La decisión del gobierno de Baja California de eliminar el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) ha generado un profundo malestar entre el sector empresarial. El FIDEM fue creado en el año 2000 como una herramienta para reintegrar al sector productivo parte del Impuesto Sobre Nómina (ISN), equivalente al 1.5%, y destinarlo al financiamiento de proyectos estratégicos para el desarrollo económico, educativo, cultural y urbano de la entidad. Durante más de dos décadas, este fideicomiso fue administrado de forma conjunta entre el gobierno estatal y los consejos de desarrollo económico municipales, permitiendo la ejecución de programas y obras de impacto regional en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate.
De obras urbanas a iniciativas sociales y tecnológicas
Entre los proyectos destacados financiados por el FIDEM se encuentran la modernización del paso peatonal fronterizo “Umbral de las Américas”, la rehabilitación de la ciclovía Paseo del Río Tijuana, el fortalecimiento del sistema de información del Centro de Información Económica y Empresarial, y el monitoreo de tiempos de cruce en garitas mediante tecnología Wi-Fi. También se apoyaron museos, simuladores para capacitar operadores de maquinaria pesada, programas para emprendedores como StartUp Stars, y señalética inclusiva para personas con discapacidad. Estos proyectos fueron producto de procesos de evaluación conjunta entre el sector público y el privado, bajo un modelo que, hasta ahora, era considerado ejemplo de colaboración interinstitucional.
Educación como prioridad… pero sin consenso
El anuncio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sobre la desaparición del FIDEM tomó por sorpresa al sector empresarial. La mandataria informó que los recursos del fideicomiso, estimados en una bolsa de 2 mil millones de pesos, serán redirigidos durante 2025 al fortalecimiento de la infraestructura educativa del estado.
La distribución contempla 866 millones de pesos para obras en 150 escuelas de educación básica, así como mejoras adicionales en 500 planteles; otros 20 millones se destinarán a la instalación de 1,070 aires acondicionados en escuelas de Mexicali, San Felipe y la zona costa. Además, se proyecta una inversión de 222 millones en entornos escolares y útiles, beneficiando a más de 563 mil estudiantes.
En el nivel medio superior, se invertirán 140 millones en infraestructura de COBACH, CONALEP, CETIS, CECyTE y CBTIS, incluyendo la construcción del nuevo CBTIS 290 en Natura, Tijuana, con un presupuesto de 67.5 millones. Para la educación superior, se canalizarán más de 551 millones a instituciones como la UABC, UTT, la Universidad Intercultural y las escuelas normales, con un monto histórico de 433 millones destinado a la Universidad Rosario Castellanos. Adicionalmente, se integrarán 365 millones a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, que impactará a 818 escuelas en toda la entidad.
Empresarios acusan falta de diálogo y ruptura institucional
Si bien el argumento oficial es que los recursos públicos deben atender con prioridad las necesidades estructurales del sistema educativo, la respuesta del empresariado ha sido contundente.
A través de diversos comunicados, cámaras empresariales, consejos de desarrollo y asociaciones civiles han manifestado su inconformidad por lo que consideran una decisión unilateral, adoptada sin el debido diálogo ni el análisis de los impactos acumulativos que la medida tendrá sobre el empleo, las micro y pequeñas empresas, y la competitividad regional. Señalan que el FIDEM no es un subsidio a los empresarios, sino una forma de devolver a la comunidad parte de lo recaudado en el ISN, mediante proyectos consensuados que han contribuido a fortalecer el ecosistema productivo y social de Baja California.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval, desmintió que el FIDEM sea operado exclusivamente por el sector privado, y recordó que el fideicomiso es presidido por la propia gobernadora, junto con representantes de diversas secretarías de Estado. Subrayó que “ni un solo peso queda en manos de los empresarios”, pues los recursos se aplican bajo normas de fiscalización estrictas y con fines colectivos. Además, recalcó que varios de los proyectos financiados en años recientes beneficiaron directamente a comunidades vulnerables, sectores educativos, culturales y de movilidad urbana.
¿Gasto social o debilitamiento del desarrollo económico?
Lo que para el gobierno representa una reasignación de recursos con sentido social, para los empresarios representa la cancelación de una política pública eficaz. El argumento de la administración estatal se sostiene en que el gasto educativo no puede seguir esperando y que la mejora de las escuelas es un compromiso ineludible con la niñez y juventud de la entidad. La gobernadora agradeció la histórica participación del empresariado, pero insistió en que los recursos públicos deben ser redirigidos a las áreas más prioritarias.
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Sin embargo, los empresarios proponen alternativas, como un modelo dual que mantenga una parte del fideicomiso activa para proyectos económicos y otra fracción destinada a educación. Algunos sectores incluso han sugerido que se aumente temporalmente el porcentaje del ISN destinado a infraestructura escolar, sin eliminar por completo el FIDEM, buscando así evitar la ruptura de un mecanismo que ha funcionado con resultados comprobables.
¿Gasto social o debilitamiento del desarrollo económico?
Este diferendo revela una tensión de fondo sobre el uso y destino de los recursos públicos en Baja California. Si bien la educación es indudablemente una prioridad, también lo es el desarrollo económico sostenible. La desaparición del FIDEM, sin una alternativa clara para sustituir su función de impulso a la economía local, deja un vacío que podría afectar negativamente a pequeñas empresas, emprendedores y proyectos comunitarios que encontraban en este fideicomiso un respaldo estratégico.
Un llamado a construir, no a cancelar
El debate está abierto. La clave, según coinciden múltiples voces, será la construcción de acuerdos que reconozcan tanto la urgencia educativa como la necesidad de sostener instrumentos que han demostrado ser funcionales. Lo que hoy se cuestiona no es el destino de los recursos, sino el procedimiento con el que se decidió su redirección. Para muchos, eliminar sin construir antes una nueva base de colaboración podría terminar por debilitar tanto a la educación como al desarrollo. N
