El Índice de Paz México 2025 revela un panorama alarmante para Baja California. Según el informe, el impacto económico de la violencia en la entidad asciende a 218 mil millones de pesos, lo que equivale al 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Esta cifra supera con creces la media nacional, donde el impacto económico de la violencia es del 3.1% del PIB.
El alto costo de la violencia por habitante coloca a Baja California entre los estados más afectados del país
En términos per cápita, el costo económico de la violencia en Baja California se sitúa en 56,715 pesos por habitante, una cifra que duplica el promedio nacional de 33,905 pesos. Este indicador coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional en impacto económico per cápita por violencia, superada únicamente por Colima (89,916 pesos), Morelos (69,318 pesos) y Guanajuato (61,453 pesos).
Los homicidios continúan siendo el delito con mayor impacto económico en el estado, representando el 59% del costo total de la violencia en Baja California. En 2024, se registraron 2,832 homicidios, lo que implica una tasa de 70.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, significativamente superior a la media nacional de 29.1 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Aumenta el gasto en seguridad, pero la violencia no cede en Baja California
El informe también destaca el incremento en el gasto estatal destinado a la contención de la violencia. En 2024, Baja California destinó 12.5 mil millones de pesos a medidas de seguridad pública, un aumento del 34% respecto a 2019. Sin embargo, a pesar del incremento en el presupuesto, los indicadores de violencia no han mostrado una disminución proporcional, evidenciando la necesidad de estrategias más efectivas en materia de prevención y combate al crimen organizado.
En el ámbito de los delitos con violencia, la entidad ocupa el tercer lugar nacional, con una tasa de 856 delitos por cada 100 mil habitantes, un 42% por encima de la media nacional (605 delitos por cada 100 mil habitantes). Los municipios con mayores tasas de violencia son Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde el 65% de los delitos están relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Percepción de inseguridad alcanza niveles críticos, especialmente en Tijuana
En cuanto a la percepción de inseguridad, el 78% de los habitantes de Baja California considera que vivir en su entidad es inseguro, un porcentaje superior al promedio nacional de 67%. Esta percepción ha empeorado particularmente en Tijuana, donde el 82% de la población se siente insegura, impulsada por el aumento en los homicidios y las ejecuciones relacionadas con cárteles.
A nivel nacional, el informe resalta que México registró un costo económico total de 4.5 billones de pesos por violencia, un incremento del 32% respecto a 2015. Baja California aporta el 4.8% de ese total, a pesar de representar únicamente el 3.3% de la población nacional, lo que evidencia el desproporcionado impacto de la violencia en la economía estatal.
Violencia golpea al comercio, turismo e industria con pérdidas millonarias en Baja California
Los sectores económicos más afectados por la violencia en Baja California son el comercio, el turismo y la industria manufacturera, que han reportado pérdidas estimadas en 37 mil millones de pesos anuales debido a la percepción de inseguridad, el cierre de establecimientos y la reducción en el flujo de visitantes.
A nivel estatal, los municipios más afectados económicamente por la violencia son Tijuana, Mexicali y Ensenada, que concentran el 76% de los costos económicos totales. Tijuana, por ejemplo, registró un impacto económico per cápita de 63,500 pesos, superando incluso a la media estatal.
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El informe concluye que, para revertir esta tendencia, Baja California deberá implementar políticas integrales que no solo se centren en el combate frontal al crimen organizado, sino que también prioricen la prevención social, la inversión en educación y el fortalecimiento del tejido social, siguiendo ejemplos de estados como Yucatán y Tlaxcala, que han logrado mantener bajos niveles de violencia mediante estrategias preventivas y programas sociales enfocados en jóvenes y poblaciones vulnerables. N
