El senador Juan Antonio Martín del Campo, afirmó que tras la aprobación en el Senado de la reforma de la supremacía constitucional, ya no se acatará lo que dicten jueces y magistrados en el país, además de que se espera “una embestida” contra los juzgadores que no apoyen dicha reforma.
“Todo lo que apruebe MORENA, nadie tiene derecho de poderles decir que no, en pocas palabras. Significa que ahora sí, todo lo que ellos hagan estará plasmado en la ley” explicó, asegurando que anteriormente, en el caso del Plan B, hubo acciones de inconstitucionalidad en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo frenar la reforma.
“Ahora sí vemos con gran riesgo que nuestra democracia, y que lo que es el ámbito jurídico, pueda estar en riesgo. No va a haber certeza, no habrá lugar a controversia. Ha habido jueces que han dicho que se pare la reforma” asegura el legislador del Partido Acción Nacional.
Este martes, aseguró, habrá especial atención a lo que decida la SCJN respecto al proyecto del ministro José Luis González Alcántara que busca invalidar parcialmente a la Reforma Judicial. Cabe mencionar que el ministro presentó su renuncia (efectiva hasta el 2025), afirmando que “la Reforma Judicial no cabe en nuestra República”
¿Qué es la supremacía constitucional?
Es un principio teórico del Derecho constitucional que pretende ubicar a la Constitución de un país por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese mismo país.
La reforma aprobada en México en la materia se refiere a una iniciativa presentada por el coordinador de MORENA en el Senado de la República, Adán Augusto López, y que busca modificar la Constitución para establecer que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por el Poder Judicial una vez aprobadas. Esto significa que la Suprema Corte de Justicia no podría revisar ni invalidar las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
En específico, la reforma modifica los artculos 105 y 107 de la Constitución, pues ahora establecen que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal.
Esta reforma ha generado debate y controversia en México, ya que algunos argumentan que limitaría la capacidad del Poder Judicial para proteger los derechos fundamentales y garantizar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, otros argumentan que es necesaria para fortalecer la supremacía de la Constitución y evitar la interferencia del Poder Judicial en la voluntad popular.
