En el país se debe crear una Ley General sobre el uso de la fuerza y las
armas de fuego por parte de elementos de seguridad para tener una buena
regulación de ambas, a fin de garantizar la integridad de los derechos
de las personas, así lo expuso Susana Pedroza de la Llave, comisionada
federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Al participar en el XXV Congreso de Derecho de Justicia Global “Los
Retos del Siglo XXI” de la UDLAP, opinó que una Ley General en la
materia daría la oportunidad de contar con las mismas reglas, los mismos
sistemas de capacitación y la certificación para todos los niveles de
gobierno, lo que haría más eficaz el trabajo de los policías.
“A mí como me encanta el estado de las leyes federales, que dirán esas
cuáles son, pues van para las instituciones federales, no se meten en
los estados, luego tenemos las leyes estatales que solo son para la
entidad federativa, pero los derechos humanos se están regulando a
través de leyes generales”, dijo.
Pedroza de la Llave expresó que también es importante seguir el código
de conducta de los funcionarios públicos para hacer cumplir la ley, que
incluye algunas disposiciones como proteger a las personas contra actos
ilegales; respetar la dignidad humana; así como usar la fuerza solo
cuando sea estrictamente necesario.
En este sentido, sugirió leer una de las recomendaciones que emitió la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al estado de Puebla por el
enfrentamiento que se dio entre policías y habitantes de la junta
auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio del año pasado.
El punto está enfocado a impartir un programa integral de capacitación y
formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), que ponga especial énfasis en el Uso Legítimo de la
Fuerza.
Finalmente, abundó que un ejemplo es sobre la ley general de víctimas
que es aplicable para todos los estados de la República, así como para
el Distrito Federal y todos los municipios.
Cabe recordar que en el mes de mayo de 2014, el Congreso local aprobó la
Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la
Fuerza de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado,
conocida como Ley Bala, que sufrió algunas modificaciones luego del caso
Chalchihuapan.
