A POCAS semanas de haber sido promulgada en Argentina, la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya ha recibido un primer revés en la provincia de Chaco, donde este jueves una jueza decidió suspenderla a raíz de una medida cautelar interpuesta por un grupo de conservadores.
La jueza Marta Aucar, del juzgado 19 de Chaco, decidió “hacer lugar a la medida cautelar peticionada” y “disponer la suspensión de la aplicación de la ley” de aborto en el territorio de la provincia, “hasta tanto se resuelva la acción principal”, indica el fallo.
Los promotores de la medida cautelar argumentan que la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, aprobada por el Congreso el 30 de diciembre tras un histórico debate y promulgada por el presidente Alberto Fernández el 14 de enero, “es contraria a las normativas de Chaco”.
La práctica abortiva “restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia, el ejercicio y goce del derecho a la vida del niño por nacer, protegido por nuestro ordenamiento jurídico desde la concepción”, indica su alegato.
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Por ahora, para obtener vigencia, el fallo debe ser notificado formalmente a la provincia de Chaco, la cual podría apelar la decisión.
“Somos respetuosos del Estado de derecho y respetamos los procesos judiciales. Llegado el momento contestaremos de tal forma”, escribió en su cuenta de Twitter la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Carolina Centeno.
“La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”, sostuvo.
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Para la abogada Soledad Deza, la medida cautelar contra la ley de aborto “no tienen fundamentos jurídicos, está destinada al fracaso”.
Consultada por la AFP, la abogada explicó que “Argentina es un país federal, entonces no sería legítimo que Chaco tuviera un estándar de derechos humanos más bajo que el resto de las provincias”.
“Eso lo que implica, en términos jurídicos, es ignorar la supremacía constitucional en nuestra forma de organización política”, explicó a la agencia. N
