El reportero que tuvo la exclusiva sobre el caso de violación de una menor en Azcapotzalco, CDMX, cuenta desde dónde vino la decisión de hacer público el caso y cuáles son las lecciones aprendidas.

EN UN PRINCIPIO PENSÉ: de nuevo una violación con agresión desmedida, abuso sexual infame, golpes.

Leí los primeros párrafos de un reporte previo al que tuve acceso sobre esos hechos, ocurridos la madrugada del 3 de agosto en la colonia San Sebastián de la alcaldía de Azcapotzalco.

Era casi el mediodía del 5 de agosto; debía entregar un adelanto de las notas que se publicarían en la edición del 6 de agosto en la sección de Comunidad de Excélsior.

Mi propuesta informativa era la reestructuración de las 77 estaciones de policía, un tema que llevaba trabajando por algunos días. Sin embargo, al recabar más datos del caso de la violación quedé impactado.

Hice dos llamadas, obtuve un informe escrito, detallado, por parte de una fuente de la Procuraduría General de Justicia, y agradecí por el mensaje con la corroboración de la información.

Al leer la descripción y las declaraciones que hizo la víctima ante el Ministerio Público sentí un golpe de adrenalina en el pecho por la injusticia, el dolor de la mujer y por la información que tenía en mis manos.

Me llamó mi editor: “¿Que tienes para hoy, morro?” —dijo en el tono habitual.

Mi respuesta fue inmediata: “¡Tengo una historia cabrona de violación, hay cuatro policías acusados directamente por la víctima, hay que sacarla ya!”.

Del otro lado del auricular sentí que contagié a mi jefe: “¡No mames! Mándeme un adelanto ya… Para cantarlo en la junta editorial”.

Desde el punto de vista periodístico, una información se convierte en noticiosa cuando afecta el interés público y tiene un impacto en la vida de las personas.

El caso en cuestión era una violación a una mujer, lo cual, además de ser un delito, se suma a la cadena de violencia y afectaciones a los derechos humanos de las mujeres, lo que denota un problema estructural que no se ha atendido. Es decir, el gobierno juega un papel fundamental en su solución, pero lo que ha hecho no ha funcionado o es insuficiente dado que sucede día con día.

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Además, la violación fue cometida por una autoridad, entonces la noticia adquiere otro matiz. Se vuelve de interés público porque el comportamiento de los servidores públicos afecta a la ciudadanía.

Primero, y lo más sencillo, es pensar en que cobran su sueldo de nuestros impuestos, de ahí que lo que invertimos en ellos está usado mal. Segundo, una autoridad debe resguardar, respetar y permitir el libre ejercicio de los derechos humanos. Se les contrata y paga para ello, si sucede lo contrario, tienen que rendir cuentas y se debe impartir justicia.

Por cualquier lugar, desde donde yo mirara la violación a la joven, era un asunto de carácter público y debía darse a conocer.

Mi editor me informó que la historia “sería el foco” informativo de la sección, me pidió más detalles, cuestionó qué tan “amarrados” estaban los datos, a esa hora le dije: “Tenemos la carpeta de investigación”, solicitó más elementos.

Acordé con mi jefe que haría una llamada formal solicitando la versión oficial de la dependencia. Mientras, yo redactaría mi información. Fueron más de 3,500 caracteres. Debido a que las confirmaciones de la información se habían dado en entrevistas y comunicaciones off the record, yo tenía que ser muy detallado en el manejo de los datos para que no quedara duda de su veracidad.

Sentía que debía hacer pública la petición de justicia, en anonimato, pero con información clara y contundente para que se difundiera en un medio de comunicación.

LAS LLAMADAS QUE CONFIRMARON LA HISTORIA

Eran casi las 19:00 horas de ese 5 de agosto cuando llamé a la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), di detalles claves de mi investigación, pero no abundé.

Minutos después recibí una respuesta de la Dirección de Asuntos Internos de la SSC capitalina. Estaba investigando a los policías, pero no había nada “contundente”, por lo que las indagatorias continuaban.

Señalé que utilizaría esa información como una postura oficial. Me respondieron que no y que ni siquiera era un posicionamiento porque todavía no había resultados de la investigación.

Media hora después volví a recibir otra llamada de la SSC en la que se me informaba que sí había una investigación directa contra cuatro policías. También que se tenían los expedientes y bitácora de todos los elementos del Sector Cuitláhuac que esa noche estuvieron de guardia.

Al mismo tiempo, otra comunicación del gobierno capitalino. Me cuestionaron por qué no había reportado mi petición de información sobre un caso “tan delicado”. Expliqué que había buscado en la SSC por ser la que estaba involucrada por los elementos señalados. Aunque un periodista está obligado éticamente a reportar sobre aquellos asuntos que son de interés público y afectan a la ciudadanía y, desde esa perspectiva, yo no tendría que haber justificado mi actuar ante el gobierno capitalino.

Me dijeron que el caso estaba muy “complicado” y “raro”, pero que me comunicara a la PGJ capitalina para que me ofrecieran más detalles.

Hice la llamada con el funcionario que me indicaron, nuevamente me confirmaron que la investigación estaba en curso. A la pregunta directa de si se había cometido la violación contra la menor, la respuesta directa fue: “Hubo cópula, pero no encontramos rastros de semen”. Me pidieron no hacer públicos más detalles que me ofrecieron porque “las órdenes de aprehensión están casi listas, únicamente falta que la joven se presente a identificarlos. Ella ya hizo el retrato hablado de dos, solo faltan dos”, me dijo el funcionario de la PGJ.

También argumentó que la víctima estaba intoxicada el día de los hechos y que había dudas fundadas sobre la violación, a lo que respondí que esa no era justificación en la comisión de ese delito.

Esas tres llamadas telefónicas confirmaban la denuncia y la gravedad de la violación en la que estaban acusados los cuatro agentes de la SSC. Con esos datos llamé a mi editor y coordinador.

Al día siguiente la publicación tenía la siguiente entrada: “El temor que una menor sintió al ver una patrulla estaba fundado. Lejos de proveerle seguridad, los cuatro ocupantes de la unidad fueron sus verdugos”.

UN ROBO MILLONARIO QUE NO ENTERRÓ LA HISTORIA

La mañana del 6 de agosto acudí, como en otras tantas ocasiones, al Palacio del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad para hacer guardia con otros reporteros y esperar al jefe de la policía capitalina, Jesús Orta Martínez.

Antes de que concluyera la reunión de gabinete de seguridad del gobierno capitalino, recibí un mensaje. Me preguntaban quién me había proporcionado la denuncia de la violación, a lo que respondí que fuentes de la PGJ. A los pocos minutos salió el titular de la SSC.

La procuradora, Ernestina Godoy, fue la primera entrevistada sobre el caso. En sus declaraciones dijo que la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es responsable de tener ubicados a los cuatros policías preventivos que violaron a una menor de 17 años.

“No los tengo detenidos, sé que están en el área de Asuntos Internos de la Policía y nosotros estamos en la investigación, la mamá y la chica se retiraron, estaban muy cansadas, pero vamos a continuar con sus declaraciones. Les hemos pedido que por favor nos los cuiden (a los policías)”.

Por separado, Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló en ese momento que no había una imputación directa contra los elementos de la corporación, pero confirmó que habían enviado bitácoras y expedientes de los policías que patrullaban la zona a la hora en que ocurrieron los hechos.

Horas más tarde, el robo de 1,567 centenarios en la Casa de Moneda de México restó atención a la denuncia de la violación, la nota del día era otra.

FILTRACIONES Y DIAMANTINA ROSA

Para el 7 de agosto, la denuncia aún era tema para los medios de información, incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum era cuestionada.

En ese momento, desde mi percepción, no se había dado una “contención de daños”. El tema crecía y las autoridades no tenían una respuesta concreta.

Al día siguiente, a pesar de contar con un testimonio, videos, pruebas médicas y psicológicas, en la violación contra una menor de 17 años, la Procuraduría General de Justicia no tenía una imputación directa contra los cuatro policías que presuntamente cometieron el ilícito y quedarían en libertad, señaló Ernestina Godoy, y sentenciaba que no se iban a fabricar culpables.

“Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables”, expresaba la procuradora general de Justicia después de la reunión de gabinete de seguridad.

Para el viernes 9 de agosto se difundía la convocatoria de una marcha de mujeres contra la violencia de género frente a las instalaciones de la SSC, en la colonia Juárez.

Ese día pude constatar que no se había aplicado un protocolo de atención para la niña que sufrió la violación, tampoco se preservaron pruebas fundamentales como las de ADN que pudieran estar en la ropa y pertenencias de la víctima. Eso fue confirmado por el vocero de la Procuraduría General de Justicia, Ulises Lara, donde en una conferencia se le preguntó si se tenía la certeza de una prueba de ADN que aportara pruebas para identificar a los presuntos responsables de la menor de edad.

“Si las tuviéramos –contestó— las estaríamos presentando, eso es lo que no tenemos, no es que lo estemos negando, pero estamos sometiendo al escrutinio de la Comisión (de Derechos Humanos de Ciudad de México) todas las pruebas y todos los elementos que dentro del debido proceso se pueden presentar y se pueden conocer”, justificó Lara.

Ese día, el funcionario sostuvo que, debido a la filtración de la carpeta de investigación, la menor se había resistido a identificar a sus agresores. Es decir, debido a que yo había publicado la nota, era imposible impartir justicia.

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La carga de responsabilidad había pasado al reportero.

Una hora después de esa conferencia recibí una serie de críticas y ataques en mis redes sociales por haber difundido esta información, me señalaban como el responsable de haber difundido una filtración, además de no haber sido cuidadoso al ofrecer detalles de la víctima, tales como el señalar la ubicación y la cercanía de su casa.

De momento sentí indignación, respondí, me justifiqué, pedí que se cuestionara también a las autoridades por su retraso en la investigación, luego, me sentí responsable. Me replegué.

Vino la primera marcha feminista contra la violencia de género ese lunes 12 de agosto, en la que Jesús Orta fue bañado con diamantina rosa.

Realicé un ejercicio de crítica con amigos reporteros, hombres y mujeres, con algunas feministas, y el aprendizaje fue real.

Entendí que la víctima pudo estar en riesgo, luego de la presión mediática, social y de las mismas autoridades, por lo que publiqué. Hasta el momento, ella no se ha presentado a identificar a sus agresores.

La victima cambió de domicilio horas después de que el 14 de agosto una televisora difundiera videos en los que se observa que no habría ocurrido alguna agresión contra ella.

Nuevamente justifico que, de no haberse difundido este caso, quizá se hubiera archivado como otros más. El tema de la violencia contra las mujeres en esta ciudad seguirá esperando turno para ser atendido y llevado a las mesas de diálogo con las autoridades capitalinas.