La corrupción es definida en términos prácticos como los actos de abuso del poder público para obtener un beneficio particular o personal. Se encuentra presente de diversas formas en la sociedad, por lo que prácticamente todos los sectores pueden estar expuestos de una u otra manera a ella.

Los centros penitenciarios no son la excepción, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se estima que 37 mil 939 personas privadas de la libertad han sido víctimas de algún acto de corrupción, lo que representa el 17.2% del total.

En Aguascalientes se tiene un registro de 65 internos de los centros penitenciarios, mayores de 18 años de edad que reconocieron haber participado en algún acto de corrupción desde el momento de su reclusión.

Con esa cantidad, la tasa de personas privadas de la libertad que se han visto inmersas en actos de corrupción en Aguascalientes es de 33 por cada 1,000 personas en reclusión, la cual es una de las más bajas a nivel nacional.

Por encima de la entidad únicamente se ubican las prisiones de Jalisco y Guanajuato, en donde se tienen tasas de 13 y 30 personas privadas de la libertad inmersas en actos de corrupción por cada 1,000 internos en centros penitenciarios.

De acuerdo a la encuesta, en el panorama nacional los actos de corrupción más comunes, por los que los internos pagaron alguna remuneración, bienes o permisos, son: el pase de lista (55.3%), permiso para tener aparatos electrónicos (43.2%), cambio de celda (34.0%), pago por abastecimiento de agua potable (31.9%), recibir medicamentos (30.0%), tener acceso a un teléfono (24.3%) y acceder a visitas íntimas (21.9%), entre otras acciones.

De los 65 casos de Aguascalientes, en 41 se pagó una cantidad de dinero a personal de seguridad de custodia, en 17 casos a personal técnico y administrativo del centro penitenciario y en 15 ocasiones a otros internos que ejercen dominio al interior de la prisión.

En el 42% de los casos se pagó una cantidad no mayor a 500 pesos, en el 18.8% entre 500 y 3 mil pesos y en un 17.2% se pagaron más de 3 mil pesos por el servicio, privilegio o favor recibido.

Un aspecto a tomar en cuenta es que a pesar de haber sido objeto de un acto de corrupción sólo en dos casos de los 65 que se contabilizaron por el INEGI, se denunció ante las autoridades correspondientes, mientras que el 97.1% de los eventos quedaron en la impunidad.

Las principales razones para no denunciar fueron la normalización de la corrupción al interior del sistema penitenciario, temor a represalias, inutilidad y desconocimiento de las instancias para presentar las denuncias.