En una publicación hecha por Grupo México, se especifica que, personal armado de la Secretaría de Marina, ocupó las instalaciones de Ferrosur S.A. de C.V., en el tramo Coatzacoalcos – Medias Aguas.
El Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el decreto por el que se ordena la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria.
El comunicado continúa diciendo: “La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizado por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”.
“La empresa continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir con base en sus obligaciones como empresa pública”, concluye la misiva.
La publicación del DOF refiere que, se ha determinado que el tramo del ferrocarril de Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz, es considerado “de utilidad pública” y será transferido a una entidad gubernamental llamada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Esta nueva entidad estará a cargo de las Fuerzas Armadas y será responsable de operar dicho tramo ferroviario.
Sin embargo, fuentes nacionales señalan que, esto se debe a que hubo un desencuentro más entre López Obrador, y el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea.
En redes sociales se leen comentarios sobre que el mandatario mexicano comenzara con una dictadura y preocupa a líderes de opinión que, por no cumplirse “sus caprichos”, López Obrador tome venganza y se rompa acuerdos contractuales, ya que si bien la propiedad no pertenece a la empresa de Larrea, si hay un contrato que aún no ha terminado para que esta pueda realizar diversas operaciones en el lugar.
Como es bien sabido las tensiones en torno a los temas ferroviarios entre Grupo México y López Obrador han sido recurrentes. En noviembre del año pasado, el presidente confirmó la decisión de retirar a la empresa del proyecto de construcción del tramo Tulum-Playa del Carmen del Tren Maya debido a incumplimientos en los plazos establecidos. Esta medida provocó la reacción pública de Larrea, quien anunció su intención de presentar una demanda contra el Gobierno.
Se tienen reportes de que Larrea tuvo dos encuentros consecutivos con López Obrador. El primero ocurrió el martes por la tarde, cuando asistió a una comida en Palacio Nacional como parte del Consejo Asesor Empresarial. Al día siguiente, se llevó a cabo una reunión privada entre el Presidente y el empresario.
Eso habla sin duda alguna del fin de la democracia, y tiene implicaciones graves, porque al igual que se han ido reproduciendo otras conductas negativas como la ocultación de datos y la militarización, esto también puede ser reproducido en las escalas de poder estatal y municipal. Por lo que no está de más señalar que estas tensiones y acciones pueden tener implicaciones más amplias en la democracia y la gobernanza. La ocultación de datos, la militarización y las decisiones basadas en intereses personales o políticos pueden socavar los principios democráticos y generar preocupaciones sobre el abuso de poder. N
