Este reportaje forma parte de una serie que se titula “Castigar la libertad”, publicado originalmente por la organización CIMAC. La serie reúne 10 historias sobre el aborto en diferentes entidades de México.

En Baja California, las mujeres que deciden abortar tienen que burlar a las autoridades. Algunas cruzan a California para realizarse el procedimiento en uno de sus hospitales, mientras que otras viajan a la Ciudad de México para solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Pero la mayoría aborta en su casa.

Suelen utilizar un medicamento de venta libre llamado misoprostol, y a menudo recurren al acompañamiento de colectivas feministas que les dan asistencia física y virtual, como Las Confidentas, Bloodys y Projects, Las Borders, Siemprevivas, Mujeres Tierra y Las Centinelas.

“En lugares donde está tan restringido el aborto surgen colectivas que respondemos a los vacíos que deja el Estado”, señaló Sofía Garduño Huerta, una de las coordinadoras del Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).

En los últimos meses, el número de abortos en los hogares aumentó, aseguró Natalia Espinosa Flores, vocera de Las Confidentas. En 2019 acompañaron a 213 mujeres, pero en esta temporada de contingencia han recibido hasta 45 solicitudes al mes. “Los números han aumentado. Ya se preveía, ¿no? Un incremento de embarazos no deseados durante la pandemia”.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud capitalina, 70 mujeres de Baja California accedieron a la ILE en la CDMX desde 2007 hasta julio de 2020.

Desde 2009, cuando se creó el Fondo MARIA, esta organización ha apoyado a 115 bajacalifornianas para que aborten en clínicas públicas y privadas de la CDMX y, principalmente, en sus casas. Solo en 2019, Las Confidentas y Bloodys y Projects, ubicadas en Tijuana, estiman que brindaron 549 acompañamientos y asesorías a mujeres que pidieron ayuda para interrumpir su embarazo con medicamento.

“Las mujeres están abortando acompañadas de colectivas, también habrá otras que lo hagan solas o con información que encontraron en redes sociales, pero sucede fuera del brazo estatal”, subrayó Garduño Huerta.

Érika* tenía 21 años cuando supo que estaba embarazada y decidió abortar con misoprostol, un medicamento avalado por la Organización Mundial de la Salud. “Vi que lo podía hacer aquí en Tijuana con pastillas y me dije: ‘Bueno, será lo que tenga que ser’”.

Por su experiencia familiar, desde pequeña nunca deseó tener descendencia. Es hija de madre soltera y apenas contaba siete años cuando su hermana mayor, entonces de 16, presentó un embarazo y el padre no se hizo responsable.

“Fue un referente de algo que yo no quería para mí”, relató Érika. “Me sentía muy segura de lo que estaba haciendo. No fue un proceso tan complicado emocionalmente. Me parecía mucho más egoísta traer a un ser vivo que no quería”.

Su proceso lo llevó acompañada por una amiga y por una colectiva que, por internet, la guió con información sobre dosis, preparación y otras dudas. “Fue bastante doloroso. Tuve temperatura, diarrea, cólicos muy fuertes y mucho sangrado. Las chicas (de la colectiva) me dijeron que no tenía que empapar más de una toalla por hora, que si eso pasaba debía ir al médico y decir que no sabía qué me ocurría, porque si se enteraban de que me había provocado el aborto, podía haber una acción legal”.

El Código Penal de Baja California impone penas de uno a cinco años de prisión a las mujeres que cometen el delito de aborto, y de tres a diez años al “médico, cirujano, partero, enfermero o practicante” que lo realice, junto con una suspensión de dos a cinco años del ejercicio de su profesión.

El aborto no es punible cuando el embarazo es resultado de una violación o una inseminación artificial no consentida, si la embarazada corre peligro de muerte, y si el aborto se produce por una conducta imprudente de la mujer encinta. 

“Pero el estado no está respetando estas causales, hay muchos mecanismos por los que se impide o dificulta el acceso a este servicio”, afirmó Marisol Anzo Escobar, doctoranda en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte, quien desde hace seis años trabaja en temas como el aborto y la maternidad deseada. 

Una de las formas en que se les niega a las mujeres interrumpir su embarazo, agregó, es cuando el personal médico de los hospitales alega objeción de conciencia.

A nivel nacional fue relevante, en 1999, el caso de Paulina, quien tenía 13 años cuando fue violada en Mexicali por dos hombres, quedó embarazada y fue atemorizada por autoridades médicas y judiciales para que renunciara a su derecho legal al aborto.

Un caso más reciente se registró en 2016. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California fue notificada, a través de una queja, de que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado no autorizó un aborto en Mexicali pese a que se trataba de un caso de violación.

La reforma aprobada en 2016 a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que permite a las mujeres mayores de 12 años, víctimas de violación, acceder a la ILE sin necesidad de levantar una denuncia en el Ministerio Público, fue impugnada por los congresos de Baja California y Aguascalientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2019, las y los ministros avalaron esta normativa en todo el país.

Pero un año después del fallo, la Secretaría de Salud (SS) estatal insiste en que es la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) la que debe aprobar el acceso a la ILE bajo la NOM-046 o las causales del Código Penal. “Es el órgano encargado de absorber y generar estos permisos a través de la denuncia emitida por la afectada”, respondió vía transparencia Hilda González Cerda, jefa estatal del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva del Instituto de Servicios de Salud Pública del estado.

En 2019, la FGEBC autorizó mil 433 abortos por alguna de las causales establecidas en el Código Penal, 100 más de los que se realizaron el año anterior, según cifras de la SS.

Ni el Sistema de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado ni el Sistema Estatal Penitenciario reportaron, vía transparencia, casos de mujeres que actualmente cumplan una sentencia por aborto. Pero tan solo de enero a agosto de este año, la FGEBC abrió 28 carpetas de investigación por ese delito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2019 se investigaron 57 casos.

“Desafortunadamente, es nada más un conteo y no es un registro desagregado de las carpetas; entonces, no podemos saber si estas personas son mujeres que decidieron interrumpir su embarazo o personal médico que las asistió. Ahí existe un primer vacío”, explicó la abogada Karen Luna Rodríguez Bueno, coordinadora de Investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En su informe de 2018, “Maternidad o castigo”, el GIRE consignó que, de enero de 2015 a mayo de 2018, Baja California registró 5.4 averiguaciones previas por aborto por cada 100 mil mujeres de 15 a 45 años. Fue la entidad con la tasa más alta del país.

Algunas mujeres que abortaron podrían estar cumpliendo sentencias bajo otros cargos, como homicidio calificado, alertó Rodríguez Bueno. “Vimos algunos casos así a nivel nacional. Son mujeres que tienen contextos similares: situaciones económicas precarias, violencia familiar y un proceso penal plagado de irrregularidades”.

Marca social

Patricia* supo que estaba embarazada en abril de 2016. Había terminado la licenciatura y pensaba en cursar un posgrado, pero tomó la decisión de abortar porque no deseaba ser madre. Cruzó a San Diego, California, y fue a una clínica de Planned Parenthood. “Jamás lo hubiera hecho en México”, dijo. “Enfrentar a la justicia era lo que me daba más miedo”. 

Una resistencia con la que se encontró en Tijuana fue médica, de su ginecólogo. “Le tengo coraje por lo que hizo, pero no afectó en nada mi decisión. Me puso a oír los latidos, me dijo el sexo del bebé sin que yo se lo preguntara, y me pidió varias veces que volteara a ver el monitor diciéndome: ‘Bienvenida al club de las mamás’”.

Estaba a punto de cumplir los cinco meses de gestación. No se había dado cuenta antes de su embarazo porque su periodo es irregular. “Le dije (al doctor): ‘Bueno, ¿qué puedo hacer? No quiero tenerlo’, y me contestó: ‘Pregúntale a tu pareja’ y ‘¿No estarás mal de la cabeza?’. Fue muy agresivo. Obviamente nunca volví”.

Pudo haber tomado misoprostol, pero el riesgo de una complicación grave es mayor en etapas avanzadas del embarazo, según un estudio publicado en la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia.

“Mis amigos y conocidos médicos me dijeron: ‘Ve al mejor lugar que puedas’. Y ya en automático sabía que Estados Unidos era la mejor opción para mí. No soy residente ni ciudadana, nada más tengo visa de turista”, aclaró.

“Estaba a tres semanas del límite de California para hacerme el procedimiento”. Abortar le costó 2 mil 400 dólares (más de 43 mil pesos en 2016). “Se me inflamó mucho el vientre, pero todo bien. Al día siguiente sangré como en una menstruación de pesadilla. Me cambiaba la toalla cada dos horas, u hora y media”.

Patricia decidió compartir su testimonio porque piensa que silenciarlo no hará que otras mujeres dejen de abortar. “No voy a esconder algo que un chorro de gente hace. Me causa conflicto ocultar mi nombre, pero si lo hago es porque me preocupa el trabajo”. 

La SS estatal registra cuatro muertes de mujeres en los últimos cinco años por complicaciones al abortar, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía consigna 12 casos de 2010 a 2019.

Además del castigo penal por abortar, persiste el estigma social. Algunas mujeres temen contárselo a sus nuevas parejas, a su familia, o a sus empleadores por el miedo de que al enterarse las despidan. 

“Hay gente que se cree con el derecho de decidir por ti qué es lo que tienes que hacer, cuando la única persona que lo sabe al 100 por ciento eres tú”, afirmó Érika.

Las mujeres quedan “marcadas socialmente” si cuentan que se realizaron un aborto, consideró, mientras que los hombres suelen callar. “Para mí era complicado pensar en tener una relación y saber si tenía que contar que había pasado por ese proceso”.

Falta de voluntad política

La diputada local Miriam Cano Núñez, de Morena, ha llevado durante sus comparecencias en el Congreso un pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal. Tras sus apariciones, dice que ha recibido mensajes agresivos de ultraderechistas que le exigen proteger las “dos vidas”: a la mujer y al producto.

Baja California fue gobernada durante 30 años por el conservador Partido Acción Nacional, hasta que fue desplazado en 2019 por Morena, que también obtuvo la mayoría en el Congreso junto con sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo, y Transformemos.

Las y los legisladores no han presentado iniciativas para la despenalización del aborto, por lo que el tema no figura en la agenda del Congreso. En entrevista, Cano Núñez mostró una propuesta que aún no presenta. Dijo que no cree que en el Pleno estén listos para su aprobación en un futuro cercano, pues todavía no se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque ya hubo dos votaciones. 

El pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, marcharon 200 mujeres en Tijuana para exigir su despenalización. Recibieron el apoyo de conductores y peatones, pero también hubo quienes les manifestaron su rechazo.

Los grupos que se oponen al aborto acusan a las mujeres por “no cerrar las piernas” o “no cuidarse”, pero las vidas de las personas pueden cambiar de un momento a otro y por factores que no pueden controlar, señaló la coordinadora del Fondo MARIA.

Señalar y juzgar a las mujeres que abortan evidencia una “misoginia muy fuerte”, consideró Garduño Huerta. Implica una discriminación y un hostigamiento que solo experimentan las mujeres, agregó la diputada morenista: “Quienes terminan presas son ellas por no querer ser madres. Este delito no existe para los hombres”.

*Los nombres de las mujeres son ficticios para resguardar su identidad.