La farmacéutica estadounidense Purdue Pharma se declaró culpable de tres cargos penales por la producción y venta del opioide OxyContin, que generó una crisis nacional de adicciones, informó el miércoles el Departamento de Justicia.
Purdue también aceptó pagar 8,300 millones de dólares por multas, daños y gastos legales para saldar el caso penal en su contra, dijo el departamento.
La compañía tendrá que pagar además unos 225 millones de dólares en multas penales directamente al estado federal, más unos 2,800 millones de dólares supuestamente para poner fin a la parte civil del litigio.
Sin embargo, debido a que el año pasado la compañía se acogió a la quiebra, y ante los reclamos de litigantes y acreedores, las autoridades no esperan recibir el monto total que la compañía acordó pagar.
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“A través de la codicia y la violación de la ley, Purdue priorizó el dinero sobre la salud y bienestar de los pacientes”, dijo el director asistente de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Steven D’Antuono.
La compañía se declaró culpable de un delito de fraude y de dos de violar las normas de soborno por la comercialización del OxyContin y otros dos tratamientos a base de hidrocodona, engañando a las autoridades entre 2007 y 2017. Eso implicó alentar a los distribuidores y médicos a recetar estas drogas altamente adictivas a los pacientes.
Incluso después de pagar 635 millones de dólares por promocionar falsamente el analgésico como “menos adictivo” en 2007, dijo el Departamento de Justicia, Purdue aumentó sus ventas y desarrolló nuevas aplicaciones adictivas, que comercializó a través de una red de 100,000 médicos y enfermeras.
Entre ellos había miles de prescriptores que Purdue “sabía o debería haber sabido que estaban recetando opioides para muchos usos que no eran para indicaciones médicamente aceptadas”, o que se revendían en el mercado negro, se destacó en la demanda.
Incentivos para los médicos
Para alentar las prescripciones, Purdue tenía un programa denominado “Evolucionar hacia la excelencia”, que ofrecía incentivos económicos y de otro tipo, en particular ofreciendo a los médicos incentivos que equivalían a sobornos por suministrar más recetas de sus medicamentos.
Sus actividades, combinadas con las de otros productores y distribuidores de opioides recetados, alimentaron una epidemia de adicciones en el país.
Millones de estadounidenses se volvieron dependientes de los analgésicos, mientras los fabricantes se embolsaron miles de millones de dólares.
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Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 450,000 estadounidenses murieron desde 1999 por sobredosis de opioides.
En un comunicado, Steven Miller, presidente de Purdue desde 2018, dijo que la compañía “lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia”.
Y aseguró: “Purdue hoy es una empresa muy diferente. Hemos realizado cambios significativos en nuestro liderazgo, operaciones, gobierno y supervisión”.
La compañía también enfrenta reclamos millonarios de autoridades estatales y locales en todo el país, y en septiembre de 2019 se declaró en bancarrota para defenderse de más reclamos legales.
Los dueños de la compañía, aún en la mira
El acuerdo ordena además la disolución de la empresa basada en Connecticut (noreste) y que sus activos dieran origen a una nueva “empresa de beneficio público”.
Esa empresa “se encargaría de proporcionar sus medicamentos de la manera más segura posible, sin desvíos, al tiempo que proporcionaría millones de dosis de medicamentos para tratar la adicción a los opioides y revertir las sobredosis”, dijo el Fiscal general adjunto Jeffrey Rosen.
El acuerdo de hoy es “un paso esencial en los esfuerzos del departamento por responsabilizar a todos los que impulsaron la crisis de los opioides”, dijo Jeffrey Clark, uno de los funcionario responsables del departamento de Justicia.
La propietaria familia Sackler, que convirtió a Purdue en un gigante gracias a las lucrativas ventas, no tendría ningún papel en la empresa, pero la multa contra la familia no prevé ningún enjuiciamiento penal, para disgusto de los fiscales de varios estados, incluido Nueva York, que están decididos a continuar con sus propias acciones legales.
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La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo que su oficina continuará investigándolos: “El acuerdo de hoy no da cuenta de los cientos de miles de muertes o millones de adicciones causadas por Purdue Pharma y la familia Sackler”, indicó en un comunicado.
“Si bien ninguna cantidad de dinero puede compensar el dolor (…) continuaremos litigando nuestro caso en los tribunales para asegurar cada centavo que podamos para limitar futuras adicciones a los opioides”, dijo.
El acuerdo, que aún debe validar el tribunal de quiebras, podría allanar el camino para una solución a muchas disputas relacionadas con los opioides que se tramitan actualmente.
Cientos de comunidades locales han demandado a laboratorios, mayoristas y cadenas de farmacias que los distribuyen, por haber empujado, desde finales de los 1990, a un consumo excesivo.
