La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó varios artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes por no ajustarse a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la ley general en la materia, podría librar de sanciones administrativas a funcionarios y ex servidores públicos que hayan cometido algún tipo de irregularidad en el manejo de los recursos, reconoció el contralor del estado, Arnoldo Hernández Gómez-Palomino.
Al respecto, afirmó que aunque la resolución de la Corte fue el 21 de enero del año en curso, fue apenas en esta semana cuando se recibió la sentencia completa, en la que se pide a la Contraloría del Estado que se apegue al principio de derechos humanos en la emisión de las sanciones, lo que a decir de su titular, podría dejar un vacío legal que dejaría sin efectos algunos procesos sancionatorios que se habían integrado en contra de ex funcionarios públicos.
“Esta semana se publicó en la SCJN la acción de inconstitucionalidad que se resolvió en enero, donde determinaron anular varios artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que nos dejó en una situación de vulnerabilidad porque nos tumbó muchas causales que tenía la ley para poder generar una infracción, nos cambia mucho la situación, ahorita que prácticamente nos están informando la resolución lo tenemos que hacer en apego a los derechos humanos y a la disposición”.
En la sentencia se señala que los Estados pueden emitir leyes que regulen su ámbito territorial, pero siempre que sean ajustadas a los parámetros previstos en la ley general relativa a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones aplicables.
Por otra parte, se invalidaron los artículos 9° y 84 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, ya que desconocían la facultad del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) para investigar las faltas administrativas de las que tuviera conocimiento al momento de realizar la revisión de la cuenta pública, es decir que sólo se establecía a favor del órgano la facultad de sustanciar el procedimiento de responsabilidad que se presenta después de la que Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (hoy Contraloría Estatal) hubieran investigado y calificado la infracción como grave.
Por ello, Hernández Gómez-Palomino comentó que se estará revisando cada carpeta de investigación para que se acate la disposición jurisdiccional pero se apliquen las medidas de apremio correspondientes, evitando así que haya actos que se queden en la impunidad.
“Tenemos un vacío legal, por eso muchas de las denuncias que se tienen, hay que analizarlas y ver de qué manera va a impactar en las decisiones que vamos a tomar, sí estamos haciendo un análisis y vamos a ver cómo va a complementar el Congreso del Estado estas disposiciones, pero lo que se haga no pueden aplicarse de forma retroactiva, por ello habrá ex funcionario que no podrán tener una sanción administrativa como lo teníamos pensado”.
Indicó que actualmente hay alrededor de 600 procedimientos sancionatorios en contra de servidores públicos o ex funcionarios de la administración estatal.
Arrastra gobierno estatal observaciones por 1,000 mdp desde hace 10 años
Por otra parte, el titular de la Contraloría Estatal, Arnoldo Hernández Gómez-Palomino, informó que se continúan integrando los expedientes para solventar las observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuáles algunas datan desde hace 10 años, y que en conjunto suman un monto resarcitorio de 1,000 millones de pesos.
“Se vienen arrastrando observaciones de la Función Pública desde el año 2012, estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos, algunas son de hace dos administraciones y tenemos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, tenemos observaciones desde el año 2010, muchas veces resulta complicado solventar estos temas porque en 10 años mucha de la documentación o de las aclaraciones son imposibles de integrar, pero están en la determinación de la auditoría”.
En este sentido, mencionó que la mayoría de las observaciones realizadas a la aplicación de los recursos federales están relacionadas con diferencias de criterios en la forma de documentar la información, descartando que existan desvíos de recursos.
“Muchas veces los criterios que se manejan a nivel nacional no empatan con las leyes locales para que quede claro si hubo un mal uso o una falta de aplicación, pero de entrada no hay desviación de recursos, lo que hay son observaciones de forma de documentación e integración de expedientes”, subrayó.
Incluso, comentó que las participaciones federales de los años 2017 y 2018 fueron observadas en su totalidad, debido a que en 2018 fue el primer año que se comenzó a auditar la operación del Ramo 28, teniendo diferencias en las legislaciones local y federal sobre la fiscalización de los recursos.
“Nos observaron la totalidades de las participaciones federales de esos años, y eso generó mucha conmoción porque nos daban a entender que faltaba el dinero, pero lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación fue pedir la información de cómo se estaba aplicando el Ramo 28 y fue el primer ensayo que tuvieron y tuvimos que ir cuadrando criterios, porque este ramo se maneja con leyes locales que luego no cuadran con las leyes federales”.
