ARTÍCULO DE OPINIÓN
Baja California no surgió de una lucha armada ni de un choque de fuerzas, sino de la suma de voluntades ciudadanas. Eso es la democracia: el gobierno del pueblo.
Por eso, resulta contradictorio que, en medio del siglo XXI, el siglo de la globalización, de los adelantos tecnológicos, de la libertad y de las igualdades, se dé paso a la involución política.
Pensar en la excesiva concentración del poder, en el sobreejercicio de las funciones públicas, en las ocurrencias, el revanchismo y el capricho personal, como forma de gobierno parecería inimaginable; algo concebible en la ficción, pero no en una tierra tan próspera y vanguardista como la nuestra.
Sin embargo, la realidad supera la ficción y hoy en día, las innumerables luchas que se dieron para lograr vivir en democracia son minimizadas ante un gobierno tan obsoleto, incongruente, simpatizante de la hegemonía y del sometimiento, a tal grado que parece irreal.
Es increíble observar cómo el Poder Ejecutivo local aspira a gobernar promoviendo principios tan antidemocráticos; generando con ello, condiciones ventajosas para el partido en el poder y desincentivando la participación plural, incluyente y equitativa dentro de la próxima contienda electoral.
Sin embargo, lo que mal comienza, mal acaba.
El gobierno estatal actual es encabezado por una persona que violentó nuestra Carta Magna con la intención de imponer su voluntad sobre la decisión de los bajacalifornianos; alegando la defensa de sus garantías individuales, atentó contra los legítimos derechos ciudadanos a sabiendas de cuáles eran las reglas de juego, desde antes de su registro como candidato a gobernador.
El partido oficialista no solo vulnera la Constitución, sino que infringe los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos, es decir, agrede a los bajacalifornianos.
Lo hizo con iniciativas como la denominada “Ley Bonilla II”, el recorte de las prerrogativas a los partidos políticos y la reelección inmediata de diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores sin dejar el cargo.
También con la reforma que eliminó a los diputados de lista, las sobrerregulaciones y el incremento a los impuestos.
Ante ello, es imprescindible que los bajacalifornianos asumamos un rol protagónico como sociedad, involucrándonos en la toma de decisiones públicas y exigiendo a los representantes populares que verdaderamente respondan a las causas sociales, que actúen con estricto apego a derecho y no con base a meras ocurrencias.
Hoy, el destino de Baja California está en manos de los ciudadanos, quienes por encima de todo, luchamos por la defensa de la democracia y justicia social.
*Carlos Enrique Jiménez Ruiz es abogado litigante y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Baja California. Fue diputado durante la XVIII Legislatura del Congreso de Baja California y consejero de la Judicatura del Estado.
