Los cuatro hombres echaron a correr por el bosque, exhaustos y desangrándose tras recibir múltiples cortes. Cuando salieron de entre los árboles aquella árida noche de verano de 2016, vieron una casa en la distancia. Corrieron hacia ella y tocaron la puerta del desconocido, y luego pidieron ayuda frenéticamente en un mal inglés. El extraño llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, los hombres les contaron en forma desgarradora cómo fueron golpeados por guardias armados en una granja ilegal de marihuana y huyeron para salvar sus vidas.
Esos hombres, todos de origen latino, le indicaron a la policía dónde se localizaba la granja, justo en las afueras de una zona boscosa del Condado de Calaveras, en California. Pronto, las autoridades formaron un equipo para tomar la granja. Lo que descubrieron: más de 23,000 plantas de marihuana que producían hierba con un valor de más de 60 millones de dólares. También encontraron a dos mujeres que, según sus sospechas, vendían la hierba a los cárteles mexicanos de la droga.
En el Condado de Calaveras, un enclave rural y conservador a unos 200 kilómetros al este de San Francisco, esta incautación de droga llegó a los titulares de la prensa. Sin embargo, autoridades federales afirman que los cárteles mexicanos mantienen granjas de marihuana para el mercado negro en todo el norte de California. Hace más de 160 años, inmigrantes, magnates de los negocios y especuladores llegaron en masa a los pies de estas colinas a lo largo de la Sierra Nevada para explotar los yacimientos que había en esas tierras y lavar oro en sus ríos. Ahora, la marihuana está encendiendo la nueva fiebre del oro, y los organismos de aplicación de la ley luchan por mantener a los cárteles fuera del juego, aunque el uso recreativo de la marihuana se volvió legal en California desde el 1 de enero y el uso médico de esa planta ha estado permitido desde 1996.
Durante más de una década, los cárteles mexicanos han sembrado marihuana ilegalmente en los bosques de Estados Unidos, y los organismos federales han tenido un éxito relativo en la destrucción de esos sembradíos ilegales. Actualmente, California es el epicentro del mercado negro de la hierba en Estados Unidos, y cuenta con más de 90 por ciento de las granjas ilegales de marihuana en todo Estados Unidos. Las autoridades afirman que están encontrando cannabis relacionada con los cárteles en tierras que son propiedad del Estado, en estados como Oregón, Utah, Washington, Nevada y Arizona, todos los cuales permiten alguna forma de uso médico de la hierba. El problema se ha agravado tanto que, en 2016, Colorado comenzó a asociarse con el consulado mexicano para acabar con los narcos.
Actualmente, activistas de condados de California como Calaveras están contraatacando y tratan de prohibir las granjas de cannabis para eliminar a los cárteles. Afirman que los traficantes importan armas automáticas y utilizan pesticidas tóxicos e ilegales que están acabando con los animales del bosque y envenenan las fuentes de agua dulce. “Nos estamos yendo por el caño”, señala Rick DiBasilio, el alguacil del Condado de Calaveras. “Y las cosas no van a mejorar”.
“El solo hecho de que un tipo y su primo quieran plantar marihuana en el bosque no significa que estén afiliados con el Chapo”.
Sin embargo, algunos granjeros de marihuana legal del área afirman que las autoridades y sus aliados exageran el problema, utilizando estereotipos de raza y crimen para infundir miedo en los habitantes locales. Como dice Jack Norton, cultivador de hierba del Condado de Calaveras, “el solo hecho de que un tipo y su primo quieran plantar marihuana en el bosque no significa que estén afiliados con el Chapo”.
A principios de enero, el gobierno de Trump otorgó a los fiscales federales más poderes para perseguir a las industrias estatales de la marihuana, que siguen siendo ilegales en el ámbito federal. No resulta claro cómo afectará esa acción al estado de California.
Pero en Calaveras, los granjeros de marihuana legal temen que una prohibición general aplaste a su economía local y evite que millones de dólares en impuestos vayan hacia los organismos locales de aplicación de la ley. El año pasado, la policía de Calaveras comenzó a utilizar ese dinero para adquirir cascos balísticos, escudos y mirillas tácticas para armas de fuego, en parte, para hacer frente a una toma hostil del mercado negro por parte de los cárteles.
‘ELLOS NO SON CHEECH Y CHONG’
Una tarde reciente, la nieve salpicaba los árboles de Mountain Ranch, una bucólica extensión de colinas y valles en el centro del Condado de Calaveras. Hace dos años y medio, el área estaba casi completamente cubierta por un exuberante bosque, pero en septiembre de 2015, dos días antes de que California creara un sistema estatal de licencias para la marihuana medicinal, un árbol cayó sobre un cable de alta tensión cerca de la ciudad de Jackson, desencadenando un incendio forestal que arrasó con casi 71,000 acres. El fuego se extendió hacia el sur e incineró grandes áreas de Calaveras.
Algunas de esas colinas siguen estando chamuscadas, y los claros revelan lo que estuvo oculto durante mucho tiempo: contenedores de plástico negro llenos de semillas de marihuana. Esos recipientes se usan en sofisticadas granjas de cannabis de escala industrial, y muchas de ellas se encuentran a tan solo 20 minutos del centro de Mountain Ranch. “Ellos no son Cheech y Chong”, afirma Karen Harper, miembro de la Alianza de la Cannabis de Calaveras, que está a favor de la legalización, refiriéndose a las personas que cultivan la planta. “No son hippies holgazanes. Son muy trabajadores”.
Meses después del incendio, Calaveras anunció una ordenanza temporal para regular las granjas comerciales de hierba. Ello hizo surgir un enorme grupo de inversionistas en el cannabis. El daño provocado por el incendio había diezmado el valor de las propiedades de Mountain Ranch, y los inversionistas llegaron en tropel para adquirir las tierras de las familias cuyos hogares habían quedado destruidos. “Nosotros lo llamamos la fiebre verde”, afirma Bill Schmiett, un agente local de bienes raíces.
Ahora, la marihuana impulsa la economía del lugar. En un estudio realizado por la Universidad del Pacífico en Stockton, se encontró que más de 740 cultivadores comerciales del área generaron cerca de 400 millones de dólares en ventas en 2016.
Sin embargo, el estudio podría haber subestimado el impacto total de los cultivos. El departamento de planificación del condado calcula que existen entre 700 y 1,500 granjas ilegales de marihuana distribuidas en propiedad privada o en tierras propiedad del gobierno en Calaveras.
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Las granjas ilegales de marihuana no son nuevas en California. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a establecer un control más estricto a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, las plantaciones de marihuana han estado al alza en los bosques de toda la parte norte del estado. Este auge se ha incrementado en los últimos tres años. En 2014, Stephen Frick, un agente especial del Servicio Forestal de Estados Unidos, junto con sus colegas recogió 671,000 plantas en los bosques nacionales de California. En 2016, esa cifra se duplicó. Ahora que en este estado se ha legalizado el uso recreativo de la marihuana, los cultivadores acuden en masa a las áreas rurales del norte de California para establecer granjas ilegales, al grado de que un condado declaró un “estado de emergencia” en septiembre pasado debido al crecimiento de cultivadores para el mercado negro. Frick no cree que esto vaya a detenerse. “En lo que va del año, todo indica que [las incautaciones de marihuana ilegal] seguirán creciendo”.
Justo al este de Mountain Ranch se encuentra el Bosque Nacional Stanislaus, otra ubicación de primer nivel para las granjas ilegales de marihuana. Investigadores de distintos organismos, desde el Servicio de Pesca y Vida Silvestre hasta la oficina del alguacil del Condado de Calaveras, han encontrado cientos de miles de plantas cultivadas por trabajadores indocumentados en esas tierras, propiedad del gobierno. “Más de 80 por ciento de las personas que arrestamos en esas plantaciones provienen de México y están ilegalmente en el país”, dice Frick.
Muchas de ellas, afirma, provienen de Michoacán, un estado asolado por la guerra contra las drogas, situado en la parte occidental de México. Frick y otras autoridades piensan que los narcos atraen a trabajadores del otro lado de la frontera, prometiéndoles trabajos bien pagados patrullando los campos y produciendo marihuana a escala industrial. Otros, afirma, son obligados brutalmente a entrar en el negocio. Los miembros de los cárteles amenazan a los trabajadores a punta de pistola para cuidar los cultivos o amenazan con matar a miembros de su familia en México si no terminan la cosecha. Dado que los trabajadores no son ciudadanos estadounidenses, los cárteles saben que no es probable que acudan a la policía en busca de ayuda. La mayoría de ellos teme decir a los investigadores para quién trabajan o actuar como testigos. “Si les digo, me matarán”, le dijo un cultivador a un oficial retirado de Calaveras, que habló con la condición y mantenerse en el anonimato debido a que piensa que miembros del cártel lo acosan a él y a su esposa.
En Calaveras, el alguacil DiBasilio afirma que es muy difícil arrestar a las personas que cultivan ilegalmente. “Hemos realizado cientos de vuelos” en helicóptero sobre granjas de marihuana, afirma. “Pero tan pronto como oyen que venimos, desaparecen”. De los cultivadores que han atrapado, dice DiBasilio, la inmensa mayoría son indocumentados.
Las autoridades de Calaveras nunca han recibido una confesión de granjeros que los relacione con los cárteles mexicanos. Sin embargo, Frick y la oficina del fiscal general de California piensan que la marihuana ilegal se incorpora a la red de distribución nacional coordinada por organizaciones como el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana. ¿Alguna prueba? Llamadas telefónicas y transferencias de dinero que viajan hacia el sur, a la frontera.
Frick y otras autoridades también señalan los ídolos religiosos que encuentran con tanta frecuencia en las granjas de marihuana. El oficial retirado de aplicación de la ley de Calaveras dice que él y sus colegas solían encontrar estatuas de Jesús Malverde, un supuesto santo narco del estado mexicano de Sinaloa, en las granjas ilegales del Condado de Calaveras County después de sus incursiones. La leyenda dice que Malverde era un personaje al estilo de Robin Hood en el siglo XIX. Los cárteles utilizaron por primera vez su imagen en la década de 1980 como una hábil campaña de relaciones públicas para indicar que su imperio criminal había sido construido para dar oportunidades económicas a los pobres del país. No todos los seguidores de Malverde son criminales, pero en Estados Unidos, las autoridades lo consideran como un emblema del tráfico de drogas por parte de cárteles mexicanos. En 2010, cuando varios policías de Chicago detuvieron un automóvil que llevaba cocaína con un valor de 19 millones de dólares, afirman que lo que les dio la señal fue la estatua de Malverde en el tablero.
Cuando los organismos de aplicación de la ley comenzaron a investigar a los cuatro hombres golpeados que escaparon de aquella granja ilegal de marihuana de Calaveras, visitaron los domicilios relacionados con las dos mujeres sospechosas de dirigir la operación. En una de las casas, encontraron un altar dedicado a otra santa folclórica relacionada con los traficantes de drogas: la Santa Muerte (miembros de los organismos de aplicación de la ley ha descubierto esa figura al realizar redadas contra traficantes de personas, operaciones de la pandilla MS-13 y redes de narcotráfico a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos).
Sin embargo, algo más alarmante que esas figurillas folclóricas fue lo que encontraron en la granja: montones de basura, sucias lonas negras y una cabaña de troncos improvisada donde los cuatro hombres vivían en condiciones infrahumanas. Estos cultivadores contaminaban el bosque, al tiempo que obtenían una enorme ganancia: un intercambio que ocurre en las granjas ilegales de todo el norte de California.
MÁS DE SEIS TONELADAS DE VENENO PARA ROEDORES
Varias horas al norte de Calaveras, en lo profundo de los bosques públicos a lo largo de la frontera entre California y Oregón, 12 toneladas de basura plástica, miles de kilogramos de fertilizantes y más de 36 kilogramos de veneno para roedores y pesticidas tóxicos yacen diseminados entre enormes pinos y robles, convirtiendo a este paraíso en un vertedero.
Mourad Gabriel, patólogo de la vida silvestre que dirige el Centro de Investigación Integral sobre Ecología, encontró por primera vez esta granja ilegal de marihuana en 2015. Describió sus inmundas condiciones en un artículo de investigación no publicado que me permitió leer. Gabriel calcula que las organizaciones criminales vierten cada año más de seis toneladas de veneno para roedores y más de 340 toneladas de fertilizantes químicos solubles en agua en el suelo de terrenos protegidos por el gobierno. Estos cálculos se basan en su trabajo de campo realizado en más de 120 granjas ilegales de marihuana en siete condados del norte de California.
En estos sitios, Gabriel también ha encontrado los cuerpos secos y envenenados de osos, ciervos y pumas. Uno de los químicos que matan a estos animales: carbofurán, un pesticida cuyo uso es ilegal en los cultivos de Estados Unidos, aunque todavía puede comprarse por internet. “Los cultivadores suelen almacenar el concentrado, de color rosado como goma de mascar, en botellas de refresco y de Gatorade”, escribieron Gabriel y sus colegas en un reciente artículo de opinión publicado en la revista The Wildlife Professional. “Una sola gota basta para matar a un ser humano adulto”.
Este investigador ha hablado con hombres que han sido sorprendidos atendiendo granjas ilegales de marihuana para averiguar por qué utilizan químicos poderosos. “Les pregunto: ‘¿Dónde aprendieron esos mecanismos para envenenar la vida silvestre?’ Y ellos responden: ‘Eso es lo que hacemos en nuestra tierra’”, es decir, en México.
Parte del argumento de la legalización es que, al regular y asignar un impuesto a la marihuana, se podrían asignar a los organismos de aplicación de la ley de California los fondos que necesitan para erradicar las granjas ilegales. Sin embargo, Gabriel piensa que podrían pasar años antes de que dichos organismos puedan afectar, aunque fuera mínimamente, a esas plantaciones ilegales que, según cálculos, surgen por cientos cada año. Señala al Condado de Humboldt, a unas cinco horas al noreste de Calaveras, donde las autoridades revisan 2,300 solicitudes de cultivadores que desean comenzar a vender en el
mercado recreativo de California. Sin embargo, se calcula que ahí también existen 12,700 granjas ilegales.
No todos esos granjeros tienen relación con los grupos de narcotráfico de México. Pero lo que alarma a Gabriel, además del daño ambiental, es el número de armas de fuego. En 2012, dice, encontró armas en dos de las 20 granjas ilegales de marihuana que investigó. Ahora, las encuentra prácticamente en todos los sitios. “No se trata de un par de abuelos cultivando en las colinas”, dice Gabriel. “Se trata de… organizaciones de narcotráfico que están ahí para proteger su inversión”.
¿UNA MAYORÍA SILENCIOSA Y SOBRIA?
Los activistas antimarihuana de Calaveras dicen que el flujo de armas de fuego y de contaminación tóxica es una razón suficiente para prohibir toda la industria, y la mayor parte del gobierno del condado, ocupado por conservadores, respalda su causa. En noviembre pasado, más de 40 residentes acudieron a una pequeña reunión del gobierno del Condado de Calaveras, en la que el Comité de planificación del condado trabajaba en una propuesta para limitar el número de granjas comerciales de marihuana a únicamente 50. Si se convirtiera en ley, expulsaría a cerca de 150 granjeros que ya han puesto en marcha operaciones legales de marihuana, pero no afectaría en nada a las entre 700 y 1,500 granjas ilegales de ese condado.
La reunión se polarizó rápidamente. Mientras los cultivadores de marihuana y los activistas en contra de ella compartían sus opiniones sobre la ordenanza, las personas abucheaban y lanzaban rechiflas por todo el pasillo, gritándoles a los oradores que se sentaran e insultando a los funcionarios cuando estos comentaban algo a favor o en contra de la propuesta. “¡Protéjannos!”, gritó un cultivador de marihuana en un momento durante la sesión de ocho horas. “¡Protéjannos!”, respondieron los activistas antimarihuana.
En la esquina más lejana, entre los activistas antimarihuana, se encontraba Bill McManus, un hombre con un vientre prominente y un ligero acento al hablar, cuyo bigote blanco presenta manchas de color marrón amarillento debido a su consumo de tabaco. Él y su colega David Tunno son los líderes de facto del movimiento antimarihuana del condado. Se autodenominan portavoces de la “mayoría silenciosa” que desea expulsar las granjas de marihuana. El año pasado, recolectaron más de 5,000 firmas a favor de una propuesta de prohibición, las cuales bastaron para poner esa propuesta en consideración de los supervisores del condado. Y Tunno dice que ese número pudo haber sido mucho mayor. “Muchas de esas personas están tan malditamente asustadas que no nos ayudan. No quieren que su nombre se relacione con nuestra causa”.
Los rancheros locales patrullan sus tierras con chalecos de Kevlar, temerosos de toparse con algún grupo armado
Tunno y McManus obtienen apoyo con historias de residentes de Calaveras que conducen accidentalmente hasta llegar a una granja ilegal, donde hombres armados se acercan a su auto y los amenazan con descubrir dónde viven si no se retiran. O los rancheros locales que patrullan sus tierras con chalecos de Kevlar, temerosos de toparse con algún grupo armado. “Ya no podemos disfrutar nuestra propiedad. No podemos salir a caminar. No dejamos que nuestros nietos monten sus ponis, sus bicicletas o sus motos”, dice McManus. “Ya no podemos hacer nada de eso porque es demasiado peligroso”.
Y no solo la facción antimarihuana desea la eliminación del mercado negro. Burch Shufeldt, un cultivador de hierba registrado, afirma que ha tenido encuentros con cultivadores de los cárteles cerca de su propiedad. Me mostró lo que, según afirma, eran los restos de un cultivo de los cárteles en el bosque de Stanislaus, un espacio lleno de vasijas y sartenes, fertilizantes químicos y mangueras negras, y me llevó a la cima de un monte por encima de su cabina aislada. “Uno sube por la colina en su cuatrimoto, y puede ver esa enorme camioneta Escalade justo allí”, dice.
Seis cultivadores de marihuana registrados a los que entrevisté afirman creer que los cárteles mexicanos están activos en Calaveras. Sin embargo, desean que la marihuana siga siendo legal, no solo porque así se ganan la vida, sino porque sus impuestos ayudan a combatir a las granjas ilegales. “Por un lado, está el mercado negro duro, con integrantes del crimen organizado”, dice Cas Tomaszewski, exdirector de la Alianza de la Cannabis de Calaveras. “Y por el otro, están los cultivadores con hijos que han venido haciendo esto durante años”.
Una prohibición total y completa del cultivo de marihuana perjudicaría en gran medida a la economía local, afirma, y podría producir aún más violencia relacionada con las drogas. La prohibición del cannabis comercial significaría la pérdida de una contribución multimillonaria en impuestos para el condado y sus oficiales de aplicación de la ley, que utilizaron los fondos fiscales derivados de la marihuana para hacer redadas en cerca de 40 granjas ilegales e incautar alrededor de 30,000 plantas de marihuana en 2017. “Tenemos suerte de que alguien quiera vivir en este condado”, dice Harper, de la Alianza de la Cannabis de Calaveras, que está a favor de la legalización. “Y que desee detener algo que proporciona millones de dólares”.
Independientemente de lo que resulte del impulso del gobierno de Trump para imponer leyes federales sobre la marihuana, el condado tiene hasta febrero de 2018, cuando expira su ordenanza actual sobre las granjas de marihuana, para ponerse de acuerdo. Fuera de la reunión de planificación del condado, McManus y un pequeño grupo de activistas antimarihuana hablaban acerca del siguiente paso en su prolongada campaña. Habían saturado las carreteras del condado con letreros antimarihuana, asistieron a cientos de reuniones de supervisión del condado y visitaron tiendas que servían a la industria de la hierba para arremeter contra sus dueños. Ahora, su plan consiste en sentarse y esperar. Al igual que Colorado, afirma McManus, California se dará cuenta de que la legalización y una mayor cantidad de impuestos no son suficientes para expulsar al mercado negro. “Creo que tiene que doler un poquito antes de que las cosas se pongan mejor”, dice.
Una de las activistas antimarihuana junto a él abre un compartimiento en su bolso para mostrarme su primera pistolera. Sin importar lo que decida el condado, me dice este grupo, su única opción es protegerse a ellos mismos de los cultivadores de marihuana armados que ahora son sus vecinos de al lado. “Nos estamos militarizando”, dice un ganadero local, que pidió mantenerse en el anonimato por temor a ser confrontado por cultivadores criminales. “Todos estamos consiguiendo armas más grandes, todos estamos consiguiendo perros más grandes [y] estamos colocando puertas eléctricas más grandes”.
