Si bien la criptomoneda más conocida en estos tiempos -bitcóin- surgió en 2009, existieron concepciones sobre sistemas criptográficos monetarios electrónicos desde los años 1980. Debido a que el interés de la población respecto a la criptomoneda se incrementó de forma muy importante, la manifestación de una postura por parte de las autoridades financieras mexicanas se tornó inevitable.
En marzo de 2014, el Banco de México (Banxico) emitió un comunicado cuyo objetivo principal fue advertir al público sobre los riesgos que conlleva el uso de activos virtuales (que es el término usado formalmente por las autoridades financieras y, ahora, en el marco normativo).
De dicho comunicado se destaca lo siguiente:
1. Banxico procuró dejar muy clara la desvinculación entre las criptomonedas y dicha institución (y el sistema financiero mexicano que regula). Banxico insistió en que las criptomonedas no son emitidas, reguladas, supervisadas ni respaldadas por Banxico, y su uso por parte de las instituciones financieras mexicanas se encontraba prohibido.
2. Las criptomonedas no son moneda de curso legal ni divisas, y no tienen poder liberatorio. Es decir, nadie está obligado a aceptar criptomonedas como medio de pago.
3. El riesgo de pérdidas monetarias es latente considerando que el valor de las criptomonedas depende de la confianza de los usuarios. Es decir, es sumamente sensible a diversos eventos fuera del control de los tenedores.
4. La exposición a riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es alto, considerando el carácter anónimo de las criptomonedas.
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Posteriormente, en 2017, Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera conjunta publicaron un nuevo comunicado. En este reiteraron la advertencia emitida en 2014 y alertaron, de manera preventiva, sobre un tipo de esquema de financiamiento detectado recientemente (Oferta Inicial de Monedas, Initial Coin Offerings o ICO), generalmente relacionado con la emisión de un nuevo activo virtual o el desarrollo de plataformas digitales para realizar diversas transacciones.
Asimismo, se manifestó la intención de las autoridades mexicanas de mantener actualizada la normatividad en función de los intereses del público. Prueba de ello era que en ese momento estaba en discusión, en el Congreso de la Unión, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
Dicha ley se hizo realidad en 2018, regulando, principalmente, instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo y —los tan esperados— activos virtuales.
La cuestión fue que solo se permitió a las instituciones de tecnología financiera operar con los activos virtuales que determinara Banxico. Este determinó que las instituciones de tecnología financiera y las instituciones de crédito únicamente podrán usar activos virtuales en sus operaciones internas, es decir, tienen absolutamente prohibido celebrar operaciones con activos virtuales con el público.
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En resumen: Banxico determinó que, al menos por ahora, se debe mantener una sana distancia entre los activos virtuales y el sistema financiero mexicano.
Banxico ha sido objeto de fuertes críticas por esa posición conservadora, pero debemos reconocerlo: esa es la postura generalizada de autoridades financieras de diversos países e, incluso, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (hay excepciones como El Salvador).
También debemos reconocer que no se ha buscado satanizar a la criptomoneda. Las autoridades permitieron expresamente a los particulares realizar operaciones entre ellos y así ha sucedido: hay operaciones relevantes en criptomoneda, se han instalado cajeros automáticos de criptomoneda en México, y el tema sigue en boca de todos.
Veo la postura de las autoridades financieras como una muestra de cautela ocasionada, en parte, por circunstancias ocurridas en el pasado por las dos principales características de la innovación financiera: complejidad y apalancamiento (todavía no olvidamos la crisis de los subprime y los instrumentos financieros complejos, innovadores y creativos que pusieron a varias empresas contra las cuerdas).
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Un punto importante que las autoridades están procurando evitar es avalar un instrumento que podría ser potencialmente usado para fines delictivos. Dígase lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Sí, hay regulación al respecto, pero nada será verdaderamente eficaz hasta que no haya un ordenamiento global, coordinado y consistente entre las diversas jurisdicciones.
Otra cosa que debemos tener en el radar: Banxico ha anunciado que está trabajando en una moneda digital. Dos cosas importantes qué considerar al respecto:
1. No, no se trata de una criptomoneda (ni siquiera se trata de una stable coin).
2. De los diferentes objetivos que se buscan al emitir monedas fiat digitales, parece que la que emita Banxico solo tendrá como objetivo reemplazar (no de manera absoluta) el efectivo por un medio de pago más eficiente. Pero eso será materia de otra discusión. N
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Linda García de Alba Gayón es asociada en Del Castillo y Castro Abogados. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
