Un juez federal el viernes impidió temporalmente parte de las acciones del presidente Donald Trump de usar dinero destinado para uso militar para financiar en su lugar un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México. Pero este fallo estaba lejos de ser la última palabra en el asunto, pues Trump dijo el sábado que pretende apelar la decisión.
Haywood Gilliam Jr., juez de tribunal federal de distrito, concedió un requerimiento preliminar la tarde del viernes que impide temporalmente a la administración de Trump el usar dinero para construir el muro que el Congreso no asignó para ese propósito.
“El caso no se trata de si el plan impugnado de construir la barrera fronteriza es sensato o insensato. No se trata de si el plan es la respuesta política correcta o incorrecta a las condiciones existentes en la frontera sur de Estados Unidos”, escribió Gilliam. “Más bien, este caso presenta cuestiones estrictamente legales con respecto a si el plan propuesto para financiar la construcción de la barrera fronteriza excede la autoridad legal de la Rama Ejecutiva según la Constitución y cierta cantidad de estatutos promulgados puntualmente por el Congreso”.
El juez concluyó que el “control ‘absoluto’ del Congreso sobre los gastos federales —incluso cuando dicho control pudiese frustrar los deseos de la Rama Ejecutiva con respecto a iniciativas que considere importantes— no es un error en nuestro sistema constitucional. Es una característica de ese sistema, y uno esencial”.
Él escribió que la “postura [de la administración de Trump] que cuando el Congreso rechaza la solicitud del Ejecutivo de asignar fondos, el ejecutivo de todas formas simplemente podría hallar la manera de gastar esos fondos ‘sin el Congreso’ no coincide con los principios fundamentales de la separación de poderes que se remonta a los primeros días de nuestra república”.
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El requerimiento actualmente solo impacta alrededor de 1,000 millones de dólares en financiamiento que el Departamento de Defensa había tomado de los fondos para personal del ejército y los pasó al Departamento de Seguridad Nacional. Adicionalmente, el requerimiento solo implica proyectos de construcción en el Sector Yuma de Arizona y el Sector El Paso en el oeste de Texas.
El requerimiento no incluye los miles de millones de dólares adicionales que Trump solicitó al Pentágono cuando emitió una declaración de emergencia en febrero. Esos fondos están programados para usarse en proyectos de construcción militar, pero aún no se ha transferido dinero para la construcción del muro fronterizo. Gilliam dictaminará sobre esta cuestión de financiamiento en una fecha posterior.
Trump declaró la emergencia nacional después de que él terminó un cierre parcial del gobierno por 35 días —el más largo en la historia estadounidense— sin recibir los miles de millones de financiamiento para el muro que le solicitó al Congreso. Sin embargo, los legisladores sí le concedieron al presidente 1,571 millones para un cerco fronterizo en áreas específicas, pero con la condición de que cualquier cerco nuevo use los diseños ya aprobados en 2017, impidiéndole así a Trump usar el dinero para construir el muro como lo describió hace mucho.
En una nota al pie en el fallo del viernes, Gilliam señaló que estos 1,571 millones de dólares hasta ahora solo se han usado para construir “2.7 kilómetros de cerco”.
“Esta representación tiende a deslegitimar la afirmación de los querellados de que habrá un daño irreparable si los fondos disputados en esta moción no son utilizados de inmediato”, escribió gilliam.
Entonces, ¿qué pasará ahora?
Aun cuando el juez Gilliam estableció el 5 de junio como la fecha para que todas las partes se reúnan y “discutan un plan para resolver sin demora esta cuestión sobre el fondo del asunto, ya sea mediante un juicio sin jurado, contramociones para juicio sumario, u otros medios”, es muy poco probable que esta disputa se encamine a un juicio o acuerdo en el futuro cercano.
Más bien, la cuestión con toda probabilidad está destinada a ser apelada por el Departamento de Justicia, sobre todo porque involucra a un juez de tribunal de distrito declarando lo que es efectivamente un requerimiento de alcance nacional.
De hecho, el presidente trump tuiteó la tarde del sábado durante su visita a Japón que pretende apelar el fallo.
“Otro activista que Obama nombró como juez acaba de fallar en nuestra contra por una sección del Muro Sureño que ya se construye. Este es un fallo contra la seguridad fronteriza y a favor del crimen, las drogas y el tráfico de personas. ¡Estamos solicitando una apelación inmediata!”, escribió el presidente.
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Aun cuando el Departamento de Justicia no ha comentado cuando o si acaso planea presentar una apelación, el fiscal general William Barr ha dejado en claro —en fecha tan reciente como esta semana— que se opone a que los jueces concedan requerimientos de amplio alcance.
Los requerimientos de alcance nacional, dijo Barr el jueves en el Instituto Legal Americano, “han frustrado la política presidencial durante la mayor parte del periodo del presidente sin que haya un final claro a la vista”. Él también acusó a los jueces quienes conceden estos requerimientos de “inyectar a las cortes en el proceso político”.
Dada la actitud de Barr y de la administración hacia lo que ven como extralimitación judicial, hay pocas dudas de que el requerimiento de Gilliam será apelado en el Noveno Circuito, una corte que Trump ha ridiculizado en público previamente por fallar en su contra.
Incluso si el Departamento de Justicia tiene éxito en el nivel de apelación, las organizaciones detrás de la demanda subyacente —La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Sierra Club— han mostrado históricamente pocas reservas con respecto a llevar sus disputas a la Suprema Corte de Estados Unidos.
Ninguna de estas organizaciones ha respondido directamente todavía a las preguntas de Newsweek con respecto a cuán lejos están dispuestas a entablar esta batalla en particular.
Más allá de la apelación, todavía hay cuestiones legales por resolverse si acaso y cuando la administración de Trump intente usar su autoridad de emergencia para pasar fondos adicionales del Pentágono a otras agencias con el propósito de construir el muro.
En una declaración enviada por correo electrónico, Dror Ladin, abogado interno del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, sí señaló: “La corte impidió todos los proyectos de muros programados actualmente para su construcción inmediata. Si la administración empieza ilegalmente a desviar fondos militares adicionales, regresaremos a la corte para impedir también eso”.
Y, de nuevo, si un requerimiento es concedido en esa cuestión, habrá apelaciones, y posiblemente apelaciones de apelaciones hasta que la Suprema Corte decida si quiere involucrarse o no.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
