Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, efectuaron los trabajos de la décima sesión ordinaria, conducida por le diputade presidente Juan Carlos Regalado Ugarte, de manera conjunta con sus homólogos Alma Hilda Medina, Laura Ponce, José de Jesús Altamira y Emanuelle Sánchez Nájera. 

Las y los congresistas dieron trámite a diversos oficios e iniciativas que buscan reformas en materia de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Penal y la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes; entre otras solicitudes e informes. 

Se recibieron las solicitudes por parte de las legisladoras Sanjuana Martínez Meléndez y Leslie Figueroa Treviño, solicitando licencia para separarse temporalmente de su cargo como diputadas a partir del 1º de marzo del 2024 y por tiempo indeterminado; peticiones turnadas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su trámite correspondiente. 

En el apartado de asuntos generales, la diputada Sanjuana Martínez Melendez, presentó una iniciativa que tiene como finalidad establecer como agravante en el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 170 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, la circunstancia en que la víctima sea mujer, al tenor de lo siguiente. 

Los delitos cometidos por servidores públicos referentes a hacer violencia sobre una persona sin causa legítima, vejarla o insultarla en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, retardar indebidamente o negar a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impedir la presentación o el curso de una solicitud, negarse injustificadamente y bajo cualquier pretexto, el encargado de administrar justicia, a despachar un negocio pendiente dentro de los términos establecidos por la Ley, o negarse indebidamente el encargado de una fuerza pública, requerida legalmente por una autoridad competente, a proporcionar el auxilio solicitado, podrán aumentar sus penas hasta en una mitad más de la pena base.

La inclusión de esta agravante reconoce que las mujeres son particularmente vulnerables a sufrir abusos por parte de servidores públicos, ya sea por prejuicios de género arraigados, desigualdades estructurales o simplemente por una falta de sensibilidad hacia sus derechos y dignidad.

“Al considerar la condición de género de la víctima como agravante en los casos de abuso de autoridad, se envía un mensaje claro de que estos actos no serán tolerados y se castigarán de manera más severa cuando se cometan contra mujeres”, señaló la legisladora promotora. 

Enseguida, la diputada Laura Ponce, presentó una iniciativa que tiene como objeto adicionar un artículo 42 Bis a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes para que los establecimientos donde se presten servicios de atención médica de los sectores públicos, sociales y privados, notifiquen al Ministerio Público los casos en que se les requieran los servicios de atención médica en menores de edad y estos presenten signos de maltrato o violencia física o sexual, para que sean investigados y en su caso, se sancionen a los responsables de dichos actos y a su vez, se puedan prevenir.

La importancia de entender el maltrato infantil radica en la necesidad de romper el ciclo de violencia. Conocer las señales de alerta y comprender las raíces del maltrato nos permite intervenir a tiempo y brindar el apoyo necesario a las familias en riesgo.

Por otro lado, le diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, hizo uso de la voz para exponer una iniciativa de reforma al artículo 57 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en materia de filiación.

Con esta modificación plantea legislar y regular las relaciones entre padre y madre e hijas e hijos, sin pautas de discriminación contra los mismos, y que a todos se les reconoce el mismo estado y los mismos derechos independientemente de las circunstancias anteriores o del origen de la filiación.

Le diputade explicó que la filiación además de proporcionar identidad al menor, también implica las responsabilidades de guarda, crianza y educación de este, y por ende, ésta no debe de estar sujeta a condiciones que no atañen a las hijas e hijos; es decir que las y los niños deben ser registrados independientemente si sus madres y padres no están casados.