La reciente detención de tres estudiantes de medicina en Tijuana ha sacudido a Baja California, exponiendo una preocupante práctica dentro de la Policía Estatal Preventiva (PEP), ahora rebautizada como Fuerza de Seguridad Estatal. Estos jóvenes fueron acusados y arrestados por posesión de un arma ilegal, solo para descubrirse después que el arma había sido presuntamente plantada por agentes policiales en un acto de corrupción flagrante.
Este escándalo arroja luz sobre una realidad más amplia de abuso de poder y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad estatal. La siembra de drogas y armas como medio de extorsión socava la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, y plantea serias dudas sobre la integridad y el profesionalismo de los agentes policiales.
La falta de supervisión efectiva y la impunidad generalizada permiten que estas prácticas corruptas prosperen, dejando a los ciudadanos vulnerables ante posibles abusos de poder. Es evidente que se requiere una acción inmediata y contundente por parte de las autoridades para abordar este problema sistémico y restaurar la confianza en el sistema de seguridad estatal.
Además de investigar a fondo los casos de corrupción y aplicar sanciones ejemplares a los responsables, es imperativo implementar medidas de supervisión más rigurosas y transparentes dentro de la policía. Esto incluye establecer canales efectivos para recibir denuncias de abuso policial y brindar protección a los denunciantes para que puedan hablar sin temor a represalias.
La lucha contra la corrupción policial no es solo una cuestión de justicia, sino también de seguridad pública. La integridad y la legitimidad de las fuerzas de seguridad estatal son fundamentales para garantizar la protección y el bienestar de todos los ciudadanos de Baja California. Es hora de poner fin a la impunidad y construir un sistema de seguridad que realmente sirva y proteja a la comunidad. N
