Ante un claro desacuerdo por parte de la mayoría de los regidores del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, no fue posible someter a consideración del H. Cabildo el proyecto de dictamen en el que se pretendía solicitar la aprobación de la concesión para el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos en favor de la empresa Asistencia Vial S.A. de C.V. por un periodo de hasta 5 años.
A poco menos de cuatro meses de terminar su administración, la alcaldesa Monserrat Caballero buscaba fuera autorizada dicha concesión por un periodo que abarcaría al menos los servicios que se pretenden otorgar al menos a dos administraciones municipales más.
Dicha concesión no procedió ante la falta de quorum en la sesión de esta tarde, debido a la que diez ediles no atendieron la convocatoria; siendo solo siete quienes acudieron.
En el proyecto de Acuerdo Relativo al Otorgamiento de Concesión de Servicios Públicos de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos, establece en el tercer punto de acuerdo la facultad a la alcaldesa Monserrat Caballero para que en nombre del Ayuntamiento celebre el o los contratos que correspondan.
Mientras que en el apartado de los transitorios, que en los términos del artículo 41 del reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, entraría en vigor al momento de su aprobación y fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado para el conocimiento de los vecinos.
La sesión de cabildo no se llevó a cabo por falta de quorum, por lo que la Alcaldesa Monserrat Caballero manifestó, en improvisada rueda de prensa, su molestia en lo que podría ser de acuerdo a sus palabras “…probablemente esta sea la ultima sesión que tendremos”.
Los ediles que no se presentaron a la sesión fueron Rogelia Arzola Santillán, Erwin Areizaga Uribe, Claudia Casas Valdés, Alejandro Cabrera Acosta, todos de Morena.
Al igual que la petista Mónica Vázquez, el panista Enrique Anaya, Miriam Echeverría de Fuerza Por México, Juan Carlos Hank del PES y Edgar Montiel de Movimiento Ciudadano.
En la misma sesión además se pretendía la aprobación de una serie de movimientos presupuestales sin una justificación sólida y fuera de los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley del Presupuesto Público por un monto superior a los 338 millones de pesos; entre ellos dos contratos para consultorías por un monto total mayor a los 21 millones de pesos, la Compra de 2 GRAN CHEROKEE Blindadas nivel V nuevas, precio unitario de 5 millones 449 mil 325 pesos cada una de ellas.
Cabe mencionar que tanto el pago de las consultorías como la compra de las unidades y otros servicios que se pretendía serían aprobados no contaban con la documentación administrativa necesaria que justificara su trámite fuera de los procedimientos que por ley se tienen para cada uno de los supuestos. N
