“Incluir no es un gesto, es una obligación legal, económica y ética que México sigue postergando”

México carga con una deuda silenciosa y estructural: la exclusión sistemática de las personas con discapacidad del ámbito laboral. A pesar de que nuestro país ha firmado compromisos internacionales y ha desarrollado marcos normativos en favor de la inclusión, la realidad es que las personas con discapacidad siguen siendo marginadas de las oportunidades económicas y profesionales. La inclusión en el papel no se ha traducido en inclusión en la práctica.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, existen 6.1 millones de personas con discapacidad en México. Sin embargo, solo el 39.3% de las personas en edad laboral participa en el mercado de trabajo, frente al 65% de la población sin discapacidad (INEGI, 2020). Esta diferencia representa una de las brechas más profundas y menos atendidas en el ámbito laboral.

En términos salariales, la inequidad es aún más lacerante. Un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que las personas con discapacidad ganan, en promedio, 34% menos que las personas sin discapacidad, aun realizando funciones similares (CONAPRED, 2021).

Esto no es producto del azar ni de la elección individual: se trata de una exclusión estructural que se manifiesta en barreras físicas, tecnológicas, educativas, culturales y legislativas. En palabras simples, el sistema laboral mexicano no está diseñado para incluir, sino para discriminar por omisión.

México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En ella se establece que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a empleos en entornos abiertos, inclusivos y accesibles. No obstante, en la práctica, estos compromisos legales han quedado como letra muerta. Son derechos que existen, pero no se ejercen; promesas sin cumplimiento.

Una analogía válida es la de tener una llave sin puerta: la ley otorga formalmente derechos laborales, pero no existen mecanismos efectivos ni voluntad institucional para abrir las puertas del mercado laboral a este grupo social. Muchas empresas los excluyen por prejuicio, desconocimiento o mera inercia burocrática.

Contrario a lo que podría pensarse, el sector público no es ejemplo de inclusión. La mayoría de las dependencias gubernamentales carece de programas estructurados para incorporar a personas con discapacidad en roles de responsabilidad, y muchas veces solo se cumplen “cuotas simbólicas” que no transforman las dinámicas laborales internas. No basta con contratar; es indispensable capacitar, promover y dignificar la presencia de estas personas en todos los niveles jerárquicos.

Aunque el sistema tiene una responsabilidad principal, es importante abordar un tema delicado: la apatía que en algunos casos muestran personas con discapacidad hacia la incorporación laboral o procesos de rehabilitación funcional. Esta actitud no puede ser juzgada sin contexto. Se trata, muchas veces, del resultado de un entorno que ha negado oportunidades, infantilizado a las personas con discapacidad y reforzado una lógica asistencialista que desincentiva la autonomía.

Superar esta apatía requiere procesos de empoderamiento real, rehabilitación integral y modelos educativos que preparen desde la infancia a las personas con discapacidad para participar activamente en la vida productiva, no solo como beneficiarios de programas, sino como generadores de valor social y económico.

El problema no es la discapacidad, sino la forma en que la sociedad responde a ella. Incluir no es una concesión caritativa, es una obligación jurídica, económica y ética. La verdadera inclusión laboral comienza cuando dejamos de ver a las personas con discapacidad como “casos especiales” y las reconocemos como lo que son: ciudadanas y ciudadanos con derechos plenos, capacidades múltiples y aspiraciones legítimas.

México tiene los instrumentos legales, pero aún le falta la voluntad política y el cambio cultural. Es hora de que la deuda histórica se salde con acciones, no con discursos.

Referencias

• CONAPRED. (2021). Estudio sobre la discriminación laboral hacia personas con discapacidad en México. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
• INEGI. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• ONU. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2022). Informe Nacional sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Gobierno de México.

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Ricardo Martinez es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Aguascalientes, vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales, y la primera persona ciega en presidir un colegio electoral local en América Latina.