Senadores, diputados y otras autoridades no solo coinciden en la importancia de la transformación del sector energético; repetidamente, sus opiniones auguran el mayor éxito a la reforma clave del sexenio.
Ha sido llamada la madre de todas las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto; se ha afirmado que es la reforma más importante para México en los ámbitos económico, político y social, y la más relevante para el sector energético desde hace 75 años. El pasado 18 de diciembre fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, y publicada tres días después en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, a unos días de que el Congreso de la Unión haya iniciado su período ordinario de sesiones, y en donde sin duda alguna la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética son la prioridad número uno, las autoridades que se encargan de poner en papel las leyes del país, así como los funcionarios de los organismos más importantes en materia energética, hablan con Newsweek en Español sobre sus perspectivas de la reforma, sobre su complejidad… Por encima de todo, auguran, sin pensarlo dos veces, el impacto que tendrá esta reforma para el futuro de México.
Enfatiza el senador Jorge Luis Lavalle que la coyuntura que enfrenta México es clara, y que la reforma pretende actuar a partir del enorme potencial y de las grandes cantidades de recursos naturales que poseemos como país. “Hoy la historia es muy diferente a la que vivía México en 1938; la situación del mundo energético, las tecnologías y las inversiones para extraer los hidrocarburos son muy distintas. Nos encontramos en un momento en donde existe una gran área de oportunidad porque tenemos muchos hidrocarburos, pero también porque enfrentamos un crecimiento sostenido de demanda de energéticos”.
De acuerdo con el senador, en gran medida la reforma nace por una necesidad de aprovechar al máximo recursos que, de otra forma, irán perdiendo su valor: “Si vemos el potencial que tenemos contra lo que estamos produciendo, derivado del estado que guardan las leyes al día de hoy, encontramos que, por ejemplo, importamos la mitad de las gasolinas que consumimos, así como el 34 por ciento del gas natural que, teniendo la quinta reserva de gas natural más grande del mundo, resulta una gran incongruencia”.
Las autoridades parecen estar de acuerdo en el hecho de que la reforma se concibió con el propósito final de reducir las importaciones, de hacer de México un país más competitivo, que haga uso de sus recursos naturales, y de evitar que el sector energético sea monopólico para que, de esta forma, tales recursos sirvan como un impulso económico y social en su totalidad.
“Se va a traducir en un volumen de inversión muy grande que debe generar, por un lado, empleo, pero por el otro, inversión nacional e internacional; un modelo de competencia que debe transformar de manera definitiva la productividad en el país”, explica el senador David Penchyna.
“Tengo la certeza de que esta reforma ha estado clara al establecer los cimientos de la seguridad energética y la seguridad económica para el país, para modernizar al sector y entonces detonar un crecimiento sostenible y de largo plazo”, interviene la senadora Ninfa Salinas.
Asimismo, Penchyna, uno de los promotores fundamentales de la reforma, subraya que esta es un cambio total de paradigma: “No es una reforma más. Es un cambio de modelo, de un modelo que se agotó en los últimos casi 80 años de México”.
Los mismos legisladores han dejado en el tintero otra serie de discusiones en torno al resto de las reformas estructurales. Porque, efectivamente, consideran que la energética no solo es la más relevante, sino que, para muchos, también es la más urgente en la agenda.
“La era del petróleo barato ya se acabó”, señala Lavalle. “Esta reforma es crucial porque, como no estamos teniendo la posibilidad de invertir al ritmo que requieren los mercados, al ritmo de esta industria y al ritmo del potencial energético que tenemos, nos encontramos en un gran rezago. Estamos dejando ir una gran oportunidad que se convierte también en un riesgo. De no hacer nada, podríamos terminar convirtiéndonos en un país importador de petróleo; Pemex seguirá invirtiendo y vamos a seguir extrayendo grandes beneficios, pero no los suficientes”.
Al adentrarse en algunas de las particularidades de la reforma, los entrevistados concuerdan en que los cambios en Pemex y la CFE beneficiarán, no únicamente al sector, sino a la competitividad y salud económica nacionales.
“Si queremos que el sector energético sea la palanca que mueva la economía mexicana, tanto Pemex como la CFE tienen que convertirse en empresas productivas. Que funcionen conforme a las reglas del mercado, que rindan cuentas, que se les premie o castigue de acuerdo a su desempeño”, expone el diputado Marco Antonio Bernal.
“Ahora Pemex puede pedir recursos en el exterior y se le prestan porque tiene el aval del Estado mexicano. En la medida en que sea una empresa competitiva, va a obtener acceso a los mercados por su rendimiento, no por el respaldo del gobierno federal”.
Ninfa Salinas, por su parte, expone su certidumbre en cuanto a la mejora que experimentarán tanto Pemex como la CFE: “Implica que ahora van a ser flexibles y que con eso van a tener autonomía de gestión, agilidad para su operación y para aprovechar al máximo los conocimientos que en tantos años han adquirido. La CFE se volverá mucho más sólida, vamos a llevar al sistema eléctrico de México a que nos garantice un menor costo de energía, y por supuesto, a diversificar las fuentes de energía”.
El comisionado Guillermo Zúñiga detalla que, desde el ángulo de la Comisión Reguladora de Energía, se vislumbra un cambio positivo para el futuro de ambas empresas: “Dejarán de tener una protección de monopolio legal; sin embargo, en la Constitución tienen el mandato de ser empresas productivas. Si bien ya no tendrán la ventaja de la exclusividad en su sector, se van a enfrentar a una rivalidad que los orillará a ser más eficaces, a bajar los costos, a arreglar las ineficiencias, etcétera. El entorno jurídico que los rige ahora ya no es adecuado, se tiene que modificar para que puedan competir con empresas privadas, para que sean igual de ágiles y que encuentren sus nichos de especialización. Ya no van a poder ser todo en todos lados al mismo tiempo”.
También refiriéndose al futuro de Pemex, el director de dicha empresa, Emilio Lozoya, afirma que se pretende “transitar de un Pemex generador de divisas a un Pemex más competitivo, eficiente y que genere más energía a menores costos y más limpia. Petróleos Mexicanos podría estar trabajando en algún tipo de asociación a principios del 2015, en algunos yacimientos, sobre todo de aguas profundas, donde considere que le conviene asociarse y mitigar sus riesgos”.
“Tendremos mucha mayor posibilidad de empleo, y mejores condiciones de ingreso para las personas que trabajen en el sector energético el país. Tendrá un impacto regional y generará una derrama económica muy seria, podríamos hablar de 80 000 millones de dólares cada año, y para mover esas inversiones se requiere mucha gente”, destaca por su parte el diputado Juan Bueno Torio.
En su momento, el diputado Marco Antonio Bernal menciona que no solo se dará paso a la generación de empleos directos, sino también a la generación de nichos de desarrollo en el país: “Hay estados que van a ser privilegiados en esta materia, por la existencia de reservas de hidrocarburos, pero en la medida en que el sector energético sea nuestro motor, habrán otras áreas del país que tengan mucha generación de empleo, al ser más competitivas, como la metalmecánica, la minería, la metalurgia, la petroquímica, la construcción y hasta la automotriz”.
Sin embargo, según resalta David Penchyna, tal vez para algunas actividades del sector no estemos aún preparados desde los cimientos.
“Las empresas privadas, nacionales o extranjeras, vendrán a invertir en México. La mano de obra que se va a demandar estará fundamentalmente en México. Sin duda el modelo, y sobre todo por un rezago tecnológico que México acusa por haber estado encerrado en un monopolio 80 años, va a demandar ciencia y tecnología que seguramente en su desarrollo importará ciertas capacidades laborales de otras partes porque no contamos con ellas”, expresa el senador.
Entonces, ¿cómo podremos ver reflejado este impacto, bandera de la reforma, en nuestro futuro como país empleado y competitivo? Asegura el comisionado Zúñiga que, precisamente, existe un reto educativo respecto a ello, que es uno de los más importantes a superar para que la reforma brinde los frutos que pretende. Esto es, hará falta un importante impulso al sector educativo, tecnológico y de investigación, de tal forma que seamos capaces de originar el capital humano necesario dentro de nuestras fronteras para movilizar las cantidades apoteósicas de inversión previstas.
“No se ve un desarrollo de formación de profesionales con especialidad en energía, y no solo ingenierías; no hay programas de derecho energético, de finanzas o de contabilidad para proyectos de energía. El capital humano y el talento es un pendiente que tenemos que desarrollar para poder estar listos para todos los futuros proyectos”, insiste Zúñiga.
Por su parte, Lavalle explica que a partir del 2015, ya con el modelo energético integral, “comenzaremos a ver la confianza que generará con los mexicanos y con los inversionistas. El resultado directo obviamente es que se empezará a generar un número importante de empleos. Esto, sin embargo, va a ser paulatino porque son diferentes volúmenes de inversiones y diferentes tipos de empleos”.
De manera similar, Penchyna sostiene que la cuestión de empleos y capital humano “es una semilla que se siembra. Creo que el sector educativo tendrá pronto que estar generando cuadros profesionales que va a demandar el sector energético. Por lo tanto, en el tiempo ese fenómeno es dinámico; y si a alguien va a ayudar, es a México”.
Si de algo no tienen duda las autoridades, es de que el país estará presenciando una transformación total en 10 años. Un futuro muy optimista, también uno de los estandartes que lleva consigo la reforma energética. “Creo que en una década los efectos de la reforma serán determinantes. Depende de los procesos tanto de Pemex como de la CFE, hay que transformar a las empresas, y también de la capacidad del Estado para poder instaurar nuevas instituciones, organismos que reciben nuevas facultades para poder estar en condiciones de licitar. La próxima década es fundamental para la transformación del sector”, subraya Penchyna.
De igual forma, Lavalle manifiesta que “empezaremos a ver más cambios a partir de 2018, que contaminemos menos, que tenemos acceso a energía eléctrica menos costosa, etcétera. En el caso de aguas profundas y ultraprofundas, por ejemplo, hay inversiones que se toman hasta ocho o 10 años. Veremos en el mediano y largo plazo los beneficios y todo el potencial energético que tenemos, para que en 10 años veamos una transformación total”.
De acuerdo con Guillermo Zúñiga, se observarán muchos cambios dentro de la Comisión Reguladora de Energía que reflejan cómo comenzará a actuar la reforma. Y señala que, “aunque la Comisión tendrá más autonomía, esto representa que se mejoren sus procesos internos, de consenso y sobre todo, de rendición de cuentas”.
Para Pemex, por su parte, la reforma representa un reto para volverse eficaz y productiva, y la falta de tecnología, según menciona Emilio Lozoya, es un reto relevante para competir en áreas en las que no tiene tanta experiencia: “Otro reto, más que obstáculo, será trabajar con grandes empresas y compartir el riesgo financiero y la experiencia de producir en aguas profundas”.
Los riesgos que conlleva la reforma, para los legisladores se manifestarán en la medida en que sean capaces de transformar las reglas que están ahora diseñando. “Que Pemex no sea una empresa productiva, que el precio del petróleo caiga y no resulte rentable, y que todo este proceso de transformación no vaya acompañado de previsiones en materia de cuidado del medioambiente, que el hecho de tener energía barata desestimule otras fuentes de energía”, destaca el diputado Bernal.
También expresaron la inquietud de que, aun con una reforma tan sólidamente construida, se quiera volver al modelo anterior que imposibilita la competitividad y el desarrollo. “Hay riesgos de que haya resistencias institucionales de las hoy empresas del Estado mexicano, que han vivido durante casi ocho décadas bajo un status quo establecido, donde no hay este espíritu necesariamente de competir”, resalta Penchyna.
Bueno Torio de igual manera afirma que para la siguiente sesión ordinaria “existe el riesgo de que el gobierno pretenda ser el eje controlador de todo el impacto de la reforma. Que quieran imponer a través de las leyes secundarias esquemas que reorienten nuevamente todo a que el gobierno sea el concentrador de las actividades de la energía”.
Habría que preguntarse, aunado a las propias inquietudes que antes mencionaron los legisladores, si la población tiene algún desasosiego sobre la implementación de este modelo energético. La interrogante principal quizá es si resulte tan exitosa en la práctica como en el papel. No hay duda de que la reforma en papel suena como un modelo de modernización ideal para el país y promete ser justo eso, una reestructuración de 180 grados, para el desarrollo económico y social. Pero ¿qué tanta de esta riqueza, que indiscutiblemente estamos desaprovechando, veremos reaprovechada y dirigida al beneficio común? ¿Y qué tanta certidumbre y confianza podremos generar a nivel internacional para convertirnos en verdaderos competidores?
Debemos, por tanto, tener presente que con este cambio en el modelo energético, también es necesario, más que nunca, encontrar un lugar para exigir rendición de cuentas con la mayor agudeza, demandar constantemente los resultados que, de acuerdo con lo establecido en la reforma, son una consecuencia inmediata. De la misma forma, es necesario dimensionar y aceptar que, aunque tal vez parezca lo contrario, la reforma energética (ni ninguna por sí sola, en todo caso) no es la panacea que garantiza ser. A pesar de que todas las apuestas estén sobre ella, tarde o temprano, como parte del proceso natural de las leyes, también encontrará una serie de obstáculos, riesgos y conflictos. Y es ahí cuando se demostrará si su estructura es suficiente para sobreponerse a las problemáticas de su aplicación.
Los Perfiles
Marco Antonio Bernal es diputado federal del Partido Revolucionario Institucional. Ejerció el mismo cargo en dos ocasiones anteriores y fue senador durante la LVII legislatura. Fungió como secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.
Juan Bueno Torio se desempeñó como diputado federal durante la LVII legislatura y director de Pemex Refinación. Renunció a este cargo para convertirse en senador por Veracruz. Es diputado federal del PAN en la legislatura actual.
Jorge Luis Lavalle es originario de Campeche, formó parte de la Osfae Campeche, y posteriormente se incorporó a la Sedesol. Actualmente es senador del PAN y pertenece a la Comisión de Energía del Senado.
Emilio Lozoya es miembro del PRI. Fue analista del Banco de México, director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, y actualmente se desempeña como director general de Pemex.
David Penchyna es senador del PRI por el estado de Hidalgo. Fue diputado federal durante la LVIII legislatura. Como actual presidente de la Comisión de Energía del Senado, destaca por ser el principal impulsor de la reforma energética.
Ninfa Salinas es senadora de la actual legislatura por el DF. Pertenece al Partido Verde Ecologista de México y fue diputada federal en la LXI legislatura. Es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrante de la Comisión de Energía del Senado.
Guillermo Zúñiga es comisionado en la Comisión reguladora de energía. Fue asesor jurídico de nuevos modelos de Negocio en Pemex Exploración y Producción y director legal de operación petrolera de la Secretaría de Energía. Es miembro del Institute for Energy Law.
