Aprehensiones y allanamientos se multiplican en Bolivia después de múltiples denuncias de irregularidades en la compra de respiradores artificiales para pacientes con coronavirus hecha por el gobierno de ese país.
El caso provocó que este miércoles el ministro de Salud, Marcelo Navajas, fuera trasladado desde sus oficinas para brindar declaraciones en condición de aprehendido.
Horas después, el gobierno anunció que la autoridad quedaba suspendida de funciones y se nombró a un ministro interino.
De acuerdo a las denuncias, que empezaron con reportes de prensa, los dispositivos adquiridos por el gobierno no eran los adecuados para su uso en unidades de terapia intensiva y existió sobreprecio en su adquisición.
El escándalo provocó que la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, se comprometa a esclarecer qué sucedió en la cuestionada compra e instruya “todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso”.
“Me comprometo a llevar a fondo esta investigación contra los que hubieran cometido un acto de corrupción en la compra de respiradores y a que cada centavo sea devuelto a los bolivianos”, anunció la mandataria a través de su cuenta de Twitter en la noche del martes.
Los aparatos fueron adquiridos en España y estaban financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La compra
Los 170 respiradores artificiales adquiridos por Bolivia eran de la compañía española GPA Innova, aunque hubo intermediarios en la transacción.
El precio acordado por cada equipo de asistencia, según el gobierno, fue de US$27.683 y el país se comprometió a desembolsar alrededor de US$4,7 millones en total.
Las gestiones se realizaron a principios de mayo y, a mediados de este mes, las autoridades bolivianas anunciaron que los respiradores se comenzaron a distribuir en todo el país.
Días después se conoció que los ventiladores no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino que estaban diseñados para ambulancias y para terapia intermedia.
Una vez comenzaron las denuncias, la empresa de España confirmó que los equipos que Bolivia compró solo cuestan alrededor de US$10.000, según reportó el diario boliviano El Deber.
El escándalo
El Ministerio de Salud confirmó a BBC Mundo que el ministro boliviano se encuentra aprehendido y que deberá prestar declaraciones para que se defina en instancias judiciales si queda detenido o recupera su libertad.
La aprehensión del ministro boliviano, según explicó el director nacional de la unidad anticrimen de la policía boliviana, Iván Rojas, se produjo después de que fuera trasladado a dependencias policiales.
El agente policial no quiso adelantar la cantidad de detenciones que se realizaron por este caso hasta el mediodía de este miércoles, sin embargo autoridades del gobierno confirmaron que al menos dos funcionarios del ministerio de Salud fueron privadas de libertad el martes.
Medios bolivianos señalaron que al menos cuatro personas fueron llevadas a dependencias policiales y otros llegaron de forma voluntaria para declarar sobre el caso de manera voluntaria.
En la mañana del miércoles se realizaron operativos en oficinas gubernamentales y fue incautada documentación referida al caso.
“No puedo decir qué cantidad de personas serán citadas e investigadas en este caso. El proceso investigativo se llevará adelante y no vamos a tener ningún tipo de temor en citar a quien se tenga que citar”, indicó el director policial Iván Rojas.
Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció la conformación de una comisión especial para investigar el caso.
Por su parte, el gobierno boliviano anunció que suspenderá el proceso de pago por los respiradores y hará todo lo posible por recuperar todo el dinero que pudiera haber sido desviado.
El escándalo fue calificado por diferentes políticos y analistas como un duro golpe a la credibilidad de la administración de Áñez, quien también es candidata a la presidencia en las elecciones que se deberán realizar en Bolivia este año.
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