El pasado 2 de junio, la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, anunció que casi 630,000 trabajadores estatales, uno de cada cinco, ya laboraban a distancia en el país. La cifra evidenciaba el crecimiento de una medida que el gobierno considera como prioritaria para enfrentar los retos planteados por la pandemia de COVID-19: potenciar el trabajo a distancia y el teletrabajo en Cuba.

“Hoy por hoy tenemos más de 600,000 trabajadores que laboran a distancia”, dijo Feitó en el programa Mesa redonda de esa fecha. “Recordar que nosotros cuando hablamos la primera en la televisión (sic) al respecto, logramos sobre el mes de septiembre del año pasado 30,000 trabajadores por cuenta propia”.

Lo positivo es que ya se extendió a todos los territorios y a todos los organismos, con mayor o menor medida, agregó.

No era la primera vez que la ministra hablaba sobre el tema, ni tampoco la única funcionaria que lo hacía. En los últimos meses, los dirigentes del país han aludido constantemente a la necesidad de fomentar el trabajo a distancia para mantener activa la economía y, al mismo tiempo, reducir la exposición al virus.

“Hay que evaluar propuestas de trabajo en casa y de teletrabajo”, instó el gobernante Miguel Díaz-Canel el 20 de marzo, apenas registrados los tres primeros casos de COVID-19 en el país.

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Las declaraciones provocaron que los medios de comunicación estatales retomaran el debate sobre los beneficios del trabajo a distancia y particularmente del teletrabajo, su modalidad más promocionada.

Según la ministra, el trabajo remoto ofrece ventajas para todos, pues permite que el trabajador se acomode al horario que más le satisfaga sin salir de casa ni ver afectado su salario. “Es una combinación perfecta entre la vida laboral y familiar”, resumió Feitó.

Desde marzo, millones de personas en muchos países han tenido que acostumbrarse a teletrabajar después de que la pandemia de COVID-19 obligara a imponer normas de aislamiento social. También se ha debatido sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar a distancia y de cuán necesario es, realmente, estar presentes en el centro de trabajo, sobre todo en determinados sectores y en plena era de las tecnologías de la información y la comunicación.

Cuba no ha sido una excepción. Pero en el país este debate, impulsado por autoridades y medios oficiales de comunicación, no ha pasado de ser una declaración de buenas intenciones y se ha producido sin abordar las carencias reales que hacen que en la isla sea más difícil teletrabajar que en otras naciones.

Por un lado, no existe evidencia de que “627,855 empleados” estén realmente trabajando a distancia en el país, como afirmó la ministra en la Mesa redonda del 2 de junio, ni se ha reportado cuántos de ellos realizan teletrabajo.

Tampoco hay muchas razones para pensar que sea posible aplicar el teletrabajo de manera masiva en Cuba. En el país escasean las computadoras personales y los domicilios conectados a internet; las tarifas para navegar son altas y la infraestructura de telecomunicaciones no ha sido capaz de soportar la demanda real de conectividad.

UN MATIZ IMPORTANTE

Los llamados a trabajar a distancia no son nuevos en Cuba ni han sido originados por la necesidad de distanciamiento social impuesta por la pandemia.

Ya el año pasado se vivió una situación de este tipo cuando las autoridades, urgidas por la caída de las importaciones de petróleo venezolano, recomendaron a trabajadores y empresas estatales fomentar el trabajo a distancia como una forma de ahorro energético.

Debido a las afectaciones en el transporte y la generación de energía eléctrica, entonces se cambió la dinámica de muchas oficinas estatales y miles de trabajadores se mudaron al trabajo a distancia.

“En el mes de septiembre hubo un incremento en esa modalidad, que llegó a entre 29,000 y 30,000 trabajadores”, dijo la ministra en marzo. “Después esa medida volvió a desmontarse, a pesar de que se estaba insistiendo en la necesidad de aplicarla”.

Según los datos aportados por Feitó en varias comparecencias, este año el trabajo a distancia ha venido creciendo de manera sostenida desde el mes de enero, hasta llegar a los 627,855 trabajadores estatales reportados el 2 de junio.

Sin embargo, existen serias incongruencias en los reportes de la funcionaria.

El 26 de marzo pasado, la ministra informó que en el mes de enero el país contaba con 5,000 trabajadores a distancia dentro del sector estatal, mientras que en febrero ya había 42,000 y, a finales de marzo, 112,141.

Sin embargo, el 15 de abril, apenas unas semanas después y sin ninguna explicación previa, la funcionaria aseguró que las cifras relativas a enero ascendían de 5,509 a 111,942 en febrero y a 260,833 en marzo.

Solo en los casos de febrero y marzo, la diferencia entre las cifras reportadas equivale a más del doble de la estadística original.

Por otro lado, los números ofrecidos por la ministra se refieren a personas “trabajando a distancia”. Esta categoría, sin embargo, no significa lo mismo en Cuba que en otros países: dejar de ir a una oficina para hacer lo mismo desde una computadora o un teléfono en casa.

Para las autoridades cubanas, el “trabajo a distancia”, refrendado en el Código de Trabajo de 2013, está conformado por tres modalidades distintas.

La primera es el “trabajo en el terreno”, que consiste en la realización de pesquisas y otras labores sociales. La segunda es “el trabajo a domicilio”, para el cual no resulta imprescindible el uso de tecnologías de la informática.

Hablamos aquí, por ejemplo, de personas que elaboran ropa o calzado desde un taller doméstico para una empresa. Y la tercera es el “teletrabajo”, que sí requiere de cierta conectividad a internet y el uso de tecnologías de la información.

Sin embargo, Feitó nunca desglosó cuántas de las personas “trabajando a distancia” realizan “teletrabajo” ni cuántos practican las otras dos modalidades. Pero sí existen, dispersos en diversas publicaciones de corte oficialista, algunas estadísticas sobre el comportamiento del “teletrabajo” en ocho provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

Aunque no pueden sacarse conclusiones definitivas, puesto que los datos se refieren a momentos diferentes y solo reflejan una parte del país, sí sabemos que quienes teletrabajan son un porcentaje mínimo:

Al 8 de abril pasado, Pinar del Río contaba con 1,036 personas adscritas al teletrabajo, para un 4.6 por ciento del total de trabajadores a distancia.

Al 11 de abril, Sancti Spíritus reportaba un centenar, para un 0.4 por ciento.

Al 6 de mayo, Ciego de Ávila contaba con 1,197, para un 5.7 por ciento.

Al 9 de mayo, Cienfuegos contabilizaba 285, para un 1.8 por ciento.

Al 27 de mayo, Granma registraba 2,200, para un aproximado del 4.1 por ciento.

Al 24 de junio, Las Tunas tenía más de 1,300, para un aproximado del 3.8 por ciento.

Al 24 de junio, Isla de la Juventud presentaba 554, para un aproximado del 12.5 por ciento.

Al 3 de julio, Guantánamo anunciaba 1,053, para un 3.6 por ciento.

En La Habana, por su parte, hasta el 8 de agosto los “teletrabajadores” representaban el 19 por ciento del total de trabajadores de la capital. Sin embargo, la información no especifica si ese total está dado por los trabajadores estatales (en cuyo caso estaríamos hablando de 122,360 teletrabajadores), o si incluye también a los no estatales (en cuyo caso la cifra de teletrabajadores ascendería a 155,800).

Asumiendo que el 12.5 por ciento de los “trabajadores a distancia” estatales a nivel nacional realizaran teletrabajo, siguiendo el patrón de la Isla de la Juventud, la cifra no alcanzaría las 80,000 personas, un número todavía muy pequeño en comparación con los 3 millones 79,500 trabajadores del sector estatal.

Lo anterior parece coincidir con la orientación del gobernante Miguel Díaz-Canel al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de “chequear el cumplimiento de la medida indicada sobre el uso del teletrabajo”, a su juicio todavía desaprovechado.

LA REALIDAD

Que quienes teletrabajan en casa no sean muchos es consistente con un problema fundamental de Cuba: sus carencias en infraestructura de telecomunicaciones.

Según Jorge Luis Perdomo, ministro de Comunicaciones, Cuba cerró el pasado mes de febrero con 6.5 millones de usuarios de internet, para un aproximado del 58 por ciento de la población nacional. Recientemente, el 11 de agosto, el país llegó a los 4 millones de usuarios de internet a través de la red móvil.

Aunque dicha cifra ratifica el crecimiento que viene teniendo el país en materia de conectividad, no refleja el comportamiento real de su uso. Nada indica que ese 58 por ciento pueda permitirse estar conectado de manera permanente.

Mirémoslo así: en Cuba hay dos maneras fundamentales de conectarse a internet desde casa para trabajar: por Nauta Hogar, servicio residencial prepago de internet mediante tecnología ADLS; o por datos móviles. Ambos son administrados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), única de su tipo en el país.

Lo mínimo que requiere un cliente para instalar Nauta Hogar en su domicilio es una computadora personal y una línea de telefonía fija. Según los datos del Anuario Estadístico de Cuba, al cierre de 2018 había aproximadamente una computadora por cada diez habitantes. Por otro lado, solo 1 millón 77,541 de las casas, una de cada cuatro o el 28 por ciento, cuenta con teléfono fijo.

Aunque algunas entidades han facilitado a sus empleados los medios tecnológicos necesarios para trabajar, la baja presencia de computadoras y líneas de telefonía fija suponen por sí solas un obstáculo para el aumento de la conectividad en el sector residencial y, por ende, para el teletrabajo por esta vía.

A eso sumémosle que actualmente, a casi tres años de iniciada su comercialización, Etecsa solo ha podido instalarlo en 161,910 viviendas, cerca del 4 por ciento nacional, debido a otros requisitos técnicos y de ubicación geográfica.

Pero la expansión de este servicio pasa también por el factor económico. En un país donde el salario medio mensual ronda los 44 CUC la oferta más barata de Nauta Hogar para zonas urbanas, correspondiente a 20 horas mensuales, cuesta 10 CUC.

El resto de los paquetes, todos de 30 horas, fluctúan entre 15 y 70 CUC, en dependencia de la velocidad contratada. Una vez consumido dicho tiempo, Etecsa cobra la hora a 0.50 CUC.

Lo elevado de los precios y el hecho de que el consumo esté limitado a un tiempo muy corto desde el punto de vista del trabajo, resultan grandes limitantes para quienes pagan el servicio de su bolsillo, anulando casi cualquier posibilidad de crecimiento por esta vía.

Quienes son beneficiados con cuentas ADSL a través de su empresa, como es el caso de algunos periodistas estatales, gozan de ofertas planas. Aun así, no sabemos qué porcentaje representan del total de hogares conectados a internet, porque no hay cifras oficiales al respecto.

El escenario de los datos móviles no es muy diferente. Según el ministro Perdomo, hasta mayo de 2020, 3.8 millones de cubanos se conectaban a internet por esta vía. Por su parte, Hilda Arias, vicepresidenta comercial de Etecsa, informó a finales de junio pasado que el país contaba ya con más de un millón de usuarios solo en la red 4G.

Sin embargo, los precios actuales de los paquetes de datos hacen imposible que un trabajador promedio pueda costearse la conexión necesaria para trabajar de manera remota. El paquete más barato comercializado por Etecsa, correspondiente a 1 GB, cuesta 4 CUC. El más caro, de 14 GB, vale 45 CUC.

Ante esta dificultad, algunos organismos han optado por adquirir líneas móviles con tarifas pospago, que Etecsa les ofrece a las empresas a precios más económicos para sus empleados. Es el caso de Jorge Noris Martínez, jefe del Grupo de Experiencia de Usuario de los servicios entuMovil, perteneciente a la empresa de desarrollo de software Desoft, quien recibe un paquete mensual de 7 GB para trabajar. No obstante, se trata de una alternativa con varias limitantes.

“En el centro de trabajo contamos con internet por fibra óptica, por lo que el ancho de banda es mucho mayor que el que se obtiene por datos”, dice Noris. “También hay que tener en cuenta que allá no hay límite de tráfico, mientras que por el móvil son solo 7 GB. Es imposible trabajar todo el tiempo online con un paquete de datos que debes distribuir para todo el mes”.

Noris llama la atención sobre un aspecto importante: la velocidad de conexión por datos móviles depende de la saturación de la radio base a la que se esté conectado, de la tecnología de esta y de la distancia entre ambos puntos. En este sentido, hay una diferencia bien marcada entre quienes tienen acceso a la red 4G y quienes dependen de la 3G.

Hasta finales de junio de este año, nueve meses después de que Etecsa liberara el uso de la 4G, solo 52 de los 168 municipios del país contaban con cobertura a esta red. De ellos, 15 pertenecían a La Habana, única provincia integrada por completo a ambas.

En los casos de Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma e Isla de la Juventud, solo las capitales provinciales estaban conectadas a la 4G. En general, 116 municipios dependen aún de la 3G, lo que se traduce en una menor velocidad de conexión para los usuarios de estos territorios.

Pese a que Noris vive en La Habana y tiene acceso a ambas redes, ocasionalmente se ve afectado por el congestionamiento de las mismas, más perceptible para quienes trabajan con volúmenes considerables de información. Esto se debe a que, en general, la infraestructura instalada no responde aún a la demanda real de los usuarios.

De ahí que Noris deba organizar su rutina no solo sobre la base de unos pocos gigabytes mensuales, sino también de cuáles resultan los mejores horarios del día –o la noche- para conectarse.

También debe lidiar con el hecho de que las conexiones estatales cubanas incluyen un proxy que dificulta compartir el wifi de la oficina para compartir archivos o crear redes de trabajo en casa.

“En las condiciones actuales prefiero el trabajo presencial”, dice. “En la oficina hay mejor conexión y se logra mayor concentración”.

“En el sector no estatal la principal traba está en el factor precio”, dice Alberto Cabrera, quien ejerce el periodismo independiente, no reconocido dentro del país. “Como los cuentapropistas no tienen personalidad jurídica suficiente, no pueden acceder a las ofertas de servicio pospago que Etecsa ofrece a las empresas”.

Tanto Noris como Cabrera coinciden en que otro de los grandes obstáculos para el desarrollo del teletrabajo es la mentalidad de muchos directivos que no logran reemplazar la vieja tradición de “horas-trabajo en la oficina” por la de “resultado del trabajo”, algo que pudiera explicarse, al menos en parte, a partir de la llegada tardía de Cuba a internet y la falta de familiaridad de muchas personas aún con las potencialidades de la web.

“A la mayoría de los cubanos todavía les resulta más fácil hacer las cosas en persona que a distancia”, dice Cabrera. “Eso viene condicionado por una falta de cultura digital, de alfabetización digital efectiva, que hace que desconozcamos herramientas (online) que facilitan muchos procesos. El bloqueo de algunas plataformas para direcciones IP cubanas también influye”.

Quienes residen en Cuba no pueden utilizar buena parte de las plataformas que actualmente facilitan la gestión y la comunicación de millones de profesionales en el mundo. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los países del mundo, el embargo estadounidense prohíbe a Cuba acceder a servicios de internet provenientes de compañías y subsidiarias norteamericanas.

Hablamos, por ejemplo, de aplicaciones para videoconferencias como Zoom y TeamViewer. O programas que facilitan el trabajo colaborativo como Trello, Evernote o las aplicaciones de Adobe u Oracle.

Los desarrolladores web, por su parte, no pueden utilizar las ventajas de grandes servicios como los de Amazon Web, Google Cloud, DigitalOcean, Atlasian o Bitbucket, de los mejores de su campo.

Pudieran aprovecharse mejor, eso sí, las facilidades para trabajar de forma remota que ofrecen otras plataformas que, aunque asentadas en Estados Unidos, son accesibles desde Cuba por decisión de sus empresas. Es el caso de Slack, Jitsi, Google Meet, Docs y Drive; AnyDesk y otras tantas VPN, herramientas gratuitas y softwares de código libre.

Si bien algunos no garantizan una calidad óptima, sí pudieran resultar claves en la estimulación y el impulso de la cultura del teletrabajo. Aun así, una apuesta seria por este modo de empleo requiere un mejoramiento de las capacidades y condiciones de conexión a internet.

En este sentido, los cambios introducidos a finales de junio por Etecsa en la red móvil, consistentes en la comercialización de dos nuevos paquetes para la navegación por internet y el aumento del volumen de datos en algunos de los ya existentes, son todavía insuficientes.

Dichos cambios, puestos en vigor tras un amplio reclamo de la población en redes sociales bajo la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet, aplican solo para los usuarios de la red 4G, todavía minoría dentro del país. Además, los paquetes siguen siendo caros para el ciudadano promedio y sus capacidades escasas como para sostener un plan serio de teletrabajo.

Otras medidas impulsadas por Etecsa en apoyo a las políticas de distanciamiento social y que resultan de cierto beneficio para sus usuarios, como la reducción a la mitad de la tasación de los servicios de voz y datos de la red móvil entre la una y las seis de la madrugada, la adición de diez horas de conexión a las cuentas de Nauta Hogar y el cobro de solo 0.30 CUC por hora una vez consumido el paquete contratado de este último, tienen marcadas el 31 de agosto como fecha límite. A partir de entonces estos servicios regresarían a la normalidad, salvo alguna nueva decisión de la empresa.    

Teniendo en cuenta las limitantes de las condiciones tecnológicas actuales del país y la insuficiencia de las medidas adoptadas recientemente, todo parece indicar que la consolidación del teletrabajo tomará todavía algún tiempo en Cuba.

La apuesta pasa necesariamente no solo por un crecimiento sostenido y más homogéneo de la infraestructura de telecomunicaciones a todo lo largo del territorio, algo que tomará todavía algún tiempo, sino también por la comercialización de ofertas más flexibles y económicas —tan demandadas por los usuarios—, de manera que los costos estén acordes con los salarios de los trabajadores y no supongan un lujo, como hasta ahora.