Las elecciones de 2024 en Aguascalientes. Cómo se entrelazaron los estándares técnicos, la ética profesional y la legitimidad democrática en el contexto local. La organización técnica y participación ciudadana fueron técnicamente sólidas: se instalaron las 1,842 casillas programadas y se reportó una participación ciudadana del 62.57%, una cifra notablemente superior al promedio histórico del estado. Esto sugiere una ciudadanía más involucrada y una logística electoral eficaz, alineada con los principios fundamentales de la materia electoral.
Ética profesional y confianza institucional, los administradores del procedimiento electoral federal y local actuaron con profesionalismo, a pesar de incidentes y errores en boletas (por ejemplo, en Cosío, donde se mezclaron logotipos de partidos) y algunas denuncias de detenciones arbitrarias. La respuesta institucional fue rápida y transparente, lo que ayudó a contener la desconfianza. Aquí la ética profesional se manifestó no solo en la ejecución técnica, sino en la disposición a corregir y rendir cuentas.
Legitimidad política y percepción pública. En la capital, Leonardo Montañez Castro (PAN-PRI-PRD) fue reelecto como presidente municipal, y la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes ganó en los 11 ayuntamientos del estado. Aunque legalmente incuestionable, algunos sectores expresaron inquietudes sobre el uso de recursos públicos e inequidad en la contienda. Esto muestra que la legitimidad política no depende solo del resultado, sino de cómo se percibe el proceso.
Reconocimiento y democracia local. La alta participación y la relativa paz durante la jornada reflejan un reconocimiento mutuo entre ciudadanía e instituciones. Pero también hubo señales de alerta: denuncias de violencia simbólica, errores administrativos y tensiones partidistas que pudieron erosionar la legitimidad, se atendieron con apertura y autocrítica.
Aguascalientes vivió un proceso técnicamente exitoso, éticamente desafiante y políticamente complejo. Calidad profesional, ética y legitimidad democrática son ingredientes que nacen del “mísero detalle del procedimiento electoral” para influir en el Congreso local y en la gobernabilidad municipal de Aguascalientes, tras las elecciones de 2024, el comportamiento de estas instancias de gobierno ha dependido y dependerá de ellas, pero la organización, administración y juzgado de las elecciones honraron la legalidad.
La legalidad y legitimidad de Ayuntamientos y Congreso local fue una entrega electoral del Servicio Profesional y la Rama Administrativa, SPERA. Un Congreso dominado por fuerzas afines a la coalición ganó los ayuntamientos, es oportunidad clave para elevar el estándar ético y técnico en la legislación. La ruta democrática de legisladores está en la adopción de procedimientos deliberativos, promoción de participación ciudadana efectiva, en la rendición de cuentas con transparencia. Ello refuerza la legitimidad institucional, este es un tema de su autoridad no de instancias electorales. Cuando se percibe clientelismo, opacidad o alineación automática con el Poder Ejecutivo, la profesionalidad se ve erosionada junto a la confianza pública e impide su prueba de legitimidad.
Ética del reconocimiento y gestión municipal, los gobiernos municipales enfrentan la expectativa de reconocer a todas las voces, incluso aquellas que no votaron por ellos. En una democracia madura, el triunfo no otorga prerrogativa moral. La legitimidad se fortalece cuando se gobierna con sensibilidad a la pluralidad social, se incorpora la participación de sectores diversos y se evitan prácticas excluyentes. Es una responsabilidad ética, moral, política, que los ayuntamientos practiquen una política del respeto, del cuidado del “Otro” y de la escucha activa, no solo serán legales, sino moralmente legítimos ante su ciudadanía.
Gobernabilidad democrática no es controlar, sino articular voluntades diversas en torno a un proyecto común. La gobernabilidad democrática en Aguascalientes depende de que las instituciones locales, Congreso, alcaldías, sociedad civil, no solo funcionen bien por dentro, sino que sean reconocidas como justas y confiables por fuera. Sin el componente ético-profesional los procesos legales pueden generar fragmentación, apatía o protesta.
Para fortalecer una democracia desde lo local, es preciso la formación ética de funcionarios públicos y políticas concretas que encarnen el reconocimiento y la profesionalización. Impulsar auténticas políticas públicas se inicia con la formación cívico-ética de servidores públicos; empero, no basta con capacitar técnicamente, hace falta formar juicios éticos y sensibilidad democrática. La deliberación moral mediante espacios donde funcionarios analicen dilemas reales, como el uso del poder discrecional o el trato a minorías. Capacitación, entrenar en habilidades para escuchar, dialogar y validar la diversidad ciudadana. Prácticas reflexivas, fomentar bitácoras éticas donde cada servidor público registre decisiones clave y las razones morales. Políticas locales orientadas al reconocimiento.
El poder legislativo y los Ayuntamientos pueden institucionalizar la ética democrática a través de: Audiencias ciudadanas deliberativas. Presupuestos participativos éticos. Consejos de vigilancia ética. Cultura institucional del cuidado. El reconocimiento mutuo base de la legitimidad. Gratitud, reconocer públicamente buenas prácticas internas y aportes ciudadanos, requiere voluntad política y convicción a escala local. Como lo enseña Hannah Arendt, “la política es el espacio donde aparece el otro”. Si ese otro es bienvenido, respetado y escuchado, la democracia florece. Una respuesta institucional a los procedimientos electorales bien cumplidos.
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Ignacio Ruelas Olvera, cuenta con estudios en Ingeniería Industrial, Filosofía y Derecho. Fue diputado en la LII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes y presidente de la Comisión Permanente. Ha colaborado en el Poder Ejecutivo del estado y en la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes. Trabajó en la Comisión Federal Electoral, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional Electoral y fue fundador del Instituto Federal Electoral. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
