Con la exoneración de Donald Trump respecto a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo, incluyendo las acusaciones de obstrucción a la justicia, ha comenzado informalmente su campaña electoral para reelegirse en el 2020. Con este motivo también han reiniciado los insultos y amenazas de Washington contra México por su inacción e ineficacia frente al incremento de la migración forzada hacia territorio estadunidense, proveniente de Centroamérica y de otros países de la región. Las primeras decisiones adoptadas por el presidente norteamericano han sido cortar los fondos de ayuda y suspender todo tipo de asistencia para los países del denominado Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. A lo anterior se suma la advertencia de cerrar esta misma semana su frontera sur con México. En la actual coyuntura, es justamente el tema migratorio el más relevante por su impacto internacional y por la relación que guarda respecto a la vigencia de los derechos humanos.
Sobre esta problemática la posición que mantiene el gobierno mexicano es, por decir lo menos, contradictoria. A esta situación contribuyen las posturas cambiantes del presidente López Obrador, que un día sostiene una estrategia y al día siguiente la modifica o la somete a votaciones a mano alzada en sus reuniones propagandísticas, que continua llevando a cabo a lo largo del país. Tal ambigüedad respecto al problema migratorio está representada, de un lado, por la Secretaría de Gobernación que mantiene una posición anodina, pragmática e improvisada, sin visión estratégica alguna y que se ilustra por el lema: “dejar hacer, dejar pasar”; mientras que del otro, aunque no sin dificultades, se empieza a configurar una posición de vanguardia representada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a tono con los acuerdos internacionales, defensora de los derechos de las personas migrantes y bajo la perspectiva del interés nacional.
Es claro que la migración internacional afecta a todos los países en un mundo cada vez más globalizado, lo que implica una eficiente gestión de fronteras, luchar contra la trata de seres humanos y facilitar su retorno. Es un fenómeno complejo relacionado con múltiples variables económicas, sociales y de seguridad que inciden en la vida cotidiana de las naciones. También representa un problema que engloba diversos aspectos que afectan a millones de personas sin importar su condición y origen. El aumento de los desplazamientos ha sido provocado por conflictos, persecuciones, degradación y cambio ambiental, así como por una pronunciada falta de oportunidades y seguridad humana. Lograr un tránsito más seguro y mejor regulado se ha convertido en una prioridad a nivel planetario. La migración irregular es una cuestión política preponderante y un asunto de orden público que posee un lugar entre los desafíos de máxima prioridad para el futuro inmediato.
A medida que aumenta la gravedad del fenómeno se requiere comprenderlo mejor y regularlo de manera más eficaz, teniendo en cuenta sus variaciones geográficas, demográficas y geopolíticas. Es una realidad a la que ningún país puede hacer frente por sí solo y que reclama un reparto de responsabilidades a escala mundial basadas en la cooperación mediante el establecimiento de principios rectores y un marco político multilateral. Por lo tanto, el primer paso para abordar válidamente este reto es acabar con la improvisación, la ineptitud y las ambigüedades de los funcionarios encargados de atender dicha problemática.
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