Una niña de apenas dos años, nacida en Fort Lauderdale, Florida, fue deportada a Brasil junto a sus padres indocumentados, a pesar de no tener ciudadanía brasileña ni estatus legal en ese país. La menor, identificada como Emanuelly Borges Santos, conocida como Manu, fue enviada a Sudamérica con una visa de turista a punto de expirar, según informó The Washington Post.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
Manu nació en septiembre de 2022 y cuenta con una tarjeta de Seguro Social estadounidense. Sus padres, Elioni Gonçalves y Edivan Borges dos Santos, entraron a Estados Unidos en 2021 por la frontera con México y solicitaron asilo, alegando violencia y corrupción en Brasil. Aunque en un inicio se les permitió permanecer en el país mientras el tribunal evaluaba su caso, en diciembre de 2022 recibieron una orden de deportación.
En febrero de 2025, la familia fue llamada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, y desde allí fueron deportados junto a unas 90 personas más.
A diferencia de sus padres, Manu no tiene ciudadanía brasileña ni residencia permanente en ese país. Su ingreso con una visa de turista complica su acceso a servicios esenciales como salud y educación, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos.
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¿CUÁL ES LA POSTURA DEL GOBIERNO?
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), negó que se estén deportando a ciudadanos estadounidenses y afirmó a Newsweek que:
“Los medios y los políticos demócratas están difundiendo información falsa. Los hijos ciudadanos no son deportados. Es falso e irresponsable decirlo”.
Agregó que los padres son consultados sobre si desean que sus hijos salgan con ellos o si prefieren que los menores queden bajo custodia de un familiar designado.
Sin embargo, Gonçalves declaró a The Washington Post que nunca se les dio esa opción. Aunque habrían preferido permanecer unidos, consideraron dejar a Manu con su tío en Florida, lo que según ellos, no fue permitido.
CONTEXTO: UNA POLÍTICA MIGRATORIA EN CRISIS
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. En los últimos meses, el presidente ha impulsado la mayor operación de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos, deteniendo incluso a personas con visas vigentes o tarjetas de residencia.
La administración también ha enfrentado críticas por deportaciones de niños nacidos en territorio estadounidense, que acompañan a sus padres indocumentados. El gobierno sostiene que estos menores no son deportados por la fuerza, sino que viajan con sus padres de manera voluntaria. Pero para muchos, se trata de una violación de sus derechos constitucionales.
Trump ha prometido eliminar la ciudadanía por nacimiento, medida actualmente bloqueada por los tribunales. Mientras tanto, los casos como el de Manu generan cuestionamientos sobre el debido proceso y la protección de grupos vulnerables.
LAS OPINIONES RESPECTO A LOS HECHOS
El abogado Edilson Santana, de la Defensoría Pública en Ceará (Brasil), calificó el caso como “la deportación de una nacional”, resaltando que la menor no tiene vínculos legales con Brasil más allá de su familia.
Erin Hebert, abogada principal en Ware Immigration, expresó en un comunicado:
“Deportar a niños ciudadanos estadounidenses es ilegal, inconstitucional e inmoral. La rapidez, brutalidad y secretismo con el que se ejecutan estas deportaciones es inaceptable. Todos los responsables deben rendir cuentas”.
Por su parte, McLaughlin señaló que los migrantes pueden optar por la auto-deportación voluntaria a través de la app CBP One, y que el gobierno está ofreciendo 1,000 dólares y un vuelo gratuito a quienes decidan abandonar el país por iniciativa propia.
¿QUÉ SIGUE?
La situación legal de Manu sigue siendo incierta. Sus padres intentan ahora obtener al menos una ciudadanía temporal para ella en Brasil. Sin embargo, su estatus como turista y la falta de vínculos legales complican su integración en el sistema brasileño.
Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Estados Unidos evalúa la legalidad de la orden ejecutiva de Trump que busca revocar la ciudadanía por nacimiento, decisión que podría redefinir el panorama legal para miles de niños en situaciones similares.
Este caso pone en el centro del debate la colisión entre política migratoria, derechos de la niñez y el futuro de la ciudadanía en Estados Unidos. N
(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)
