Un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua brindar servicios de aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación, ello tras resolver tres amparos colectivos firmados por mujeres cisgénero, personas trans y no binaries.

En ese sentido, a partir de este lunes 27 de mayo las mujeres y personas gestantes podrán acudir a los nosocomios del estado para solicitar el servicio de aborto y no deberán negárselos.

De acuerdo con Animal Político, el Tribunal reconoció que las autoridades de Chihuahua quebrantan los derechos reproductivos de las mujeres cis, personas trans y no binaries del estado al negarse a ofrecer servicios de aborto voluntario en sus hospitales y clínicas, pues se viola el artículo 4° constitucional, el cual protege el derecho humano a decidir.

“¡Ganamos, es ley! En Chihuahua el aborto voluntario ya se reconoció como un derecho y un servicio para todas, todes y todos”, escribió en X (antes Twitter) la colectiva AbortistasMx, cuya publicación suma más de 11,000 reproducciones.

Las colectivas y organizaciones que participaron en los amparos, Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, CHEROS, Morrxs Autonomxs y AbortistasMx, piden a la población que se acerquen a ellas para que puedan acompañarlas a los servicios de salud y verificar que se les conceda el servicio.

“Estas sentencias derivaron de estrategias de amparos colectivos (…) que iniciaron en 2021 y en la cual han participado 373 de varios municipios del estado”, señalaron en conjunto.

ABORTO VOLUNTARIO, UN PRECEDENTE IMPORTANTE NO SOLO PARA CHIHUAHUA

En un comunicado, los colectivos informaron que las sentencias marcan un precedente importante no solo para Chihuahua, sino para todo el país, al ser las primeras resoluciones en su tipo que refuerzan la obligación que ya tienen todas las autoridades de salud: ofrecer atención médica de aborto voluntario en los estados, “aun en las entidades donde los congresos locales no han eliminado el aborto voluntario del Código Penal local”.

De negarse el personal de salud se debe informar a los jueces de esta situación para tomar medidas que les obliguen a cumplir con sus deberes constitucionales. Las sanciones por no cumplir esta sentencia van desde la multa, hasta la destitución de las personas que dirigen la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales.