Puebla, Pue. Desde el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, se buscó evitar pagar los 2 mil 700 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) gasto que se generó por una obligación financiera que se tenía desde el 2015, esto por un mal proceso administrativo que ocasionó un litigio que fue heredado, según lo informó el consejero Jurídico del Gobierno Estatal, Jonathan Ávalos.
Agregó que “los abogados del estado de este gobierno agotaron todas las instancias jurídicas hasta el resultado que todos conocemos”.
Por su parte, el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, dijo que el origen de todo esto fue el haber contratado a una empresa asesora que propuso al Estado en su momento evadir este pago y el Estado decidió no pagar, cuando no tuvo nunca la razón la empresa. Lo que sucedió después fue la acumulación de pagos.
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Jonathan Ávalos explicó que en 2019, en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, por medio de la Procuraduría Fiscal, obtuvo una nulidad lisa y llana, es decir, esta sentencia es determina la ineficacia de un acto administrativo al carecer de los requisitos esenciales exigidos para su realización o para su debida existencia jurídica, quedando anulado el acto o resolución administrativa que impuso el SAT.
Sin embargo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) promovió un recurso de revisión fiscal en contra de esa sentencia, y un Tribunal Colegio en materia administrativa revocó esta determinación, que señalaba el gobierno de Puebla no tenía que hacer este pago.
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“El año 2019 el gobierno del estado por medio de la Procuraduría Fiscal obtuvo una nulidad lisa y llana en contra de la determinación que fincaba este crédito, sin embargo, el propio servicio de administración tributaria promovió un recurso de revisión fiscal en contra de esa sentencia, y un Tribunal Colegiado en materia administrativa revocó esta determinación, que determinaba la nulidad lisa y llana, la estrategia fue la misma desde el gobierno interino hasta la que este gobierno por medio de la Procuraduría Fiscal intentó”, dijo.
Dijo que, posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo del Tribunal Colegiado, con ello el gobierno se vio obligado a hacer este pago al SAT.
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“Después de esa resolución la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo del Tribunal Colegiado en el cual no fue benéfico para los intereses del estado, contra esa determinación la Procuraduría Fiscal interpuso un amparo directo como última instancia como último juicio de control constitucional y desafortunadamente confirmó el fallo de la Sala Superior”, dijo.
Cabe mencionar que este caso data del 2015, se generó en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien contrato el despacho en asesoría fiscal “Sistema Lac”, que recomendó pedir la devolución de impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), correspondientes a 2008 y 2009.
No obstante, para el 2018 el SAT declaró que la devolución de recursos fue incorrecta, dado que el gobierno lo sustentó en normas retroactivas de 2008, pero fue hasta el 2011 cuando Puebla se adhirió a las disposiciones fiscales.
Con información de Diario Puntual
*BC
