De todos es conocida la violencia desatada en la ciudad de Natal, en el Nordeste de Brasil, en 2018, y todavía más en Ceará, en 2019, donde al menos 50 de los 184 municipios fueron víctimas de gran violencia en las ciudades y también dentro de las prisiones.
Fortaleza –también en el Nordeste brasileño– es la séptima ciudad más violenta del mundo, con el mayor índice de homicidios de adolescentes del país.
La violencia en Brasil es estructural, consecuencia de la nefasta injusticia social (neutramente llamada «desigualdad»), que perdura desde hace siglos, herencia permanente de la colonización, de la esclavitud y del dominio de las clases oligárquicas sobre el Estado y la sociedad.
Pero adquirió un carácter exponencial en Ceará. Fortaleza se ha convertido en un lugar privilegiado para el meganegocio de la droga y de los delitos asociados a ella. De allí salen muchos vuelos internacionales que facilitan el envío de la droga hacia el exterior.
A fin de conseguir una mayor facilidad para los negocios se desplazaron a Ceará las principales facciones del crimen organizado del Sur, como el CV (Comando Rojo, Vermelho), el PCC (Primer Comando de la Capital), agregándose al GDE (Guardianes del Estado).
Con la coordinación del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CEDH) del Gobierno del Estado, 17 entidades, como la Universidad Federal de Ceará, la Defensoría Pública del Estado, y la Pastoral Carcelaria, entre otras, elaboraron un minucioso «Informe Sistematizado de Denuncias de Violaciones de Derechos en el Sistema Penitenciario de Ceará, enero y febrero de 2019».
El informe, en aras de la objetividad, documenta toda la violencia practicada en las muchas ciudades cearenses, como los incendios de autobuses, ataques a agencias bancarias, escuelas, edificios públicos, fábricas, estaciones de electricidad y hasta a un viaducto, entre otros atentados violentos.
¿Cuál es la razón para este recrudecimiento de la violencia? Se constataba el colapso del sistema penitenciario de Ceará, el hacinamiento, la insalubridad, la violación de los derechos humanos y otras insuficiencias graves. Tal situación provocó revueltas de los presos con represión por parte de los agentes del Estado y muertes.
Para controlar la situación fue convocado un gestor, Luís Mauro Albuquerque, nombrado Secretario de Administración Penitenciaria que se hizo célebre por «pacificar» Río Grande del Norte mediante la adopción de procedimientos, rutinas y prácticas que configuran un tratamiento inhumano y degradante, incluso con torturas a los prisioneros. Llegó a sostener públicamente que los «agentes penitenciarios deben lesionar los dedos de los presos… para que ya no tengan fuerza para coger un cuchillo, ni para empujar a un agente o tirar una piedra». Impuso esta doctrina y los procedimientos que la ponen en práctica. Provocó con ello una revuelta de las facciones criminales. Estas hicieron un pacto ad hocpara, unidas, olvidando por un tiempo sus diferencias, atacar al Estado.
Se entiende así la violencia de sus bandas fuera de la prisión, actuando en las ciudades contra bienes públicos, en una verdadera guerra contra el Estado.
La respuesta del Estado vino mediante la aplicación de la doctrina y los procedimientos de Mauro Albuquerque. El informe del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado relata, por medio de los testimonios de las víctimas en sus audiencias, cómo funcionaban los «procedimientos»: se les retiraban todas las tomas eléctricas, los colchones, se obligaba a los detenidos a dormir en el suelo, «procedimientos» que se realizaban durante todo el día y hasta por la noche. A los detenidos se les obligaba también a permanecer largos períodos sentados con las manos en la cabeza, incluso desnudos, expuestos delante de agentes mujeres, se les lesionaban los dedos y otras torturas.
Como forma de desmantelar esas facciones, el Estado decidió desplazar a los detenidos de las distintas cárceles, sin avisar a sus familias, sin poder llevar nada, ni siquiera medicamentos, a prisiones superpobladas de Fortaleza. Los parientes se desesperaban sin saber dónde estaban sus familiares y sin poder visitarlos.
Sería largo resumir el informe mencionado con sus 15 recomendaciones. Queda claro que el Estado debe retomar el control de las prisiones pero no de modo criminal, violando los derechos humanos. El método de Mauro Albuquerque implica tal violación y al parecer está siendo llevado a otros estados. Aquí se comprueba la tesis del sociólogo Jessé Souza: «no basta con marginar y castigar, se debe humillar y herir la dignidad». Es eso lo que se ha hecho y se está haciendo con los millones de excluidos del pacto social, sin políticas públicas para ellos y relegados a una condición infrahumana.
Debemos estar atentos y rechazar la «doctrina y el procedimiento» de Mauro Albuquerque. Esta estrategia podría generalizarse como política oficial y volverse rutina en todas las prisiones del país. Entonces tendríamos la legitimación oficial de la violencia ya existente contra la persona humana que, incluso detenida, jamás pierde su irrenunciable dignidad. Asumiríamos la barbarie como política oficial. Significaría una total regresión civilizatoria. No nos es lícito, en los días de hoy, llegar a esta decadencia.
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