Las cotidianas admoniciones mañaneras del presidente López Obrador son, al menos en su diseño, un buen ejercicio de comunicación directa desde el gobierno federal; un grave defecto de los últimos gobiernos mexicanos consistió en la ocultación de la figura presidencial ante la exposición pública.

El paroxismo de esta situación se vivió durante el régimen de Peña Nieto, a quien le tenían prácticamente prohibido salirse del guion establecido y jamás responder a botepronto las preguntas de los medios de comunicación.

Sin duda esa consideración de la figura presidencial contribuyó a diluir aquella poderosa imagen que llevara a Peña Nieto a ganar su elección. De ser un personaje atractivo para las masas, todo un rockstar, pasó a ser la imagen del político más distante, gris y gélida que se recuerde. Peña nunca quiso aprender a conducirse ante los medios de comunicación sin intermediarios y quizás el miedo a resbalar le fue insuperable.

López Obrador y su equipo de asesores acertaron al identificar esa falla estructural en la comunicación presidencial y, al contrario de aquella conducta esquiva, optaron por llenar ese vacío y correr al extremo opuesto. De nula exposición pública del presidente, pasamos a la sobresaturación de la imagen personalizada del titular del Ejecutivo.

En tanto que el anterior presidente se sentía cómodo en la poltrona de un ambiente controlado y aséptico, López Obrador se mueve tranquilamente entre los reflectores mañaneros, con la parsimonia y pachorra de su discurso.

La cotidiana exposición pública del presidente no debe ser algo inquietante; al contrario, supone un ejercicio habitual de transparencia e información pública, y qué mejor que eso. Sin embargo, por otro lado, no se puede negar que este ritual mañanero, lejos de convertirse en aquel sano ejercicio informativo, ha devenido en un espacio para no dejar pasar un solo día sin la perenne presencia del señor presidente en nuestra cotidianidad.

En estrecha relación con este tema, el pasado día 28 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió un acuerdo recaído a la solicitud de adoptar medidas cautelares formulada por el Partido Acción Nacional, por promoción de las conferencias matutinas del presidente, por considerar que se trata de propaganda personalizada, violación a las reglas sobre difusión de propaganda gubernamental, al principio de imparcialidad y al modelo de comunicación política, imputables al presidente de la República, al sistema público de radiodifusión del estado mexicano, a las concesionarias de televisión y a Morena.

Como se sabe, el artículo 41 constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión, en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior la finalidad de prohibir la difusión de propaganda gubernamental que influya o pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o de su candidato.

Por supuesto que el presidente de la República se encuentra ceñido a estas limitaciones constitucionales, por lo que la determinación de la autoridad electoral no hace sino apegarse a lo establecido en el orden jurídico.

No obstante, parece algo verdaderamente absurdo que la difusión de las conferencias mañaneras sea vedada a los ciudadanos de las entidades en donde se viven procesos electorales. La Constitución y la ley en este punto rayan en lo ridículo.

¿Cómo es posible que se prohíba la difusión de las mañaneras en determinado espacio geográfico del país y dentro de un tiempo establecido? Pretender la efectividad de tal medida es como querer tapar el sol con un dedo.

Existen diversos medios de comunicación que trasmiten íntegramente y en vivo las conferencias matutinas del presidente y su difusión abarca el territorio de las entidades donde habrá elecciones próximamente.

Por lo tanto, la medida decretada por la autoridad electoral, en todo caso, solo podría aplicarse para inhibirse en la programación oficial (canales 11 y 14), pero no habrá manera de evitar que se difundan por otros medios como internet, radio y otros canales de televisión.

Es indispensable revisar el modelo de comunicación durante los periodos electorales. Lo más sano es que el presidente, y cualquier persona que tenga algo que decir públicamente, pueda hacerlo de manera libre y en ejercicio de la libertad de expresión.

La legislación choca con la necia realidad y por más que se desee lo contrario, es esta última la que siempre termina por imponerse. Desde la Constitución se decide qué debe ver y escuchar el ciudadano durante los períodos electorales.

Existe una sobrerregulación en cuanto a las expresiones de los políticos y sus efectos, que no aporta nada útil. ¿Acaso el voto de poblanos o quintanarroenses será distinto si se exponen a escuchar el mensaje presidencial matutino? No hay ningún elemento objetivo que permita concluir que así sería.

Los electores seguimos siendo tratados como menores de edad, en tanto la libertad de expresión se restringe y, en el mejor de los casos, se disimula.