y a garantizar que son objeto de sanción administrativa, además de pedir garantizar que las personas migrantes en situación irregular que son aprehendidas y detenidas son informadas debidamente de su derecho a solicitar asilo en México.