UNA niña de 11 años que fue violada en Bolivia por el padre de su padrastro no ha podido ejercer su derecho al aborto debido a la intromisión de la Iglesia católica, personal médico y autoridades locales, denunció la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, la Defensoría aseguró que emprenderá medidas legales para que “se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor, ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”.

La menor, con 21 semanas de embarazo tras ser abusada en el poblado de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz (este), no ha accedido al aborto por la incidencia de personal médico de un hospital local, del arzobispado católico de la región y de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní.

Sobre la problemática, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció este jueves la presentación de acciones legales en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años de edad.

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“La Defensoría del Pueblo, en el marco de su compromiso institucional con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar acciones legales”, anunció en conferencia de prensa.

Las acciones que se están presentando y que tienen la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor son: una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares.

“Estamos presentando una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que ha intervenido, para que la instancia competente, es decir, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, detalló la autoridad defensorial.

Dijo, además: “Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se apliquen medidas cuatelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano”.

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Y añadió que “la suspensión de la interrupción legal del embarazo está generando una afectación que puede ser irreparable a la vida, salud, integridad de esta menor”.

“SOMETER A UNA NIÑA A EMBARAZO FORZADO ES TORTURA”

El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia se pronunció este jueves y recordó que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura” ante los casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años en el país.

“La ONU pide al Estado que active los mecanismos de protección, incluidos los servicios de salud, para garantizar que se cumplen las normas internacionales y nacionales vigentes sobre los derechos de las niñas.

“Recuerdan que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer y por el Comité Contra la Tortura”, señaló.

Según informaciones de prensa, el debate sobre el aborto se ha avivado en el país después de que la semana pasada se conociera el caso de la menor.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, sostiene la ONU. N